Felipe Larraín: "El financiamiento provendrá de fondos generales de la nación (...). No es necesaria otra reforma tributaria"

La reforma de pensiones tendrá una larga discusión en el Congreso. El escenario base que maneja el gobierno considera todo 2019, por lo que desde ya se anticipa un debate áspero, aunque el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, espera lograr acuerdos con quienes estén dispuestos a aportar en el debate y no a aportillar. "Hay grupos de oposición que han estado dispuestos al diálogo. Por ejemplo, en la Ley de Bancos llegamos a un acuerdo amplio con la DC, PR y sectores importantes del PPD, y los regionalistas", comenta, enviando un guiño a esos sectores de la ex Nueva Mayoría.

En lo netamente técnico, el secretario de Estado asegura que la reforma está financiada en su totalidad y que para ello recurrirán a los fondos generales del Fisco, descartando la necesidad de una nueva reforma tributaria para aumentar la carga impositiva. Asimismo, descartó el cálculo que hizo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, sobre el impacto en el empleo de 60 mil puestos de trabajo.

El gobierno señaló que el costo total de la reforma previsional será de US$ 3.500 millones, sin embargo, hay dudas respecto de su financiamiento. ¿Cómo serán financiados?

-Esta es la mayor reforma que se ha hecho en términos de costo fiscal en casi cuatro décadas. Representará US$ 3.500 millones en régimen, mientras que la de 2008 -que fue importante- es de US$ 3 mil millones. Es la primera vez que se toca la tasa de cotización en 37 años. Y es lejos la de mayor costo fiscal del programa de gobierno. Para financiarla estamos reduciendo el déficit fiscal de 2019 en un 1% y reduciendo el crecimiento del gasto fiscal.

Y en ese sentido, ¿ese costo está totalmente financiado?

-La reforma está financiada. Para eso hicimos medidas de contención de gasto -incomprendidas por algunos-, pero que permitirán que esta iniciativa sea factible. El mayor uso de recursos se destinará al pilar solidario, aporte a clase media, aporte mujer, aporte de incentivo de permanencia y cotizaciones de los empleados públicos. Pero también tenemos menores ingresos fiscales por el menor pago de impuestos de las empresas. Este es un tremendo avance. Estamos presentando este proyecto al comienzo de este gobierno, porque queremos aprobarlo y no al final del período. Por eso no es un proyecto testimonial, sino que algo de primer orden.

Usted señaló que el financiamiento vendrá de las holguras fiscales, ¿cuánto son esas holguras? ¿Qué pasa si no se dan esas holguras?

-El financiamiento provendrá de fondos generales de la nación. Nosotros hicimos este proyecto mirando las holguras de las cuales disponíamos de la programación financiera que proyectamos en el informe de finanzas públicas y proyecciones responsables para más adelante. Las holguras están identificadas en el Informe de Finanzas Públicas que se envió al Congreso junto con la Ley de Presupuestos.

¿Cuántos recursos significan las holguras fiscales?

-La totalidad del costo del proyecto sale de holguras fiscales futuras. Es decir, los cerca de US$ 3.500 millones de costo en 10 años salen de ahí. Hay que mencionar que la ley considera una gradualidad en su implementación, de modo que el costo en régimen se alcanza solo 10 años después de aprobada la ley.

¿Qué pasa si esas holguras no se materializan?

-No estamos usando todas las holguras, pero sí una parte muy significativa de ellas, especialmente en nuestro gobierno. Esta es una forma responsable de financiarlo. Aquí hay una decisión política del Presidente Piñera de utilizar buena parte de los recursos fiscales de que dispondría en futuros presupuestos en mejorarles las pensiones a los chilenos.

Pero considerando las perspectivas económicas, ¿se descarta que dentro de la discusión tributaria en marcha se pueda aumentar la carga tributaria?

-La modernización tributaria contribuye en régimen algo más de US$ 400 millones anuales, y sin considerar su efecto en recaudación a través del mayor crecimiento que generará. No es necesaria otra reforma tributaria para financiar esta reforma de pensiones, vamos a financiarla con los recursos de las holguras que dispone nuestro país. Esto es, lo vamos a generar con rentas generales de la nación, que es la forma progresiva de hacerlo, porque los que tienen más contribuyen más. No les pedimos a los trabajadores que financien solos la reforma.

