FNE pide a la Corte Suprema ratificar las multas contra empresas del “Cartel del Fuego”

El denominado caso del “Cartel del Fuego” vive horas decisivas, ya que la Corte Suprema se encuentra analizando los recursos de reclamación que interpusieron las empresas Faasa Chile Servicios Aéreos Limitada y Martínez Ridao Chile Limitada, tras haber sido multadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a pagar cerca de US$ 6,3 millones.

Durante esta jornada, fue la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el ente persecutor que inició las acusaciones contra las empresas en julio de 2018, la que solicitó al máximo tribunal que ratifique las sentencias contra las compañías, ratificando que ambas celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para asignarse contratos para prestar servicios de combate y extinción de incendios forestales a través de aviones cisterna, en el marco de procesos de contratación convocados por empresas privadas y entidades públicas, entre el 2009 y el 2015.

En la audiencia, la FNE estuvo representada por el jefe de Litigios, Víctor Santelices, quien pidió que las reclamaciones sean rechazadas por considerarlas improcedentes.

“El acuerdo (entre las empresas para coludirse) cumple con todas las características para calificarlo de único y continuo, así como de infracción permanente”, dijo el abogado, y agregó que también deben desestimarse las solicitudes de reducción de la sanción pecuniaria, ya que “las multas no resultan desproporcionadas y una reducción adicional pone en riesgo su eficacia disuasiva”.

La sentencia, dictada por el TDLC en enero de este año, condenó a estas compañías a pagar una multa a beneficio fiscal de 8 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$ 6,3 millones. Del total, US$ 1,5 millones deberá asumirlo Faasa Chile y casi US$ 4,8 millones, Martínez Ridao.

Entre los afectados por este acuerdo se cuentan instituciones del Estado, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), así como algunas empresas forestales privadas, recordó la FNE.