Dos fechas inician y terminan la línea cronológica del caso Audio. El día de la grabación indiscreta y el día de su difusión. El 22 de junio de 2023 se reunieron pasadas las 11 horas, en la oficina 41A del edificio Alonso, del grupo Patio, Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer. La reunión fue grabada en su celular por la abogada. El martes 14 de noviembre de 2023, Ciper divulgó lo que se discutió ese 22 de junio. Pasaron casi cinco meses entre uno y otro episodio.

La semana pasada, el socio de Sauer en la corredora STF y el factoring Factop, Rodrigo Topelberg, quien quebró con sus ex amigos el año pasado, declaró en tribunales que él fue quien convirtió el audio que le pasó Leonarda Villalobos en un archivo MP3 y empleó un teléfono de prepago y una casilla creada en Reino Unido para enviarlo a Ciper, el Ministerio Público y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en forma anónima. Juan Pablo Hermosilla, hermano y defensor de Luis Hermosilla, no cree en esa confesión. “Yo creo que no fue Rodrigo Topelberg. Está mintiendo. Ya en la investigación hay antecedentes que uno de sus abogados, José Coz, andaba alardeando de que él tenía esta grabación”, dijo días después de que su hermano cayera en prisión preventiva. “Yo creo que lo que está haciendo el señor Topelberg es defender a sus abogados”, profundizó.

Lo mismo creían en noviembre de 2023 en la CMF. El investigador y abogado de la CMF, Carlos Isensee, y el fiscal de la Unidad de Investigaciones (UI), Andrés Montes, declararon entonces que Coz había ofrecido reproducir el audio tan temprano como a mediados de julio. Cuatro meses antes de su difusión. Isensee y Montes declararon en la indagación que realizó el comisionado Beltrán de Ramón -uno de los miembros del Consejo que preside Solange Berstein, órgano superior del organismo- y entregaron una extensa cronología con toda la actuación de la CMF. Y el nombre del abogado José Clemente Coz se repite varias veces.

Carlos Isensee contó que conoció a Coz en 2013, cuando el primero formó parte del equipo acusador de los directores de Farmacias Ahumada y Coz defendió a uno de sus directores, el fallecido Pablo Lamarca. Desde esa época que ambos tienen sus respectivos teléfonos.

“Cerca del 17 de julio el señor José Coz me llamó”, declaró Isensee a De Ramón. El texto que acompañó es más detallado. “Me indicó que su cliente -Rodrigo Topelberg- recibió un audio vía WhatsApp, de una supuesta conversación entre LVM (Leonarda Villalobos), LHO (Luis Hermosilla Osorio) y Daniel Sauer en la que se mencionaban varias irregularidades, entre ellas la emisión de facturas falsas que habría vendido STF o alguna sociedad de ese grupo y supuestos pagos a un funcionario del SII y otro de la CMF”. Isensee le pidió que acompañara el audio ante el fiscal Montes. Coz, dijo Isensee, le respondió que lo evaluaría, porque el abogado penalista de su cliente, Alejandro Awad, le había sugerido no hacerlo, ya que si lo presentaba a la CMF “podría cometer el delito de reproducción de conversaciones o comunicaciones de carácter privado”. Isensee le comentó sobre el audio a su superior, Andrés Montes y, recuerda, le pidió varias veces a Coz que acompañara el registro. Coz no lo hizo. Montes, entonces, decidió citar a Topelberg a declarar. Aquella comparecencia ocurrió una semana después, el 25 de julio.

En la reunión estaban ahora Isensee, Montes, Coz y otros dos funcionarios de la CMF: María Luz Schachtebeck y Nelson Paz. Ese día, el abogado Coz pidió discutir el tema sin la presencia de su cliente y volvió a comentar sobre el audio y su contenido.

“Insté al abogado del Sr. Topelberg reiteradamente a acompañar el audio y se le dieron todas las facilidades (tales como presentar una autodenuncia o bien, a través del sistema de denunciante anónimo), sin embargo señaló que, de acuerdo con lo señalado por sus asesores penales, la entrega del audio era delito”, recordó el propio Andrés Montes en el texto que entregó al comisionado Beltrán de Ramón.

Isensee recordó otra cosa: “José Clemente Coz propuso que escucháramos el audio, pero sin entregarlo, a lo que el fiscal de la UI le dijo que él tenía que entregar el audio a la UI o hacer directamente una denuncia al Ministerio Público”. También recuerda que Coz reveló que Hermosilla y Sauer proponían, en ese audio, “hacer una vaca para pagarle a un funcionario del SII y a otro de la CMF”.

Ese día, luego en el interrogatorio, Topelberg fue consultado si había escuchado sobre algún episodio de falta de probidad o corrupción en la CMF. El socio de Factop y STF dijo que le habían pedido dinero, pero “nunca me han dicho que es para coimas o sobornos. No me han solicitado pagos para personas de la CMF”, reconstruyó Isensee. Montes dijo algo similar: “Durante la diligencia se preguntó reiteradamente sobre su conocimiento de algún acto irregular en la CMF, sobre el pago de coimas a funcionarios públicos y, en especial de la CMF, respondiendo que no tenía conocimiento de alguna irregularidad en la CMF, salvo que la abogada Leonarda Villalobos le había señalado que se había salvado de la formulación de cargos gracias a su intervención, lo que, como equipo investigador, sabíamos que era completamente falso”.

