Ricardo Felipe Cerda Becker (43 años) compitió con otras tres personas para asumir el cargo de subfiscal nacional Económico. Con una nota 6,3 y tras ser entrevistado por el actual fiscal Ricardo Riesco, fue nombrado en esa posición el 1 de julio de 2019; llegaba a reemplazar a Mario Ybar.

“Tengo una muy buena opinión de él. Es de un perfil muy técnico, muy profesional”, resume el exjefe de las divisiones Jurídica y de Litigios de la FNE y senior counsel de Aninat Abogados, Cristián Reyes.

Definido por sus pares como de bajo perfil, preocupado por los detalles, más bien serio y cordial, Cerda no es un nombre nuevo en el organismo; está desde hace ocho años, primero a cargo de fusiones y ahora como subfiscal.

Hoy es, de hecho, quien ha relevado al actual fiscal nacional Económico, Ricardo Riesco, en una sería de causas en las que se ha inhabilitado. Puntualmente, ha sido el titular en once procesos entre 2019 y 2021: siete requerimientos y cuatro acuerdos extrajudiciales.

¿Los últimos? Las primeras acusaciones de interlocking en el país desde que partiera la normativa a comienzos de 2017: una contra Hernán Büchi, Banco de Chile, Consorcio y Falabella, por la participación del exministro en los directorios de las tres compañías que -a juicio de la FNE- serían competidoras. Y el segundo contra Juan Hurtado, LarrainVial y Consorcio, por la misma situación. Los nuevos casos han multiplicado las consultas de empresas de diverso tipo a los abogados.

“Este requerimiento por interlocking muestra la diversidad de las acciones de la FNE, enmarcada en nuestra firme decisión de perseguir todas las conductas que sean riesgosas para la libre competencia, más allá de los carteles y de los abusos”, señaló Cerda al anunciar el primero de estos casos.

Abogados de libre competencia coinciden en que la FNE ya le había dado prácticamente más de dos años a las compañías para hacer las modificaciones correspondientes en los directorios. Y que ahora, tras varios ejercicios de investigación, actuaron.

Desde la fiscalía declinaron aportar antecedentes para este reportaje.

No sólo comparte los nombres. La cuna de Felipe Cerda es la misma que la de Felipe Irarrázabal y Ricardo Riesco. El abogado de la Universidad de Chile y Diplomado en Derecho y Política de la Competencia y de Derecho Público Económico de la misma casa de estudios, fue entre 2006 y 2014 abogado asociado senior en el Estudio Philippi Yrarrázaval Pulido & Brunner (hoy Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria [PPU]). En ese instancia alcanzó a trabajar algunos años con Irarrázabal, en el equipo a cargo de los temas de libre competencia. De hecho, Irarrázabal asumió en 2010 como fiscal nacional Económico, y en 2014 llegó Cerda a la FNE. “Felipe tenía una muy buena opinión de él”, señala un abogado. En PPU, también coincidió con Riesco.

Fue nombrado como jefe de la división de Fusiones, en instancias en que las operaciones de concentración eran voluntarias y analizadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Él diseñó la modificación de la normativa de 2016, que traspasó esa responsabilidad a la FNE y le dio el carácter de obligatorio a las consultas si es que sobrepasaban ciertos umbrales de venta. “Le tocó implementar todo el sistema de concentración, siendo el funcionario que más supo de este tema”, rememora un abogado. “Lo vi en los primeros procesos de fusiones y estaba muy preocupada de que funcionara todo bien, que se entendiera bien la guía de procedimiento, que orientara a los agentes económicos. Hizo un trabajo muy profundo”, explica otro abogado.

Tal es así que ha dictado cursos en diplomados realizados por las universidades Adolfo Ibáñez, Finis Terrae y de Los Andes sobre control de operaciones de concentración. Además de tener cursos de colusión y prácticas concertadas en la facultad de Derecho de la Universidad Católica.

Todo este recorrido lo llevó a asumir la subfiscalía de manera interina en agosto de 2018, en reemplazó de Mario Ybar, y en 2019 de manera oficial. Y luego -por mandato legal- a subrogar al fiscal Riesco. “Concibe la función pública con mucha responsabilidad; cero privilegios”, plantea un cercano.

