Fondos de pensiones: legitimidad social y rentabilidad, ¿es posible?

Quién y cómo se administra el 4% adicional de cotización es hoy la gran pregunta del debate en torno a la reforma previsional. Pero poco se ha discutido sobre dónde y cómo diversificar la inversión de los fondos de pensiones, especialmente cuando las expectativas de retornos futuros de los instrumentos tradicionales son bajas, se prevé un aumento en la esperanza de vida y, además, hay una creciente demanda por mejorar las pensiones.

En Holanda -¡cómo no!-, han ido un paso más allá, y han buscado nuevas opciones para diversificar el portfolio de inversiones que realizan las administradoras de fondos hacia las llamadas inversiones de impacto con resultados -al menos- interesantes.

PGGM, de las más grandes del sector de ese país, destinó 3,3 billones de euros en inversiones de impacto en 2017. Como compañía obtuvo ingresos por 265 millones de euros y un resultado neto de casi 3 millones de euros ese mismo año.

Son iniciativas que aportan a solucionar problemas globales y contingentes, como clima, seguridad alimentaria y escasez de agua, es decir, desafíos sociales o medioambientales que en Chile apremian, considerando, por ejemplo, que somos el país 18 entre los con mayor estrés hídrico del planeta.

Otro ejemplo: En Singapur, Temasek Holdings, una compañía de inversión global financiada por el gobierno, acaba de lanzar un fondo de capital privado de inversión de impacto, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. El fondo, denominado ABC Worlds Asia, pretende invertir en ámbitos como iniciativas para mejorar la salud y la educación, soluciones climáticas y para el agua, alimentación y agricultura sustentables, entre otros. Los casos suman y siguen.

JP Morgan y Rockefeller Foundation proyectan que para 2020 el mercado global de la inversión de impacto totalizará al menos US$ 400 billones.

¿Qué pasa en Chile?

Aunque de más bajo perfil que en otros países, los fondos de inversión de impacto administran activos por más de US$ 138,2 millones, según información de la Guía para la Inversión del Impacto en Chile, publicada en mayo por Acafi y la PUC.

El tema ya está en el radar de las autoridades. En enero de este año, un grupo de directores del Grupo de Inversiones de Impacto Chile, asociado al Global Impact Investment Steering Group, liderados por el expresidente Ricardo Lagos, se reunió con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, para abordar el tema a partir de otro ejemplo internacional. Se trata del Big Society Capital, un banco inglés dedicado a las inversiones con impacto, que en 2010 promovió la reinserción social de exreos de la cárcel de Peterborough, cuyos inversionistas recibieron sus recursos en torno a un 3% de rentabilidad anual calculada sobre la base de la reinserción obtenida por los exreos. Una cifra conservadora, en lenguaje bursátil, una "acción crucero", que tiene retornos acotados, pero en general no pierde valor.

Ese modelo fue el que se le planteó al ministro Larraín: crear una entidad similar en Chile con las acreencias que quedan en los bancos, en depósitos bancarios olvidados, y que terminan en los bolsillos del Fisco, una especie de fideicomiso administrado por un consejo independiente y disponible para quienes apuesten por inversiones de impacto social.

Como Grupo Prisma tenemos experiencia en esta materia: manejamos inversiones de impacto directas, formamos parte de la red internacional The Impact -fundada en Chile por el empresario Horacio Pavez Aro- y, personalmente, participé en la creación y levantamiento del primer Fondo de Inversión Social en Chile, hoy FIS-Ameris.

Por ello, podemos dar fe del valor de este tipo de empresas, como parte de la cartera de inversiones de cualquier compañía y más aún de los fondos de pensión. Pero para potenciarlas en el país, vemos que es clave generar un "rayado de la cancha", en materia regulatoria y en leyes tributarias que faciliten este tipo de inversiones, siendo lo más común las exenciones o rebajas de impuestos, tal como lo hacen organismos como el Community Interest Tax Relief en el Reino Unido.

O más importante aún, ¿por qué no incentivar a las AFP a destinar un porcentaje de las inversiones a iniciativas con impacto social o medioambiental? Todo esto debería ser materia de un debate que se encamine a resolver no solo cómo y quién administra los recursos de las futuras jubilaciones, sino también la naturaleza de las inversiones que se realizan, en línea con las nuevas exigencias sociales y el rol del empresariado para esta nueva época.