Función de Cumplimiento y gobiernos corporativos robustos

Hace algunas semanas, Intervalores Corredores de Bolsa Limitada ("Intervalores"), su gerente general y gerente comercial, fueron multados por la Comisión para el Mercado Financiero ("CMF") por 18.000 UF en total, y, para estos últimos, con una inhabilidad para desempeñarse como director o ejecutivo principal de intermediarios de valores de cuatro años. Dichas sanciones se sustentaron, en resumen, en la alteración realizada por Intervalores de sus registros contables, para dar la apariencia al mercado y a la CMF de estar cumpliendo los índices de patrimonio, liquidez y solvencia exigidos por la Ley Nº18.045, de Mercado de Valores ("LMV") y su regulación.

En este caso se dio el cóctel perfecto: ausencia de controles asociado a un gobierno corporativo unipersonal, y agregación de funciones incompatibles. Por ejemplo, el área encargada de preparar la información financiera a ser proporcionada al mercado dependía directamente del gerente comercial, cuya función era buscar nuevos clientes para Intervalores. Dicho gerente tenía un conflicto de interés, dado que al divulgar problemas de liquidez y solvencia se vería afectada la captación de nuevos clientes.

La conducta de mercado de Intervalores fue particularmente grave, dado el rol fundamental que tienen los intermediarios de valores. En efecto, la LMV les concede la exclusividad en la intermediación de valores y, para ello, se encuentran autorizados para recaudar e invertir el dinero de los ahorrantes e, incluso, pueden actuar en ciertos casos por cuenta propia. Por ello, los intermediarios están sujetos a conflictos que los exponen a privilegiar su propio interés por sobre el de sus clientes o a no divulgar su real situación financiera, según ya vimos.

En este contexto, resulta fundamental el rol fiscalizador de la CMF pero también la estructuración de gobiernos corporativos que consideren la adopción de sistemas de gestión de riesgos y mecanismos de control y cumplimiento que los mismos intermediarios deben implementar internamente para generar confianza pública. Así, resulta fundamental definir el "apetito de riesgo" del intermediario y explicitarlo al mercado, de forma que el público identifique, sin asimetrías de información, el riesgo general a que exponen sus recursos de inversión.

Por otra parte, la Resolución sancionatoria en comento deja en evidencia una vez más que, desde el punto de vista organizativo, la alta dirección de un intermediario (sea un directorio u otra estructura) tienen la responsabilidad de vigilancia, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la búsqueda del equilibrio financiero. Un gobierno corporativo robusto debe poner particular atención al organigrama y las responsabilidades específicas en todos los niveles fomentando la cultura de la honradez y transparencia para proteger los intereses de los clientes. Lo anterior, aún cuando se esté en presencia de un agente con una estructura de propiedad que no cuenta con un directorio o consejo de administración que integre personas independientes del controlador: en estos casos el desafío es claro, se deben potenciar los otros componentes del sistema de gestión de riesgos, función de cumplimiento y auditoría interna y externa.

Si genuinamente el mercado pretende que Chile sea una plaza financiera internacional, resulta indispensable abordar estos temas, decidida y proactivamente.