El primer caso que dirigió Cerda fue el requerimiento del organismo contra BCI -en agosto de 2019 y que sigue en curso- por la licitaciones de seguros asociados a créditos hipotecarios, donde -acusó la fiscalía- la compañía excluyó arbitrariamente la oferta que contenía el menor precio para declarar ganadora a una propuesta más costosa, correspondiente a BICE con servicios de corretaje de una filial.

Asimismo, en 2020 llevó adelante los procesos de colusión contra las empresas de helicópteros en el combate de incendios; el requerimiento por incumplimiento de acuerdos establecidos con Nestlé y la causa contra el Canal del Fútbol. E impulsó, acuerdos extrajudiciales con Soprole, Watts y Nestlé.

En 2021, selló el acuerdo extrajudicial entre la FNE, Soprole y Prolesur, e impulsó, al cierre del año y el inicio del 2022, los dos requerimientos por interlocking.

“Felipe Cerda ha hecho una carrera destacada, primero en el sector privado como abogado de libre competencia, lo cual es un muy buen escenario para entender el funcionamiento de los mercados y de las empresas, y luego con más de cinco años en la FNE, donde ha destacado por su profesionalismo e independencia”, complementa el socio a cargo de libre competencia en Prieto Abogados, Benjamín Grebe.

El cargo de subfiscal es administrativo; en líneas generales, no tiene atribuciones en la ley más que subrogar. Tradicionalmente, quien lo ocupaba hacía más bien tareas relacionadas con materias internacionales y coordinación; tal dinámica cambió con Mario Ybar, el segundo de Felipe Irarrázabal. Este último se inhabilitó de varias causas e Ybar -con varios años en la FNE- lo subrogó, involucrándose en los requerimientos. Tal dinámica ha seguido con Cerda. Abogados de libre competencia coinciden en que finalmente la labor del subfiscal depende mucho de cuanto delega en él el fiscal nacional Económico; en este caso, trabajan como dupla con Riesco y tienen una muy buena relación, e incluso este último lo ha hecho parte en varias de las reuniones que le piden, confirman abogados. “No es un mero administrativo”, señalan.

Ello, no obstante -repiten en la plaza local- manteniendo la jerarquía. Quien decide finalmente es Ricardo Riesco. “He visto a funcionarios llegar con una conclusión A, y él estima que es B, y todo el análisis de nuevo”, destaca un abogado. Cerda tiene hoy las mismas facultades que el fiscal titular sólo en las investigaciones que dirige.

Ha pasado un poco más de diez días del primer requerimiento por interlocking que interpuso la Fiscalía Nacional Económica. Acusó a Hernán Büchi, Banco de Chile, Consorcio y Falabella por la participación simultánea del exministro en los directorios de las tres “empresas competidoras”, según la fiscalía. Días después vendría un recurso similar sobre Juan Hurtado, Consorcio y LarrainVial. Y las empresas comenzaron a actuar. Hoy, existe un gran movimiento de compañías pidiendo la revisión de sus gobiernos corporativos.

El socio a cargo de libre competencia en Prieto Abogados, Benjamín Greve, explica que cuando se aprobó la normativa en 2017, casi todas las empresas hicieron una revisión de sus directorios, solucionando los casos más evidentes. Sin embargo, la norma de prohibición de interlocking presentaba dudas de interpretación que no podían ser resueltas con certeza, sin tener precedentes de parte del TDLC o acciones concretas de la FNE. “Ahora, efectivamente existe un resurgimiento en la preocupación por los Programas de Cumplimiento de Libre Competencia y en revisiones para prevenir riesgos”, señala.

De hecho, un abogado explica que el fallo del Tribunal puede durar dos años, tiempo excesivo para realizar los cambios, por lo que están actuando ahora. “No sólo hay consultas, sino solicitudes concretas de compliance al gobierno corporativo de las empresas, a los organigramas, etc.”, complementa el senior counsel de Aninat Abogados, Cristián Reyes. “Las compañías están muy preocupadas. No están acostumbradas a esta figura, y están pidiendo prácticamente auditorías de libre competencia a toda su estructura”, complementa otro abogado.