Dentro del acuerdo entre Hacienda y los parlamentarios se estableció finalmente los criterios para ir en ayuda de las grandes empresas que estén con dificultades para sortear los efectos de la crisis económica que dejará el coronavirus.

En el documento se fijó que se realizarán apoyos a empresas estratégicas “solventes del país con transparencia y criterios preestablecidos que se adoptarán caso a caso”.

Se menciona que “el Estado obtendrá una remuneración coherente con los riesgos financieros en que incurra. La forma específica del apoyo financiero debe adoptarse caso a caso pudiendo considerar una combinación de las siguientes alternativas: una garantía estatal para alentar financiamiento de terceros; deuda directa con opción de conversión en acciones y participación en el capital por un período preestablecido. Esas son las directrices generales, sin embargo, no se explicitaron los criterios con los que se definirá la acción del Estado. De acuerdo con un participante de las negociaciones, la evaluación del “caso a caso” pasaría necesariamente por determinar el impacto que esa empresa tiene en empleo, proveedores y la cadena productiva, pero también que haya tenido una buena relación laboral con sus empleados y no haya estado envueltos en problemas o delitos de colusión.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sostuvo ayer en radio Biobío que “es una decisión país y por ello, el gobierno no puede ni debe actuar solo. Tenemos una responsabilidad ciudadana de mucha transparencia de forma tal de contribuir a las legitimidades y la confianza”. En ese sentido, el secretario de Estado añadió que “estas decisiones de eventuales apoyos a empresas estratégicas pueden prestarse para múltiples interpretaciones y por eso es muy importante que sean de cara a la ciudadanía y se explique muy bien y con mucha pedagogía de por qué se hacen”. Briones acotó que “primero se debe definir qué es una empresa estratégica, cómo la definimos en su función del número de trabajadores, la cantidad de proveedores, la importancia para la logística de un país, en fin, hay varios criterios, pero que tienen que ser acotados y definidos ex ante y luego hay que definir el tipo de eventual apoyo que se basa todo en un mismo criterio”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, dijo que “es prudente ir evaluando cada caso en su propio mérito, cuando se trata de empresas de carácter estratégico. Debería primar el impacto económico asociado a su operación, en términos del servicio que prestan o producto que elaboran, empleo generado, efectos y alcances sobre empresas proveedoras, relevancia en el desarrollo e integración regional, entre otras variables”. Mientras que desde Itaú acotan que “es muy importante analizar si las empresas tienen, por ejemplo, posición dominante en un mercado tal que, si desaparecen, podrían afectar la correcta provisión de bienes o servicios. Además, hay que evaluar el impacto social (como la cantidad de empleo o la criticidad de los bienes y servicios que provee una entidad) que tienen las actividades que realiza una empresa”.

Uno de los ejes del acuerdo que alertó a los expertos ambientalistas es el de la agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad (CNP). Esto, pues se busca reducir tiempos en las diversas instancias de un proyecto. “Me parece que no es coherente con los compromisos del país con respecto a cambio climático, y son más bien una lista de tecnologías y proyectos desconectados de tales compromisos”, manifestó el exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

En esa misma línea, el abogado Jorge Cash comentó que “la mayoría de las recomendaciones de la CNP son en materia de gestión y no tienen alcance legal. No obstante, lo que se propone en este punto, es reducir plazos, otorgar rápidamente permisos ambientales, y eso es materia de ley”, agregando que “no sería razonable incorporar normas de esta naturaleza en el proyecto de ley para adecuar la participación ciudadana en el marco del SEIA que se está tramitando en el Senado, habida cuenta que los propósitos que este punto del acuerdo señala perseguir, son parte de la fracasada reforma al SEIA”.

Por último, el exsubsecretario de Medio Ambiente, Jorge Canals, señaló en su cuenta de Twitter que “la forma correcta de reducir los plazos de evaluación ambiental de grandes proyectos, va por instalar instancias de relacionamiento temprano con las comunidades, reducir las asimetrías en la participación ciudadana, y fortalecer los estándares y la institucionalidad ambiental”.

Hasta el 31 de diciembre de 2022 habrá un esquema de depreciación instantánea al 100%

Claudio Bustos abogado socio de Bustos Tax & Legal, afirma que esta es “una medida importante para todas las empresas de rubros o sectores económicos intensivos en el uso de activo fijo (construcción, maquinarias, vehículos, herramientas), tales como empresas constructoras o de rubros industriales”. Eso, porque implica que las empresas pueden llevar a gasto de una vez la totalidad del valor de los activos fijos que adquieran durante este período”.

Se rebaja el impuesto de primera categoría a pymes hasta 2022. Habrá resguardos ante un mal uso

Valentina Costa, abogada asociada de Recabarren & Asociados, afirma que esta medida “impactará directamente en los flujos de caja de las pymes”. Puntualiza que “para evitar abusos, el SII deberá fiscalizar que los requisitos para acogerse y mantenerse en este régimen se cumplan a cabalidad”. Bustos aacota que “no es necesario adoptar ningún resguardo especial para esta medida, más que la fiscalización normal que el SII lleva a cabo a la determinación de la renta líquida imponible de Primera Categoría de las empresas”.

Se extiende por 3 meses el pago de PPM, y efectúa una devolución de remanentes de crédito fiscal IVA

Ignacio Gepp, de Puente Sur, explica que “la suspensión del pago de PPM (que es un adelanto contra el impuesto a pagar el próximo año) va en línea de asegurar una muy necesaria liquidez en el mercado”. Asimismo, señala que

“la devolución del crédito fiscal IVA a las pymes es una excelente medida, ya que permite un flujo directo del Fisco a las empresas que les dará liquidez para seguir operando y así eventualmente poder seguir pagando sueldos y cumplir con sus obligaciones contractuales”.

Los 16 economistas de diferentes corrientes que presentaron la propuesta para un plan de emergencia por el Covid-19, y que sirvió de base para el acuerdo del fin de semana para hacer frente tanto al momento actual como a la reactivación el próximo año tienen, en su mayoría (13 de 16), posgrados fuera de Chile, donde resalta el Massachusetts Institute of Technology (MIT), con 5 representantes: Vittorio Corbo, José De Gregorio, Andrea Repetto, Klaus Schmidt-Hebbel y Rodrigo Valdés, todos PhD.

Le sigue la Universidad de Chicago, con dos doctores (Sebastián Edwards y Rodrigo Cerda) y un máster (Juan Andrés Fontaine).

La Universidad de Harvard se apunta con dos: Rodrigo Vergara, doctor en Economía, y Rafael Aldunate, que completó un Programa de Alta Gerencia, que es un programa para ejecutivos.

Las otras dos doctoras en Economía del grupo son Claudia Martínez (Michigan) y Claudia Sanhueza (Cambridge).

Sebastián Izquierdo y Cristián Solís de Ovando tienen máster de la U. de Chile; Álvaro Díaz, máster de la U. de Campinas en Brasil; y Bettina Horst, máster de la UC.