Hacia fines de enero, el gobierno presentará al Congreso el proyecto de ley que buscará modernizar la Dirección del Trabajo (DT). Si bien, éste ha sido considerado dentro de la reforma laboral que se ingresará, el Ejecutivo ha analizando llevar el proyecto por separado.

Durante 2018, la DT se vio principalmente afectada por la implementación de la reforma laboral de Bachelet y la serie de dictámenes que se emitieron para "aclarar" la misma, y que en algunos casos terminó judicializándose. Esto además ha generado diversas críticas hacia la gestión del director de la entidad, debido a disposiciones que han cambiado la interpretación de la legislación actual.

Por lo mismo, la urgencia de dar un carácter más técnico e imparcial a la DT impulsó al gobierno a enviar un proyecto de ley.

En este contexto, el Ministerio del Trabajo está considerando de cerca una serie de propuestas realizada por la mesa técnica para la Modernización Laboral, y que hace una semana entregó las recomendaciones al Presidente, de este y otros temas.

Una de las primeras propuestas es sobre la designación del director nacional del Trabajo. La mesa, que estuvo compuesta por 13 expertos, sugiere un nuevo mecanismo para su nombramiento.

Al respecto el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, señaló que "algo bien innovador de las propuestas tiene que ver con la designación del DT por el Presidente de la República con acuerdo del Senado y que además esta designación escape de los procesos políticos, lo cual nos parece súper interesante. En el fondo, la idea es que no ocurra lo de siempre, que el DT se designe en cada gobierno, incluso se plantea un período de 6 años en su cargo".

Desde el año pasado el cargo de Director del Trabajo se designa por Alta Dirección Pública (ADP), teniendo una extensión de 4 años prorrogable, dependiendo de la decisión del Presidente de la República.

Una segunda propuesta que está siendo analizada es la creación de un órgano o consejo consultivo que apoye al Director Nacional del Trabajo en la dictación de nueva doctrina o reconsideración de doctrina vigente.

En esta línea, Arab sostuvo que "esto es una buena idea, porque va a potenciar y dar un mayor sustento a las resoluciones del Director del Trabajo. Hoy cuando el DT reconsidera una doctrina o saca una nueva doctrina, siempre se ve expuesto a críticas. En cambio, si existe un órgano de apoyo para el DT que sea consultivo, con expertos que se designen evitando las arbitrariedades, creemos que le va a dar sustento jurídico a los cambios de doctrina que se puedan hacer desde la DT".

Y una tercera propuesta que está siendo evaluada, es la referente a distinguir el monto de las multas administrativas tratándose de las micro y pequeñas empresas. "Lo otro que es súper potente es lo que plantea la mesa respecto a las micro y pequeñas empresas, que es hacer una distinción en el monto de las multas para la microempresa".

Otras de las propuestas planteadas por los expertos tienen que ver con ajustes en términos tecnológicos para facilitar y mejorar la gestión de la DT de cara a sus usuarios, en la que además coincide la mesa sindical para la Modernización Laboral; separación de funciones entre las distintas áreas de la DT para garantizar su objetividad; y fortalecer la unidad de mediación del servicio, entre otras medidas.

• Establecimiento de un nuevo mecanismo de designación del Director Nacional del Trabajo que asegure su carácter técnico y evite que el Servicio se vea influenciado por los ciclos políticos.
• Creación de un órgano o consejo consultivo que apoye al Director Nacional del Trabajo en la dictación de nueva doctrina o reconsideración de doctrina vigente.
• Distinguir el monto de las multas administrativas tratándose de las micro y pequeñas empresas.
• Ajustes en términos tecnológicos para facilitar y mejorar la gestión de la DT de cara a sus usuarios.
• Fortalecer la unidad de mediación del servicio.

Ya ha sido reiterativo que los fallos de la Corte de Apelaciones respecto a empresas estratégicas sean a favor de las empresas, y por ende, en contra de los sindicatos que han solicitado eliminar a sus empresas del listado de firmas donde sus trabajadores no tienen derecho a huelga.

El martes recién pasado, la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó la solicitud del Sindicato de Trabajadores Profesionales Universitarios de CGED S.A, ex CGE Distribución.

Según el Estudio Navarro, que defendió a la empresa, este fallo confirma la tesis sostenida hace pocos días por la Corte de Santiago respecto a las empresas de distribución eléctrica del Norte Grande, pertenecientes al Grupo CGE y Metrogas S.A, sosteniendo que son empresas que prestan servicios de utilidad pública.