Al final del interrogatorio a Topelberg hubo incluso algunas bromas. Topelberg dijo que Leonarda Villalobos le había pedido dinero para evitar que algo malo pasara. “Yo creo que fue para ella”, dijo Topelberg, según Isensee. Algunos rieron. El funcionario de la CMF se cortó luego con una impresora que estaba rota y Coz comentó: “¿Está filuda? Como se nota que no llegó la plata. Umm, habría impresora nueva”. Isensee complementó que también habría calefacción. Otra vez, algunos rieron, cuenta el escrito del abogado de la CMF, egresado de la Universidad de Chile.

“Como equipo decidimos no proponerle al Consejo que denuncie estos hechos al Ministerio Público”, dice la reconstrucción escrita de Carlos Isensee. Los funcionarios de la CMF detallaron en noviembre de 2023 por qué decidieron no hacerlo. Andrés Montes lo resumió así: no había elementos serios y suficientes para proponer la presentación de una denuncia al Consejo de la CMF. “No había claridad sobre qué denunciar, a quién denunciar y cómo sustentarlo mínimamente”, escribió Montes.

Isensee fue más detallado en las razones para no presentar una denuncia penal: Topelberg había negado la existencia de pagos a funcionarios de la CMF o el SII en su declaración; el propio José Coz había puesto en duda los sobornos -”por cómo lo planteó, me parece que no creía en dichos pagos”, dice Isensee- y no había evidencia del supuesto audio.

Por ello, complementó, si la CMF denunciaba sin pruebas un eventual delito de soborno, se exponía a querellas por imputar de forma calumniosa la existencia de delitos.

Isensee recordó además que Alejandro Awad, el penalista citado por José Coz, que opinaba que era delito la divulgación del audio, había trabajado para la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, hoy CMF, hace una década. Awad y abogados de su oficina, dijo, “nos asesoraron en el marco del caso Cascadas de SQM, entregando una visión penalista y crítica de nuestro proceso sancionatorio”, entre 2013 y 2014. Isensee conocía a Awad de los tiempos universitarios: cuando el primero ingresó a la Universidad de Chile, Awad estaba una generación más arriba.

Y mientras la CMF indagaba a STF y la Fiscalía ya posaba sus ojos sobre Factop, las relaciones entre Topelberg y los hermanos Daniel y Ariel Sauer se quebraban. La grabación del 22 de junio tuvo efectos prácticos un mes después: Topelberg se querelló contra sus amigos de la infancia y sus abogados usaron información del audio, no revelada, en la ampliación de esa acción judicial. Pero antes de eso ya había indicios de distanciamiento. Topelberg también tenía comunicaciones con Hermosilla y el 8 de julio, lo puso en contacto con su nuevo abogado. “Tomé representación con un abogado que también me ayudará con varios temas que tú también estás viendo como las demandas, situación en CMF y otras cosas, y la idea es que vayamos sincronizados y con comunicación abierta para que todos tengamos el resultado más óptimo”, le escribió ese día. Y le acompañó el contacto de José Clemente Coz. Desde entonces, Topelberg no le volvió a escribir al abogado. Pero sí hubo contactos con Coz, al parecer.

Ese mismo día le escribe Daniel Sauer a Hermosilla. “Lucho, lo que quedaron con Coz es no mover la querella 15 días o la bajan por 15 días!”. El abogado le confirma: “No moverla”.

A fines de agosto, en otra conversación, Hermosilla le escribe a su cliente un juicio lapidario: “Mientras más cosas haga Coz, es mejor. Weon loco”.

El lunes 13 de noviembre, el audio llegó al WhatsApp de Isensee a las 14 horas. Estaba almorzando y se percató del mensaje recién a las 14:40. Cuatro minutos después, a las 14:44, lo llamó José Coz y le dijo que había recibido un audio desde un número desconocido y que correspondía al audio que había comentado hace meses. Isensee no se lo dijo, pero infería que el propio Coz estaba detrás de la difusión del audio que gatilló el escándalo que abrió una caja de Pandora de ramificaciones infinitas. Ello porque a quien más beneficiaba la difusión del audio era a su cliente, Rodrigo Topelberg.

“En realidad, creo que el señor Coz me llamó para saber si había recibido el audio y no en realidad para contarme que él lo había recibido, pues creo que él lo envió”, declaró Isensee el 21 de noviembre de 2023.

Isensee llamó a Montes para contarle sobre el audio. “Asumimos que se trataba de un asunto delicado y que podía ser la grabación ilegal anunciada por el abogado del Sr. Topelberg”, testificó Montes, el 23 de noviembre de 2023, solo diez días después. El fiscal de la CMF, quien fue renovado por otros seis años en enero de este año por el Consejo de la CMF, estaba en una reunión en otro edificio. A las 18:31 convocó a una reunión para el día siguiente en la mañana con todos los coordinadores de la unidad. Recién ahí, cuatro meses después de haber tenido las primeras noticias del audio indiscreto, propusieron al Consejo presentar una denuncia al Ministerio Público, lo que se oficializó al día siguiente, el 15 de noviembre. Ya era, sin embargo, tarde: Ciper había divulgado sus aspectos centrales, el audio circulaba ya profusamente en WhatsApp, y la Fiscalía había abierto una investigación de oficio.

Pocos días después de la difusión del audio, ya corría rápidamente la versión de Topelberg y sus abogados como los divulgadores del registro. No negaban haberlo conocido, sino otra cosa. “Desmentimos tajantemente que algún miembro del equipo legal de Rodrigo Topelberg haya comprado o divulgado el audio en cuestión”, dijeron en una declaración firmada como Equipo Legal, sin nombres propios. Sin el nombre de José Clemente Coz -quien no quiso hacer comentarios para este reportaje-, el abogado que comunicó a la CMF sobre la existencia de un audio cuatro meses antes de que estallara el escándalo.