El exministro de Hacienda Rodrigo Valdés dijo el miércoles que "es sorprendente la cantidad de plata fiscal que se pone en la reforma" y que "cuando uno pone US$ 3.500 millones, parte con bastante ventaja en una discusión política". ¿Las holguras con que se financiará son sostenibles en el tiempo? Esto, considerando que varios economistas dicen que habrá una recesión en los próximos años.

-Esta es una forma responsable y necesaria de usar los recursos futuros para solucionar un problema del que no podemos desentendernos y que no se había atendido. No podemos usar el argumento de una eventual recesión para no hacer nada.

En cuanto a los efectos en el empleo, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, dijo que el impacto será de 60 mil puestos de trabajo en régimen, ¿comparte esa proyección?

-Partamos por lo esencial. Este proyecto tiene como objetivo mejorar las pensiones de las personas, pero también debemos cuidar dos cosas: efectos en el mercado laboral y la responsabilidad fiscal. Este es un delicado equilibrio entre necesidad y responsabilidad.

¿Y cómo se mitiga el efecto en el empleo?

-Una mitigación es que, al ir los cuatro puntos a las cuentas individuales, esto hace que tenga menos carácter de impuesto al trabajo, porque la gente lo ve como un beneficio. Y el segundo efecto es la gradualidad, que da la posibilidad al mercado laboral de adaptarse y de que se mitiguen los efectos en el empleo, porque el aumento de los cuatro puntos de cotización ocurre de a poco, en ocho a nueve años. No quiero decir que no va a tener efecto alguno en el empleo, pero, a través de la gradualidad, lo vamos a mitigar.

¿Pero serán los 60 mil que proyectó la cúpula empresarial?

-Esos 60.000 empleos menos serían solo debido al aumento de cotización, pero el gobierno está haciendo otras reformas, como la sala cuna universal, el teletrabajo, el estatuto laboral para estudiantes, la modernización tributaria, etc. Todas estas reformas tendrán un impacto positivo en el empleo. Al final, lo que importa es el impacto neto sobre el empleo, que estimamos será positivo.

Algunos expertos han criticado la excesiva gradualidad de la reforma, ya que el problema de las pensiones es urgente, ¿qué responde?

-La reforma tiene varias partes e incluye varias medidas que tienen efectos que son inmediatos una vez aprobada, como, por ejemplo, el efecto del aumento de 10% en el pilar solidario el primer año y después sigue aumentando cada año según tramo de edad. También se aumenta el tope de la pensión con aporte solidario (PMAS $ 317 mil) en 15%. Y ese aumento hace que se incorporen más personas del 60% más pobre de la población, que antes estaban fuera porque tenían pensiones sobre la PMAS. Eso es inmediato. Luego viene la gradualidad en el alza de 4% en la cotización individual.

¿Y hay otros beneficios de corto plazo?

-Hay otros beneficios que son inmediatos, más allá del pilar solidario. Uno de ellos son los beneficios a la clase media (Aporte Adicional Clase Media) para gente que está cerca de la edad de jubilarse, actuales y futuros pensionados, y que tienen pensiones inferiores a 25 UF (unos $ 685 mil). Además, se establece un seguro de lagunas previsionales en beneficio de trabajadores cesantes, financiado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. También para quienes posterguen la edad de pensión de vejez más allá de la edad legal, podrán retirar el 50% de la diferencia entre el capital que tengan acumulado a la fecha efectiva de pensión y el capital necesario para financiar, en ese mismo momento, la pensión de vejez que habrían obtenido a la edad legal. El derecho a este retiro se generará al cumplimiento de cada año de edad (el día del cumpleaños) y se mantendrá hasta la fecha efectiva de pensión. Otros temas apuntan a equiparar las pensiones de sobrevivencia entre cónyuge y conviviente civil; perfeccionar la fórmula de cálculo del ingreso base de los trabajadores con menos de 10 años de afiliación al sistema.

¿Por qué no se tomó en cuenta la opción de aumentar la edad de jubilar?

