El que da y quita...

En la columna anterior me referí al fallo de la Corte Suprema que ordenaba a tres empresas de telecomunicaciones, devolver parte del espectro radioeléctrico (banda 700 MHz), generándose una peligrosa sombra para el prestigio y estabilidad del régimen de concesiones de nuestro país.

Esta semana conocimos un nuevo e importante remezón en las concesiones de la telefonía móvil, pero ahora, relacionado con una resolución de la Subtel. Esta autoridad, sin decir "agua va", decretó congelar otra porción del espectro de telecomunicaciones (banda 3,5 GHz), que es básico para el desarrollo de la futura red móvil de alta velocidad.

Tal vez usted podría válidamente no interesarse en estos temas, pensando que son técnicos y aburridos. Pero cuidado… porque si estas medidas extremas no son realizadas respetando la ley, la credibilidad de nuestras autoridades y la estabilidad de nuestra economía, pueden verse seriamente dañadas.

Las concesiones son uno de los pilares esenciales para el crecimiento del país, porque permiten incentivar inversiones privadas en el desarrollo de bienes de uso público (espectro de telecomunicaciones), que de otra forma el Estado no podría realizar, por carecer de los recursos.

Una vez otorgada una concesión a través de una licitación, se generan derechos para el beneficiario que el Estado debe supervisar, pero también -y con igual celo- respetar, mientras no existan infracciones que demuestren un grave incumplimiento a las condiciones de la licitación.

Los afectados presentaron un recurso de protección alegando que la medida fue ilegal y arbitraria, porque la Subtel no era competente; porque no se siguió el procedimiento correcto, y porque el único mecanismo válido para modificar una concesión de telecomunicaciones es un Decreto Supremo con toma de razón de la Contraloría, y no una resolución unilateral de la Subtel, que carecería de fundamentos.

La Subtel manifestó que su resolución se apoyaba en un informe que mostraba que el espectro asignado, estaba "en desuso" o explotado comercialmente "de manera irregular", y que el congelamiento se justificaba, porque el espectro radioeléctrico era un bien público escaso y, como tal, debía asignarse en forma eficiente, para "el beneficio de todos los chilenos". Imagino que nadie podría negarse a intentar beneficiar a todos; pero, como el cementerio está plagado de buenas intenciones, el tema pasa por saber si la Subtel cumplió con el debido proceso y con los presupuestos para una medida de esta envergadura.

Las autoridades del Estado no pueden hacer lo que se les dé la gana, sino sólo aquello que está autorizado por la ley. Poco antes de todo esto, la ministra del ramo dijo que estaba priorizando el área de transportes. Espero que con este cambio de escenario no se descubra que la decisión fue apresurada y abusiva, porque quitar derechos por los que se ha pagado e invertido nunca sale gratis, ni aún a costa de priorizar el Transantiago por sobre la inversión en telefonía.