En agosto de 2021, los grupos franceses Vinci Airports y el Grupo ADP, controladores de Nuevo Pudahuel, el concesionario del Aeropuerto de Santiago, presentaron una demanda en contra de la República de Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Las compañías acusaron violaciones al tratado bilateral suscrito entre Chile y Francia de 1992. Ahora, tres años después, el arbitraje entró a su última etapa.

El caso se originó en la pandemia: Vinci y ADP solicitaban al Estado compensaciones para mitigar los bajos ingresos derivados de las medidas sanitarias, con aeropuertos cerrados y movilidad restringida, lo que redujo el tráfico aéreo. Luego de seis meses de negociaciones amistosas, las firmas, que en su conjunto tienen el 85% del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, decidieron llevar el caso al Ciadi, pidiendo una compensación de US$400 millones. Las empresas piden reestablecer el equilibrio económico de la concesión, la que comenzó en 2015 y tiene una duración de 20 años.

En marzo del 2022, siete meses después, se conformó el tribunal de árbitros que revisa la causa. Como presidente del grupo se eligió entre ambas partes al alemán mexicano Claus von Wobeser. Por el lado de los demandantes se nombró al alemán Stephan Schill; y por la República de Chile, la argentina Mónica Pinto. Todos ellos toman causas en inglés, francés y español.

Entre noviembre del 2022 y marzo del 2024 las firmas y el Estado chileno, a través del Programa de Defensa en Arbitrajes ee Inversión Extranjera, presentaron todos los documentos con los antecedentes del caso y sus posturas: demanda, respuesta, réplica y dúplica, cuyos detalles aún no se hicieron públicos, como sí se ha hecho en otros casos tramitados en el Ciadi.

El último avance en el caso fueron las audiencias realizadas en Washington, en las dependencias del Ciadi. Las partes expusieron durante cinco días, desde el lunes 3 de junio al viernes 7 de junio. En total, dice alguien que participó, había más de 40 personas, entre equipos de abogados, testigos, expertos y funcionarios del Ciadi.

La serie de audiencias se desarrollaron en dos idiomas. La defensa de Chile, que eligió llevar a cabo sus alegatos en español, fue iniciada por Johanna Klein, coordinadora del Programa de Defensa en Arbitrajes en Inversión Extranjera. También participaron los abogados del estudio que asesora a Chile, Foley Hoag, liderados por Clara Brillembourg, socia y copresidenta de la práctica en Latinoamérica. Y los abogados del bufete chileno Jana & Gil Dispute Resolution, Andrés Jana y Rodrigo Gil. Todos ellos expusieron en esos cinco días.

Las francesas Vinci Airports y Grupo ADP escogieron realizar sus alegatos en inglés, representados por la estadounidense Freshfields Bruckhaus Deringer, cuyo equipo estuvo encabezado por Nigel Blackaby, el co-director del segmento de América Latina de la oficina de abogados. Quién partió y terminó la exposición fue el chileno Felipe Ossa, del estudio Claro & Cia., que asesora a los inversionistas extranjeros.

Las audiencias coincidieron con el dictamen de la Comisión Arbitral, dado a conocer a fines de mayo, que en Chile determinó que la pandemia alteró los términos del contrato y dio un plazo de seis meses al Ministerio de Obras Públicas para negociar cambios con el demandante a ese acuerdo. El Fisco interpuso un recurso de queja. Ese fallo fue empleado por los demandantes como argumento en el juicio en Washington. La posición de Chile sigue siendo la misma: que el país actuó con apego al derecho internacional y que el marco jurídico local no permite compensaciones en un caso de fuerza mayor, como una pandemia global.

Entre los testigos, los demandantes presentaron, entre otros, a expertos internacionales que calcularon los perjuicios generados a la concesionaria.

Y Chile llevó a dos ex autoridades: el ex ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien manejó la cartera durante el origen del conflicto, y Jorge Jaramillo, jefe de la división jurídica de la Dirección de Obras Públicas entre 2018 y 2022 y hoy abogado del estudio Enrique Barros y Compañía.

Ahora falta solo la presentación de un informe final con las posiciones de ambas partes tras las audiencias, antes de esperar el fallo definitivo. “Las partes están actualmente preparando un Post Hearing Brief que se presentará en el mes de septiembre”, dijeron desde Cancillería. Ya no se podrán presentar nuevas pruebas y evidencias.

La experiencia en casos previos de inversionistas que se han enfrentado a Chile en el Ciadi muestra que el fallo suele tardarse más de un año tras las audiencias. Hasta ahora, Chile acumula siete casos: cuatro concluidos y dos pendientes, más otro que se activó recién este viernes, con el registro del arbitraje que iniciaron los dueños de WOM.

De hecho, en el otro caso pendiente en dicha entidad aún no tiene respuesta: la demanda presentada en abril del 2021 por la compañía colombiana ISA Interconexión Eléctrica, en contra de Chile, por la construcción de una línea de transmisión eléctrica. La empresa, a través de su filial InterChile, presentó demoras en dos de los tres tramos, por lo que se ordenó el cobro de las boletas de garantía. La audiencia de dicho caso se llevó a cabo entre el 19 y 24 de junio del año pasado. Un año después, aún se espera la respuesta del Ciadi.

“Se espera el laudo del Tribunal Ciadi durante el segundo semestre del próximo año”, dijo Cancillería, consultada por Pulso, aunque otros abogados ligados a la causa estiman que podría tardar entre seis meses y un año, dada la jurisprudencia revisada del presidente del tribunal, Claus von Wobeser.

¿Qué sería un fallo desfavorable? “Un laudo desfavorable para Chile sería que el Tribunal ordenara a Chile a pagar una compensación”, dijeron desde el ministerio de Relaciones Exteriores. En ese caso, dice el gobierno, “Chile podría considerar presentar un recurso de anulación ante el mismo Ciadi. Eso abre un nuevo procedimiento que debe ser resuelto por un Comité de anulación de tres miembros, nombrados por la Secretaría General del Ciadi”, explicaron.