Elusión y arbitrariedad fiscalizadora

Un péndulo, así podríamos describir el debate tributario iniciado en 2014 y que hoy nos tiene frente a un proyecto que busca corregir -modernizar- parte importante de su contenido. Un péndulo porque el proyecto de 2014 fue claramente una reacción, una respuesta (enérgica) a lo que se percibía como una cultura tributaria en que la elusión se encontraba normalizada; donde no parecía haber reproche moral entre quienes incurrían en tales prácticas; y en donde el concierto internacional (liderado por la Ocde) apuntaba a cerrar más y más brechas de elusión y masificar en todo el globo la transparencia e intercambio de información tributaria.

Ese ímpetu tenía base. No tanto por la audacia y aplanamiento moral de los asesores tributarios, sino porque el sistema mismo estaba diseñado casi como si el legislador invitara a aprovecharse de espacios elusivos (beneficio de la reinversión, retiros en exceso, etc.). Y entonces se quiso decir "basta".

Ese "basta" implicó no sólo las reformas más obvias que podían imaginarse (Norma General Antielusión y nuevas facultades para el SII, junto con la firma de algunos tratados internacionales), sino que además -y aquí vino de vuelta el péndulo- derivó en prácticas de fiscalización sorprendentemente arbitrarias, o en el mejor de los casos, insensibles a las más elementales explicaciones de negocios o económicas que los contribuyentes intentaban proporcionar.

Sería, naturalmente, injusto generalizar; pero hubo suficiente cantidad de casos para que el mercado percibiera -con o sin razón, pero es lo que está en el ambiente- que el SII, e incluso los tribunales (a juzgar por las apabullantes estadísticas de decisiones favorables al Fisco), estaba convertido en un leviatán que no veía ni escuchaba y apenas hablaba, cuando no estaba ocupado dando mazazos.

Y entonces el péndulo vuelve a oscilar para darse cuenta que no hay que ser experto tributario y basta con leer el mensaje presidencial. Algunas medidas son difíciles de objetar-como la ampliación del catálogo de derechos del contribuyente-, pero otras han suscitado enorme controversia, siendo percibidas por las asociaciones gremiales del SII como un verdadero intento de dejar a la institución "sin dientes".

Entre tales medidas se encuentran las nuevas normas de gasto tributario (que flexibilizan notablemente lo que hoy es una de las puntas de lanza del esfuerzo fiscalizador), las limitaciones a la fiscalización de pérdidas y créditos fiscales (percibidas por el SII como una verdadera bofetada a los criterios y conquistas históricas de la institución), las modificaciones a la NGA (que los más críticos interpretan como una vuelta al antiguo formalismo) y la creación de la Defensoría del Contribuyente.

Tales críticas se ventilarán en el Parlamento. Sea como fuere el resultado, lo que todos esperamos es que el péndulo deje de oscilar, y que la ley que quede surja no como reacción a lo que no nos gusta (mucha elusión, por un lado, mucha arbitrariedad funcionaria, por el otro), sino como un esfuerzo racional en pos de una política fiscal equilibrada y de largo plazo.

Para ello será fundamental que nuestros representantes se escuchen entre ellos y escuchen también a los involucrados: funcionarios del SII y sus dirigentes; al mundo emprendedor (pymes); sus dirigentes y asesores, y a la ciudadanía.