Rebaja de calificación: Fitch alerta por calidad de las políticas públicas y dice que el proceso constitucional generará incertidumbre

En febrero de 2011, Fitch situó a Chile con la calificación más alta para un país con características similares. Ese estatus privilegiado de A+ se extendió hasta 2017 cuando bajó a A. En marzo de este año, la entidad ya había enviado una señal de alerta al cambiar la perspectiva de “estable” a “negativa” y este jueves se dio otro paso: se rebajó la nota crediticia a A- con perspectiva “estable”.

La calificación de riesgos permite medir la capacidad de un país, institución financiera u otro organismo de cumplir con sus obligaciones. Y, por ello, muestra qué tan riesgoso es un país de acuerdo a una serie de variables macroeconómicas y fiscales.

Según Fitch, “la rebaja refleja el debilitamiento de las finanzas públicas, a raíz de las presiones para aumentar el gasto social a raíz de las protestas a gran escala en octubre-noviembre de 2019, que se han visto agravadas por la recesión económica precipitada por la pandemia de coronavirus”.

De esta manera, Chile deja de pertenecer al grupo conformado por China, Japón, Corea del Sur y teniendo como nuevos compañeros a Chipre, España, Malasia, Polonia y Tailandia.

Las razones: La rebaja refleja que Fitch ya no considera las finanzas públicas de Chile como una fortaleza suficiente en relación con sus finanzas externas, dado el aumento de la deuda pública. “Ha habido un deterioro en las finanzas públicas de Chile desde 2019 como resultado de las protestas sociales y la pandemia de coronavirus, que llevaron a un aumento del gasto y un shock cíclico de ingresos”, subrayan.

En términos de cifras, la entidad proyecta un déficit fiscal efectivo de 8,5% del PIB en 2020 (8,2% proyecta Hacienda) y 5,1% del PIB en 2021, (4,3% según Hacienda). En cuanto a la deuda pública, estima que llegará a 34% del PIB en 2020, en línea con lo que prevé el gobierno. Para 2021, en tanto, la sitúa en 37,4% levemente mayor a lo que espera Hacienda de 36,4% del PIB.

Fitch precisa que "el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico y la situación fiscal se inició antes de la pandemia. El crecimiento económico de Chile se desaceleró bruscamente a 1,1% en 2019 desde 4,0% en 2018 como secuela de protestas a gran escala, a menudo violentas, que estallaron a mediados de octubre de 2019 por una serie de problemas, incluido el costo de vida, la desigualdad, las pensiones y la calidad del público.

Así pronostica que la economía se contraerá un 5,8% en 2020 debido en gran parte a los confinamientos para controlar la propagación del coronavirus y la recesión global, antes de un repunte del 4,5% en 2021.

La entidad prevé que la carga de la deuda pública seguirá aumentando en el mediano plazo, dadas las perspectivas de crecimiento de tendencia más baja de Chile y las dificultades para consolidar sus cuentas fiscales, en medio de un fuerte calendario político y presiones sociales.

En ese sentido, menciona que en el escenario de mediano plazo, el gobierno describió una reducción del déficit fiscal estructural en casi un 1% del PIB anual para alcanzar el 0,9% del PIB en 2024, mediante una combinación de mayores ingresos fiscales y una eliminación gradual del gasto temporal. Sin embargo, alertan que “la consolidación fiscal a mediano plazo necesaria para estabilizar la deuda requeriría medidas estructurales, pero el alcance y el ritmo de implementación de estas sólo se aclararán una vez que asuma el próximo gobierno”. En este punto ve factible que en 2021 se impulse una reforma tributaria y menciona la intención del gobierno de revisar las exenciones impositivas lo que generaría “ahorros fiscales adicionales”.

Además, pone el acento en las presiones sociales que seguirán presentes, sumadas a a la posible reescritura de la Constitución que podría suponer una carga adicional sobre las finanzas públicas.

“El posible proceso de reescritura de la Constitución y una serie de elecciones durante los próximos dos años plantean incertidumbres que podrían frenar la inversión y las perspectivas de recuperación económica y aumentar las presiones para un mayor gasto social”.

El reporte menciona que "el proceso de reescritura de la Constitución (siempre que prevalezca el voto “apruebo”) durará dos años antes de que haya un referéndum público final a mediados de 2022. Las elecciones presidenciales y del Congreso están programadas para noviembre de 2021, lo que aumenta aún más las incertidumbres políticas y posiblemente posponga los ajustes fiscales estructurales".

El informe resalta que, si bien la ley que permitió a las personas retirar hasta el 10% de sus ahorros de sus cuentas de pensiones individuales, ayudó a respaldar el consumo y llevó a una revisión al alza las proyecciones para 2020, “no se puede descartar propuestas legislativas que permitan retiros adicionales de fondos de pensiones privados”.

Sobre este punto, enfatizan en la calidad de las políticas públicas. “Tales medidas se promulgaron a pesar de las objeciones iníciales del Ejecutivo y han reducido la previsibilidad de la formulación de políticas de alta calidad de Chile y exacerbado el problema relacionado con las tasas de reemplazo de pensiones relativamente bajas, que fue una de las áreas clave de quejas públicas destacadas”.

Desde el gobierno, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones reaccionó a la notificación de la clasificadora. En primera lugar, dijo que "hay una arista negativa dentro de esta baja de clasificación, y esto tiene que ver con el impacto en las tasas de interés y las primas de riesgo “las que tienden a subir, y no sólo para el Fisco sino que para la economía como un todo”. Dada esta situación, donde el Fisco está gastando más de lo que tiene, y por ello se debe endeudar, para Briones es clave que todo este mayor gasto sea transitorio para enfrentar la crisis. “Tenemos una desviación que es transitoria, porque tenemos una crisis que también lo es y el compromiso refrendado en el acuerdo de junio con las principales fuerzas políticas es que a partir de 2022 es fundamental ir hacia una consolidación fiscal”.

A nivel de expertos existe coincidencia en que esto iba a suceder, dado el alto deterioro de las cuentas públicas. Además, se espera que las otras dos grandes clasificadoras (S&P y Moody’s) sigan a Fitch en esta decisión, ya que ambas también ya han reducido la perspectiva del país a negativa.

Alejandro Fernández, economista de Gemines sostiene que “las proyecciones de mediano plazo son difíciles de creer en el sentido de si habrá la voluntad política de hacer los esfuerzos para que la deuda no supere el 45% al 2025”. Mientras que Patricio Rojas añade que “el escenario de mediano plazo es exigente y requiere no solamente un aumento de ingresos fiscales, sino que también un ajuste significativo en el gasto público. Es un escenario voluntarista y eso lo empiezan a visualizar no solo las clasificadoras, sino que también los bancos de inversión”.

A nivel de efectos, Hermann González, coordinador Macroeconómico de Clapes UC menciona que “un escenario de menor liquidez o en uno en que continúa este deterioro fiscal y crediticio, el efecto será un aumento de la percepción de riesgo de nuestro país, lo cual se traducirá en mayores tasas de interés y un castigo al precio de activos locales como la bolsa o el peso, que ya se encuentran bastante castigados.”. Gustavo Rangel, economista jefe para América Latina de ING Financial Markets añade que “el problema es la incertidumbre. Claramente, una reescritura constitucional y las demandas sociales tendrán un costo que aún se desconoce”.