-Se privilegió el respeto a la voluntad de las personas. Hay muchas personas que hoy ya no se están jubilando pese a tener la edad y siguen trabajando y contribuyendo a su ahorro previsional. El sistema chileno tiene mayor flexibilidad que los antiguos sistemas de reparto que dependen mucho de parámetros como la edad legal de retiro. El sistema de pensiones chileno tiene una mayor flexibilidad, que le da opciones al trabajador, que le permiten escoger más fácilmente cuándo jubilarse de acuerdo a sus capacidades y necesidades.

En el ámbito político, ¿cuál es la sensación que tiene de cara a la discusión?

-La próxima semana el proyecto de ley ingresará al Congreso. Nuestro escenario base es que la iniciativa se tramitará durante 2019, ya que entendemos que no será una tramitación inmediata, porque es un proyecto extenso, que requiere análisis. En ese sentido estamos disponibles para las buenas ideas, para mejorar el proyecto y escuchar a quienes quieren negociar y buscar acuerdos.

¿La opción de separar el proyecto en dos estará sobre la mesa?

-No nos parece. Este es un proyecto integral. No podemos decir, por ejemplo, vamos a tramitar de manera rápida el fortalecimiento del pilar solidario y después nos dedicamos al resto, porque eso es equivalente a decir que el resto no se tramitará nunca. No podemos dejar esperando ni a los más necesitados ni a la clase media.

¿El gobierno, en la discusión legislativa, podría abrir la opción de que otras entidades distintas a las AFP (las mismas que pueden administrar el 4%) puedan entrar a competir por el 10%? Desde RN y la oposición ya están pidiendo que se estudie esa alternativa, ¿qué dice el gobierno al respecto?

-El proyecto reduce las barreras a la entrada a la administración de ahorros para pensión. Es decir, estamos facilitando la entrada al negocio de administrar la cotización del 10% bajo el esquema existente y también a la administración del 4% adicional bajo un régimen de inversiones más flexible.

El resultado esperado es que existan nuevas empresas de administración de fondos de pensiones, nuevas AFP y nuevas Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión.

Una nueva empresa en la industria podría tener ambas: una AFP y una Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión.

En esa nueva empresa la AFP y la Administradoras de Ahorro Complementario para Pensión tendrían que ser una filial de giro exclusivo, pero tendrían muchas facilidades para reducir costos y ser competitivas con los actores existentes.

Otro de los planteamientos que podrían surgir desde la oposición es subir al 5% la cotización, ¿lo ve negociable?

-Vamos a esperar primero lo que nos propone la oposición. Estamos recién empezando a conversar y estamos dispuestos a dialogar con todos los que quieran aportar, pero nos damos cuenta de los que solo quieren aportillar. Hay grupos de oposición que han estado dispuestos al diálogo. Por ejemplo, en La ley de Bancos llegamos a un acuerdo amplio con la DC, PR y sectores importantes del PPD, además de regionalistas e independientes.

¿Con ellos buscarán acuerdo?

-Estamos abiertos a conversar con todos.

¿Cuál es el incentivo para que las personas puedan optar por otra administradora para la cotización adicional del 4%, si hay que pagar una nueva comisión?

-Esperamos que haya mucha competencia para administrar ese 4% adicional. El proyecto de ley abrirá el mercado para que entidades como las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y crédito, las administradoras generales de fondos y las compañías de seguro ingresen al mercado. Para poder hacerlo, estas entidades deberán establecer filiales con giro exclusivo de administración de fondos de pensiones.

¿Habrá alguna entidad estatal que pueda ingresar para competir por ese 4% extra de cotización?

-Existe esa posibilidad. BancoEstado tiene una Administradora General de Fondos (AGF), y son ellos los que deben definir si quieren entrar o no. Pero más allá de quién ingrese o no, al final lo que a las personas les interesa es tener mejores pensiones. Estas entidades van a poder competir, van a poder generar descuentos especiales por volumen, descuentos especiales por permanencia comprometida. Como sabemos que un problema es la rotación de la gente, los administradores podrán generar esos descuentos. Además, se están bajando las barreras de entrada a la administración del 10%, por ejemplo, al reducirse el encaje de 1% a 0,5%. Algunas de estas entidades que entrarán al 4% se pueden entusiasmar y crear administradoras de fondos de pensiones y generar más competencia.

Entonces, ¿las AFP podrán administrar el 4% extra?

