Gobierno y parlamentarios a contrarreloj: Congreso tendrá dos meses para despachar ley corta de isapres
La idea es despachar del Senado la reforma en octubre y desde la Cámara en noviembre, antes del plazo que dio la Suprema para implementar el fallo sobre tabla de factores. Los plazos están justos y muchos dudan que se logre implementar el fallo a tiempo. "La Superintendencia de Salud ya debería comenzar a elaborar una nueva solicitud de prórroga ante la Suprema", opina el ex superintendente Patricio Fernández.
A inicios de julio empezó a sesionar un comité técnico para apoyar a los parlamentarios en su labor de sacar adelante una ley corta tras el fallo que dictó la Corte Suprema por la tabla de factores, y que tiene en jaque a las isapres. Ese comité tenía como fecha límite para entregar un informe el 21 de agosto, pero un nuevo fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, esta vez sobre el precio GES, añadió un nuevo nivel de complejidad al debate y, en consecuencia, el comité prorrogó su tarea, sin un plazo muy definido de término.
Pero ahora ya hay fecha para la entrega del informe: el senador Juan Luis Castro (PS) informó este martes en la Comisión de Salud que preside que la próxima semana el comité técnico entregará su propuesta final, lo que probablemente podría ocurrir el 20 o 21 de septiembre.
La idea es que la semana del 25 de septiembre la Comisión de Salud pueda empezar a ver la ley corta e iniciar su votación en particular. Pero para eso también se requiere que el gobierno ingrese indicaciones. Según el plan preliminar de los parlamentarios, el objetivo es sacar el proyecto del Senado durante octubre para que así la Cámara de Diputados pueda despachar la iniciativa en noviembre.
Aunque el plazo final que dio la Corte Suprema para implementar el fallo sobre la tabla de factores se cumplía el 30 de mayo, la Superintendencia de Salud ese mismo mes, antes de llegar a esa fecha, solicitó una extensión de seis meses: la Suprema accedió y dio plazo hasta el 30 de noviembre para poder implementar el fallo.
De ahí que la tramitación de la iniciativa está contra el tiempo: algunos hablan de que los plazos están justos y otros estiman que ya no es posible lograr implementar el fallo antes de ese plazo y creen que sería necesario solicitar una nueva prórroga a la Suprema. En todo caso, en el Senado piensan poner todas sus fichas para despachar el proyecto en octubre. Por otro lado, hay distintas visiones respecto de si se puede dar por cumplido el fallo con la sola aprobación del proyecto de ley o faltarían pasos adicionales, con lo cual los tiempos apremiarían aún más.
El exsuperintendente de Salud de 2019 a 2022, el abogado Patricio Fernández, cree que “es casi un hecho que la discusión legislativa de la ley corta de isapres se va a extender mas allá del 30 de noviembre, que es el plazo extendido que dio la Corte Suprema para aplicar el fallo, lo que implica que la Superintendencia de Salud ya debería comenzar a elaborar o fundar una nueva solicitud de prórroga ante la Suprema, si lo que pretende es mantener la estabilidad del sistema de isapres y no aplicar estos fallos estando aún en tramitación la ley: eso hace insostenible el sistema”.
Sobre los plazos, el senador Castro sostiene que “muy pronto tendremos el informe del comité técnico, que va a dar luces respecto a los niveles de acuerdo posibles, para que la denominada ley corta pueda ser votada durante este mes y el próximo en el Senado. Todo esto requiere de flexibilidad y requiere que los tiempos se adecuen a las realidades. Desde luego, lo óptimo es que el 30 de noviembre, cuando el fallo de la tabla de factores, que es solo en ese (en que la Suprema) puso un plazo, se pueda adaptar a ese plazo”.
En cambio, el presidente de la Comisión de Salud recuerda que “el fallo de la prima GES no tiene plazo, por lo tanto, entra en vigencia de inmediato, y lo que corresponde es que haya norma, una definición que le diga a la gente en cuánto bajan sus precios de los planes producto de la prima GES, ahora, porque a fines de este mes ya se cumple el primer mes y medio de vigencia, y eso debiera estar claro. Esto es esencial y requiere el concurso del gobierno, porque sin acuerdo del gobierno es imposible hacer enmiendas, modificaciones, y sobre todo, que sea viable lo que se vaya a votar finalmente en este proceso”.
Lo cierto es que la Suprema no estableció en el fallo GES una fecha definida para implementar la sentencia, por lo que se entiende que debe realizarse en el más corto plazo posible. Si bien las isapres ya rebajaron el precio GES en los planes de salud que tienen a la venta, no han rebajado el precio de los planes para la totalidad de su cartera de afiliados vigentes, y la gran mayoría de las aseguradoras ha ingresado nuevos escritos al máximo tribunal, ya sea para aclarar los fallos o para que se anulen.
Desde la Superintendencia de Salud asumen que no fueron mandatados por la Suprema para implementar la sentencia por el precio GES y que corresponde a cada isapre ejecutar las bajas de precios. En lo que sí saben que tendrán que dar lineamientos es respecto de cómo ocurrirán las eventuales devoluciones, las cuales serán caso a caso y no de manera generalizada sobre toda la cartera.
Por su parte, el comité técnico y los parlamentarios no tienen en mente resolver nada sobre el fallo GES en la ley corta y el foco está sobre la sentencia de la tabla de factores. Pero el tiempo adicional que han tardado los técnicos en evacuar un informe ocurre porque la baja de ingresos que genera en las isapres el fallo GES, también afecta las cifras financieras de la industria, y por ende, cambian las modelaciones para determinar la manera en que se intentará dar viabilidad a las isapres.
Fernández señala que, considerando el retraso que hay en la tramitación del proyecto, “es altamente probable que los fallos por precio GES se tengan que aplicar antes de la eventual promulgación de la ley corta, lo que pone al sistema en una situación muy complicada, particularmente a las isapres, que son las que más van a tener que disminuir el precio y que por ende, ven más disminuidos sus ingresos”. Ahí menciona a Consalud y Cruz Blanca, y cree que “una alternativa posible podría ser que la Superintendencia de Salud evalúe administrativamente alguna regulación para que estos fallos por precio GES se puedan implementar de forma adecuada, dando un respiro a las isapres más complicadas”.
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