Exministros de Medio Ambiente se dividen frente a nuevo fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta sobre Dominga

Un nuevo capítulo de enfrentamiento entre el Primer Tribunal Ambiental (1TA) y el Comité de Ministros se sumó en la larga y tortuosa tramitación del polémico proyecto minero-portuario Dominga.

Este lunes, la instancia judicial especializada ordenó que la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en su calidad de secretaría técnica del Comité de Ministros, dicte un acto complementario al emitido el pasado 8 de enero, y que lo haga “ajustándose a lo establecido en esta resolución, dentro del plazo de décimo día, contando desde que esta resolución quede firme y ejecutoriada”.

La orden del 1TA llegó tras acoger parcialmente la excepción de pago presentada por el Comité de Ministros, donde se tuvo por cumplida la sentencia del 9 de diciembre de 2024 sólo en aquella parte que rechazó las reclamaciones PAC (instancia de participación ciudadana) e incorporó dos compromisos ambientales voluntarios, pero modificó el acto administrativo en sus puntos centrales, donde se acogían observaciones de Conaf por afectación a la flora y se establecía la insuficiencia de los Planes de Contingencia y Emergencia, tanto para derrame de hidrocarburos como de vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo.

Según el razonamiento del tribunal especializado, con dichos aspectos resolutivos el Comité de Ministros “incumple” la sentencia del 9 de diciembre, que revivió a la polémica iniciativa impulsada por Andes Iron.

Sin embargo, la discusión entre expertos en la materia parece estar lejos de terminar. Para el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien ejerció el cargo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, “el sentido común habría dicho que se dejara que la Corte Suprema dirimiera esta contienda entre el Tribunal Ambiental y el Comité de Ministros. Sin embargo, el Tribunal Ambiental insistió en que se fallara nuevamente, y en este contexto, con toda seguridad el Servicio de Evaluación Ambiental va a casar esta decisión también”.

Según Mena “esto va a nuevamente ser judicializado con toda seguridad, porque pareciera ser que el único resultado que le interesa al Tribunal Ambiental es un resultado de aprobación, pero así no funciona la institucionalidad ambiental, porque para eso existen las autoridades ambientales y es el poder indelegable que tiene el Ejecutivo, y no en este caso el Tribunal Ambiental”.

En esa línea, plantea que el nuevo pronunciamiento “sin duda está tratando de limitar el ámbito de su decisión (Comité de Ministros), a tal punto que el único resultado que pareciera ser que satisface es la aprobación del proyecto, y por tanto me parece una intervención indebida con respecto a lo que debe tener un Comité de Ministros, que es la autonomía de decidir, como ha dicho la Corte Suprema, con plenas facultades en muchos ámbitos”.

Agrega que, “en ese contexto, el hecho de que se haya limitado a la cosa juzgada (...) y que no se pueda tomar ningún argumento nuevo, solamente significa que el único escenario que podría aceptar el Tribunal Ambiental es la aprobación (de Dominga), y eso no corresponde, pues se limita en sus facultades al Comité de Ministros. Es absurdo que solamente se sesiones para poder aprobar un proyecto”. Y subrayó que, en la práctica “el Tribunal Ambiental obliga al Comité de Ministros a ignorar lo que pregunta la ciudadanía en su reclamación”.

Por su parte, Javier Naranjo, exministro de Medio Ambiente durante la segunda administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera -quien estuvo en la propiedad de Minera Activa, la primera dueña del proyecto Dominga- remarcó que “este fallo del Tribunal Ambiental viene en ratificar aquello que, personalmente, yo ya lo había dicho y otros también, y es que el rechazo del Comité de Ministros no tenía ningún sentido”.

En esa línea, afirma que “claramente era poco serio” que la instancia ministerial rechazara el proyecto “cuando el Tribunal Ambiental había dicho claramente el contexto y cómo debía resolver el Comité de Ministros”.

Ello, pese a que el artículo 30 de la Ley 20.600 que regula a los Tribunales Ambientales, señala explícitamente que el órgano judicial no tiene la facultad de sustituir un acto administrativo. Consultado sobre esto, Naranjo desestima que el 1TA esté ordenando aprobar, sino que resuelva con apego a la legalidad.

“Hay una cuestión que se llama principio de congruencia, y es que la discusión comenzó el día uno de una manera, y si yo resolví el recurso de una manera, y tú tienes que mantener esa discusión porque es lo que tú mismo señalaste, y no cambiarlo a tu favor, que es lo que habría hecho el Comité de Ministros ahora último. En estricto rigor, yo por lo menos no veo tan simple o tan fácil decir ‘es que usted me está diciendo lo que tengo que hacer’”, afirma.

“Lo que le corresponde al Comité de Ministros es resolver conforme a derecho, y no inventar cuestiones para poder buscar aquello que le guste a alguien o no”, subraya.

Naranjo admite que, desde una visión política, “parece ser que es el gobierno quien politiza el caso Dominga, desde cuando el Presidente en campaña sale a decir No a Dominga en un acto público. Él amarra a su gobierno a rechazar un proyecto, y no es que el tribunal te esté obligando a aprobarlo, el tribunal te está diciendo, haz lo que tengas que hacer, pero no vuelvas a insistir en aquellas cosas que te he dicho varias veces que son ilegales”.