Expertos alertan por eventual responsabilidad civil y patrimonial del Estado en el caso del INE

Un escenario que podría complicarse para los organismos del Estado es el que ven algunos abogados expertos penales, a raíz de caso de manipulación de datos en el INE que afectó al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esto, dada la importancia que tiene para diversos estamentos -desde el mercado hasta los contribuyentes, consumidores y otros- el cálculo del IPC, lo que abre espacio para una judicialización no solo de la responsabilidad de los involucrados directos en el ilícito, sino también respecto de la responsabilidad civil de los organismos del Estado.

"El tema del INE es particularmente delicado, porque es bien sabido que la información que entrega al público es de carácter oficial y no solo tiene una función informativa, sino que se utiliza en el mercado, en políticas financieras y políticas públicas. Un punto es la UF, los créditos hipotecarios, pero también la UTM, que sirve como factor para el pago de tributos, y se utilizó para eso el IPC calculado por el INE. Es un tema bastante delicado", explica el socio de Guerrero Olivos, Eduardo Cordero.

¿Demandas contra el Estado? Según Cordero, hay varias aristas, como la responsabilidad administrativa que pueda determinar Contraloría, la responsabilidad penal, en manos del Ministerio Público, y la responsabilidad civil o patrimonial.

"Ojo, hay que probar el perjuicio. En ese caso se puede presentar una demanda contra primero el INE, que tiene responsabilidad jurídica, pero también eventualmente contra el Estado", añade el experto.

Felipe Barruel, socio de Barruel & Borzutzky, agrega otro punto: que eventualmente se presenten demandas colectivas.

"Pero eso habrá que verlo con mesura, porque aún no se fija un punto preciso de qué es lo que ocurrió y cómo ello pudo generar un real impacto a los consumidores", enfatiza, y agrega que, por todo ello, "debido al impacto general del sistema, veo una nebulosa jurídica en contra de quien puede presentar una demanda".

Álvaro Mendoza, de Aylwin Mendoza Luksic & Valencia plantea que, además del daño evidente en términos de la reputación del INE, es necesario primero esperar lo que pasará con la investigación interna.

"Salvo el contenido de la declaración pública que, insisto, habla de manipulación, nada se sabe sobre el alcance, responsables y período de tiempo involucrado en esa eventual manipulación, de modo tal que es absolutamente prematuro responder una pregunta como esta", indica al ser consultado sobre a quién estarían dirigidas eventuales demandas civiles.