El nuevo marco de donaciones: los ejes del proyecto de ley

El actual sistema de donaciones está en entredicho. Desde diversos sectores de la sociedad civil han presionado en los últimos meses para crear un nuevo marco que haga más simple, eficiente y transparente esta institucionalidad.

Por esto, desde el Ministerio de Hacienda están trabajando en un proyecto de ley que se presentará en marzo y que permitiría, justamente, mejorar la legislación actual y promover las donaciones, reforzando el protagonismo de la sociedad civil y la cooperación público-privada. Todo, en un contexto en el que además existe un régimen excepcional de donaciones, producto del estado de catástrofe por el coronavirus. Este período se extiende hasta el 18 de marzo de 2021, aunque puede ser prorrogado por un decreto supremo del Ejecutivo hasta el 18 de marzo de 2022.

Así, desde el sector privado han indicado que urge avanzar en un nuevo sistema.

Desde Hacienda señalan que el nuevo proyecto tiene como objetivos simplificar y democratizar el sistema para donar a organizaciones de la sociedad civil (OSC); eliminar la dispersión regulatoria, ya que hoy hay más de 50 leyes al respecto; elevar los estándares de transparencia y reconocer materias de interés público que hoy no cuentan con incentivos permanentes, como salud y derechos humanos, entre otros. Durante enero se abrió un espacio para consultas con la sociedad civil.

El nuevo texto legal tiene cuatro ejes centrales.

-Se simplificará el acceso al sistema central para las donatarias, centrándolo en el rol social de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Desde Hacienda indican que como criterio general, la incorporación al sistema requerirá una acreditación como institución en vez de la aprobación de proyectos individuales, lo que facilitará los procesos para recibir donaciones y cumplir con la misión de cada OSC.

De todas maneras, las OSC nuevas y las más pequeñas tendrán que presentar proyectos para sumarse al sistema.

-En el proyecto se uniformarán los incentivos tributarios en base a las mejores prácticas internacionales, enfocándose en promover e incentivar los aportes de personas y empresas.

Entre otros aspectos, esta iniciativa considera que la totalidad de las donaciones acogidas a este procedimiento único se encuentren liberadas del trámite de autorización judicial (insinuación); estén exentas del impuesto a las donaciones, y de IVA en el caso en que la donación consista en bienes.

También habrá incentivos especiales respecto al impuesto a la renta de empresas y personas.

-En el nuevo sistema, se digitalizarán todas las actuaciones de los donantes y donatarios mediante el Portal Único de Donaciones (PUD), que disminuirá costos y tiempos de espera, dicen desde el Ejecutivo. Así, por ejemplo, se digitalizarán las solicitudes de incorporación, la entrega de antecedentes, los certificados de donación y las notificaciones.

El PUD mantendrá en forma pública, digital y actualizada, la información sobre las OSC incorporadas al sistema, los reportes de actividades y gestión de las mismas, así como los detalles de los montos recibidos como donación.

-El proyecto de ley planteará crear un sistema único y simple, que promueva la incorporación y además fomente las donaciones.

El texto legal modernizará la orgánica, al unificar la institucionalidad actual en una entidad técnica y colegiada encargada del sistema de donaciones. Esa entidad evaluará y aprobará la incorporación de las OSC al sistema, y excluirá del régimen a aquellas que presenten incumplimientos.

Asimismo, tendrá por misión especial apoyar a las OSC y promover el sistema de donaciones en todo el país, velando por una adecuada desconcentración de las donaciones, puntualizan desde Hacienda. También se reforzará la fiscalización del SII, para asegurar el adecuado uso de la normativa y los recursos.

Habrá un nuevo procedimiento de donaciones, a través de un portal único. Además, los aportes se efectuarán directamente a las OSC, sin necesidad de autorización previa, salvo para las nuevas OSC.

También se incluirán fines y ámbitos relevantes no recogidos en la actualidad, como medioambiente, salud y derechos humanos; y se eliminará la superposición actual de objetivos.