Expertos ponen paños fríos a mayores ingresos fiscales de enero e insisten en necesidad de que Hacienda ajuste el gasto en 2025

El año será complejo para las cuentas fiscales del país. Es que el cierre que tuvo el gobierno en 2024, donde el balance fiscal estructural fue de -3,2% del PIB, en lugar de -1,9%, prendió las alertas de los expertos y del propio Consejo Fiscal Autónomo (CFA). De hecho, hace unas semanas el CFA recomendó a Hacienda realizar un ajuste en el gasto público adicional a los US$635 millones que ya recortó en el trámite del Presupuesto 2025, de al menos US$1.554 millones, si es que quiere cumplir con la meta fijada en el decreto fiscal, de cerrar el año con un déficit estructural de 1,1%.

Por eso era importante saber cómo iba a comenzar el año en cuanto a los ingresos y gastos, lo que se reveló en el Informe de Ejecución publicada el lunes por la Dirección de Presupuestos (Dipres). De acuerdo a él, los ingresos aumentaron 9,6% anual en enero. Esta alza estuvo alimentada por los ingresos tributarios que tuvieron una expansión de 16,4% anual, empujados por la tributación de la minería privada que se incrementó 31,6%. Pero también estuvo presente un factor transitorio que se vio reflejado en el impuesto a la renta que avanzó 48%. Así lo detalló la propia Dipres: “Parte del incremento se explica por el último mes de recaudación del impuesto sustitutivo de impuestos finales (ISIF), que impacta en renta declaración y pago mensual. En particular, la recaudación total del ISIF ascendió a $688.762 millones”.

El impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF), es un tributo sustitutivo especial de los impuestos finales de la Ley sobre Impuesto a la Renta (Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional, según corresponda) que se creó para financiar el Fondo de Emergencia Transitorio y para la reconstrucción del incendio de Viña del Mar. Este comenzó a regir el 1 de julio y que estuvo vigente hasta el 31 de enero de 2025.

El resto de los ingresos tributarios se contrajeron 31,5% anual. En ello incidió la caída en el impuesto a los combustibles de 28,7% anual, producto del funcionamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), que en el mes de enero redujo las tasas de impuesto para mitigar las alzas de la gasolina y el petróleo diésel.

Por el lado del gasto, en tanto, en enero este aumentó 11,8%, explicado por el incremento del gasto corriente y del gasto de capital.

Si bien en una primera lectura el mayor crecimiento de los ingresos del mes pasado fue algo positivo, lo cierto es que buena medida dicha alza provino de factores transitorios, ante lo cual la perspectiva de los expertos sobre la necesidad de que Hacienda realice un ajuste extra en el gasto, de al menos US$1.500 millones, tal como lo recomendó el CFA, se mantiene intacta.

Macarena García, economista de Libertad y Desarrollo (LyD), afirma que “si bien puede ser una buena noticia para la sostenibilidad fiscal su elevado aumento (de los ingresos) de 9,6%, hay que distinguir cuáles de estos aumentos son transitorios y cuáles permanentes”. En ese aspecto puntualiza que “de la información conocida, el aumento sería más bien transitorio, ya que el alza del IVA declarado sería coherente con el dinamismo del comercio, el cual puede ser más bien un crecimiento transitorio por efectos estacionales de turistas y exportaciones de frutas que no se repetirán en los próximos meses y una parte importante del aumento del impuesto a la renta no minera se debe al pago por el impuesto sustitutivo”.

Por esta razón, la experta mantiene sus dudas “respecto de la capacidad (del gobierno) de generar los ingresos comprometidos recurriendo a las fuentes tradicionales de financiamiento”. Es más, García afirma que “si a los ingresos de enero se le descuentan los recursos que ingresaron de manera transitoria, el neto habría sido de una caída del orden de 1%”.

Un visión similar entrega el economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, quien sostiene que “el alza anual en términos reales de 9,6% de los ingresos totales es positivo. Sin embargo, al descontar los ingresos transitorios sustitutivos, implicaría una caída marginal en términos reales del 1,1%”.

La exdirectora de Presupuestos y actual académica del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, Cristina Torres, subraya que “el total del incremento se explica por las medidas transitorias, las que no olvidemos tenían un fin puntual, que era contribuir al financiamiento de la reconstrucción de los incendios en la Región de Valparaíso. Sin embargo, se están destinando a financiar gasto corriente, quedando al debe el apoyo al fin originario”.

Otro factor que hace dudar a los expertos de que los ingresos vayan a subir 8,6% en 2025 como lo proyecta Hacienda, es el hecho de que dentro de esa estimación se tiene como supuesto que la implementación de la ley de cumplimiento tributario recaude US$1.500 millones. Ese previsión es considerada optimista por los economistas, puesto que no existe ninguna certeza de que vaya a ser así.

“Existe una alta probabilidad de que la ley de cumplimiento tributario no recaude lo que está contemplado en el Presupuesto. No hay antecedentes duros que sustenten la recaudación esperada de 1,4% del PIB, situación que ha llevado a que esta cifra sea altamente cuestionada, incluso por el FMI, que estima que recaudaría solo cerca de 0,5% del PIB”, señala el economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas.

Un juicio parecido entrega el economista de Bci, Antonio Moncado, quien asegura que “vemos que ese escenario sigue siendo improbable pese a la implementación de la ley de cumplimiento tributario. Para este año, esa ley consideraba una recaudación de 0,7% del PIB, escenario que es optimista”.

Según informó la Dipres, en enero el gasto público aumentó 11,8%. Frente a esto, los expertos consideran que el ajuste fiscal que debe hacer Hacienda debería comenzar pronto. “El año debió comenzar con la implementación del ajuste fiscal comprometido en sede legislativa y que se publicó en el último IFP. Sin embargo, las cifras conocidas no se condicen con ello. El desafío no es menor y se esperan señales tempranas de ajuste”, comenta Torres.

Rojas agrega que “el ajuste de 0,5% del PIB que sugirió el CFA es lo mínimo que debería hacer el gobierno para retomar la meta estructural del 2025, aunque es altamente probable que requiera un recorte mayor, ya que las proyecciones de ingresos podrían modificarse hacia abajo como ha sido la tendencia en los últimos años. Esto podría ocurrir tanto por las mejoras que efectuará la Dipres en sus estimaciones de ingresos, como por la menor recaudación que se estima podría dejar la ley de cumplimiento tributario”. Rojas argumenta que “el ajuste debiera ser por lo menos de 1 punto del PIB”.

Y para Moncado “es necesaria una moderación sustancial del gasto para cumplir con los objetivos de déficit efectivo compatibles con la meta de déficit estructural definida por el gobierno. Nuestras estimaciones apuntan a un ajuste que debería ser mayor al comprometido para este año en la discusión presupuestaria”.