-Si el afiliado no manifiesta ninguna preferencia, su AFP manejará ese 4% con las mismas normas de inversión que rigen actualmente y deberá informar el detalle del saldo al afiliado en cuentas separadas. Pero si la AFP decide dar el servicio de manejar ese 4% bajo el modelo de planes complementarios de ahorro, deberá generar una filial con giro único. ¿Por qué? Porque ese 4% va a tener mayor flexibilidad en materia de inversión, podrá tomar mayores niveles de riesgo para poder tener mayor rentabilidad, dentro de un mismo conjunto de activos que va a estar normado por la Superintendencia de Pensiones.

¿La Superintendencia de Pensiones será la que realizará el reglamento para saber dónde invertir y cómo invertir ese 4%?

-Los instrumentos son los mismos, pero va a haber menos restricciones, y por eso la posibilidad de mayor retorno. Podrán negociar y conversar estrategias de inversión con los grupos con los que lleguen eventualmente a hacer un contrato de ahorro colectivo.

Y para incentivar la competencia, ¿por qué se desechó la creación de una AFP estatal?

-El proyecto no lo contempla, lo que sí es que una entidad como BancoEstado pueda administrar a través de la AGF con giro único y de esa manera podríamos tener también una administración estatal para el 4%.

¿El gobierno tiene alguna injerencia en la determinación que pueda tomar BancoEstado?

-No, es su decisión. BancoEstado tiene un gobierno corporativo, un presidente, tiene un directorio y una administración que evaluarán el tema.

Pero cree que se pueda crear…

-Creo que es posible, pero no sé cuán probable es. Este es un proceso que está recién partiendo, y bueno, es BancoEstado el que tendrá que evaluarlo.

¿Podrán entidades extranjeras administrar este 4%?

-Tendrían que hacerlo bajo algunos de los mecanismos que están contemplados en la ley, como una filial de giro exclusivo de una AGF.

¿Esto no complejiza aún más el sistema, sobre todo sabiendo el bajo nivel de conocimiento de los usuarios respecto de cómo funciona el sistema de pensiones?

-Tenemos mayor libertad de acción, y eso es un valor. Además, estamos reformando el sistema de educación previsional. ¿O usted preferiría tener una opción única? Eso sería súper simple. Con una alternativa única usted tendría una sola opción sin ninguna necesidad de elegir. Nosotros pensamos que es mejor abrir las posibilidades y educar. Respecto de la educación, el martes 30 de octubre anunciamos la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (Enif), que contiene tres ejes, entre ellos la educación para tomar mejores decisiones financieras y previsionales.

¿Entonces no es complejo?

-No creo que sea tan complejo. Es como cuando alguien entra a un restaurante que tiene solo dos platos, pero si después le presentan el menú, la gente prefiere tener la posibilidad de optar. Es mejor abrir el sistema, abrir la competencia, y eso es lo que estamos haciendo. Por supuesto, entendemos que tenemos la obligación de explicarlo, y a eso estamos abocados.

¿Esta reforma tiene contemplado corregir las denominadas comisiones fantasmas?

-Nosotros queremos menores comisiones, menores costos, mejores pensiones. Abrir la competencia y bajar barreras para que eso ocurra. El proyecto de ley aumenta la transparencia sobre el cobro de estas comisiones para que el cotizante sepa lo que ocurre con sus fondos.

¿Pero se contemplan cambios en la operativa de la industria, aparte de permitir que las entidades que administren ahorros previsionales puedan repartir parte de la utilidad a los cotizantes? ¿Hay otros cambios?

-Sí, por ejemplo, las administradoras podrán ofrecer descuentos en las comisiones por período de permanencia y por número de afiliados, también poder bajar comisiones para los cotizantes mayores a las edades de jubilación.

¿Y habrá mayor fortalecimiento del APV o APVC?

-Vamos a mantener el esquema de ahorro voluntario. Actualmente, hay más de un millón de personas usando estos mecanismos. Se mantendrán incentivos tributarios al ahorro voluntario. Muchas personas se han dado cuenta de la importancia del ahorro voluntario, pero necesitamos un aumento en la cotización obligatoria, porque no todos prevén para su vejez, y nuestro gobierno tiene que hacerse cargo de eso.