En medio del severo impacto que ha tenido en el sector construcción el alza en los costos de los insumos, la escasez de suelos y la menor demanda ante el aumento en las tasas de interés y la alta inflación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a su par de Vivienda, Carlos Montes, detallaron este jueves una serie de medidas para ir en apoyo a esta industria y fomentar la compra de viviendas, parte de las cuales ya habían sido dadas a conocer previamente y otras corresponden a nuevos anuncios.

Esto, además, justo en momentos de la delicada situación que atraviesa la constructora Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV), que lleva adelante un proceso de liquidación voluntaria ante el 9º Juzgado Civil de Santiago.

Al respecto, Montes indicó que “todos sabemos que hay una situación difícil para el sector de la construcción, por el aumento de los insumos, por la escasez de maestros, por el aumento durante mucho tiempo (del precio) del suelo, y hay algunas empresas en distintos ámbitos que están con problemas. Entonces, nosotros nos hemos ocupado de apoyar a las empresas y cubrir la situación que están viviendo: buscar reajustar los ingresos de tal manera de acoger la inflación y evitar crisis, y nos ha ido bien”.

Además, el ministro agregó que “lo de Claro Vicuña Valenzuela, esta empresa que nosotros esperábamos que no quebrara, sino que se fuera a reorganización, pero aceleró su proceso de quiebra. Nosotros estamos negociando cada uno de los proyectos que tienen con este ministerio, de tal forma de asegurar una transición lo más racional”.

Sobre las medidas, Mario Marcel puntualizó que eran cuatro. La primera está incluida en el plan Invirtamos en Chile, y consiste en la entrega de una garantía estatal de 10% del valor del inmueble para viviendas de precios entre 2.600 y 4.500 UF.

Al respecto, el ministro explicó que el primer valor es el límite de las viviendas con subsidio habitacional, y que, por lo tanto, cuando hay un subsidio adicional, no es necesario que exista una garantía estatal. En dicho tramo de 2.600 a 4.500 UF se concentra el grueso de la compras de viviendas nuevas por parte de los sectores medios.

“El efecto práctico de este apoyo sería que la autoridad regulatoria calcularía ahora las provisiones considerando el saldo dado como aprobación de la garantía del inmueble, más el 10% de garantía estatal”, indicó.

Actualmente, para el crédito hipotecario, hay de parte del ente regulador una exigencia de provisiones que tiene una cierta magnitud de hasta el 80% del valor de la vivienda y se incrementa significativamente cuando el crédito es superior a ese 80%, entonces dado que ahora hay un 10% que estaría cubierto por la garantía estatal, eso reduciría el costo del crédito hipotecario, agregó Marcel.

Además de manera complementaria, dijo que el seguro de remate tiene poco impacto en la disponibilidad crediticia para viviendas sociales y, por tanto, se proponen dos modificaciones ahí: la primera es extender el seguro a un 100% de la diferencia entre el producto de la subasta y el saldo insoluto de la deuda para los tramos de entre 1.600 y 2.800 UF. En segundo lugar, se revisarán los requisitos de provisiones disponibles cuando exista este seguro de remate, lo cual se ha conversado con la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Ello, afirmó Marcel, “eventualmente tendría como implicancia una reducción del costo del crédito hipotecario de 50 puntos base. Esto, sumado al efecto de la garantía estatal del 10% del valor del inmueble, estimamos que implicaría una reducción de la tasa de interés de los créditos hipotecarios del orden de los 100 puntos base o de un punto porcentual”.

En tercer lugar, también se busca que las donaciones de terrenos por parte de empresas que, permitan que se puedan construir viviendas para sus trabajadores, van a contar con una serie de beneficios tributarios. Así, esa donación va a quedar exenta del impuesto a las donaciones y el valor del terreno será considerado como un gasto necesario para producir renta por parte del empleador.

La cuarta medida consiste en la postergación de la eliminación del crédito especial del IVA a las empresas constructoras, el que fue reducido y eventualmente correspondía que desapareciera a contar del año 2025.

Ahora se va a extender el periodo de transición, el que se iniciaba en 2023 y 2024 con una rebaja al 50% del crédito especial para las empresas constructoras y correspondía que a partir del 2025 desapareciera del todo. Con esta medida, en cambio, se va a rebajar a un 25% por dos años, en 2025 y 2026, con lo que el crédito especial sólo terminaría de desaparecer en 2027.