Dos veces ha sido postergado el inicio de la tramitación del proyecto de ley que busca aplicar un impuesto de 2,5% a los patrimonios de US$ 22 millones hacia arriba. Se espera que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comience el debate la próxima semana. Debate que ha generado una nueva preocupación en el gobierno, puesto que no quieren que se repita la historia de la aprobación del retiro del 10% de los fondos de pensiones.

A nivel de tributaristas, también se han encendido luces de alerta, no por el hecho mismo de que se quiera gravar a las grandes fortunas del país, sino porque consideran que técnicamente la iniciativa levantada por un grupo de parlamentarios de oposición es muy débil técnicamente, compleja y, para otros, derechamente mala. Además, la forma de presentar la moción legislativa, a través de una reforma constitucional y no por la vía de un proyecto de ley, que en este caso es de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República, ha generado inquietud entre los grandes contribuyentes.

Más allá de que el proyecto establece que la aplicación de este gravamen al patrimonio bruto sería al obtenido al 31 de diciembre de 2019, por lo que de prosperar tendrían que pagarlo, la incertidumbre de los grandes contribuyentes, según cuentan los asesores tributarios, radica en la señal que se entrega por la forma en que se está legislando.

“Más que una preocupación en sí mismo por el impuesto al patrimonio, hay una preocupación por la incertidumbre de lo que viene hacia adelante. Lo que está ocurriendo hoy día es que las personas están pensando en diversificarse y empezar a establecer estructuras en el extranjero para manejar su patrimonio. Es un resguardo frente a la contingencia política”, cuenta el socio de Guerrero, Valle y Garcés, Sebastián Guerrero.

Precisamente esa es la principal inquietud que tienen los contribuyentes de altos patrimonios: la incertidumbre de cómo seguirá el país una vez superada la pandemia.

Juan Pablo Cabello, socio de Cabello & Cia., entrega algunos parámetros de cómo han ido aumentando los niveles de consultas. “Luego del estallido social de octubre de 2019, este tipo de consultas se cuadruplicó. Eso se mantuvo por algunos meses. Luego por la pandemia volvieron a bajar, pero ahora desde julio se ha visto un alza nuevamente a niveles similares a los que tuvimos por el estallido social, es decir, si había 10 consultas en un mes cualquiera, ahora estamos entre 40 y 50”, relata.

Magdalena Brzovic, socia de Brzovic y Cia. en Alianza con Fontaine y Cia., afirma que desde octubre se han elevado en un 200% y eso se ha mantenido constante hasta ahora. “Hoy día el 90% del trabajo de nuestra oficina está abocado a reorganizar estructuras fuera de Chile y a blindar patrimonio”, precisa.

Cristián Mena, socio de Mena Alessandri & Asociados y 360° MFO (Multi Family Office) acota que “las consultas se han mantenido establemente intensas. Se han quintuplicado desde fines del año pasado y eso sigue hasta el día de hoy”.

Las consultas más frecuentes apuntan a estructuras de sociedades fuera del país como una forma de diversificar su patrimonio más que estar pensando en establecer su domicilio fuera del país. “Hay muchos empresarios que han optado por blindar su patrimonio dada la incertidumbre y el comportamiento de la economía. Piden creación de estructura para sacar sus recursos fuera del país”, acota Brzovic.

Los países más escogidos para estructurar los patrimonios son paraísos tributarios. Y ahí destaca Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware en Estados Unidos.

Los abogados explican que las razones detrás de que algunas personas de alto patrimonio abran cuentas en el extranjero para invertir su dinero fuera de Chile no significan que paguen menos impuestos a nivel local. Lo que se buscaría es diversificar y tener parte de su patrimonio en jurisdicciones que consideren más seguras. Los expertos afirman que cuando se habla de inversiones en el exterior significa que parte de su patrimonio lo pueden invertir en inmuebles en otros países, fondos, acciones fundaciones, o un trust, pero todo eso queda sujeto a regulación legal y tributaria en Chile.

Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, subraya que “el impuesto como está planteado genera un incentivo nocivo porque llevará a que las personas traten de ocupar vehículos más opacos. Es un impuesto al activo, no al patrimonio, y eso ha hecho que las personas estén pensando en estructurarse fuera de Chile o cambiarse de domicilio”.

El perfil de quienes están haciendo estas consultas son en general personas de un patrimonio alto, de alrededor de 50 años con familia, hijos en colegios o universidades, pero que no calificarían como “súper ricos”, pero sí con una situación “consolidada” que les afecta la falta de certeza jurídica que puede llegar a tener Chile.

Para no pagar rentas generadas en el extranjero se tiene que perder el domicilio en Chile y eso pasa cuando se pierde presencia física en el país -180 días fuera del país- y que el centro de intereses y generación de recursos esté en el extranjero. “Irse de Chile no es tan fácil. Hay más interés que antes, pero no es llegar y partir. Para perder la residencia fiscal hay que empezar a desprenderte de los activos. Si tienes familia, resolver cómo hacer el traslado. Analizar la situación tributaria del país al que se quiere llegar. No es trivial”, analiza Mena.

Por ello, los asesores tributarios sostienen que son pocas personas todavía, precisamente por las complejidades que se tiene hacerlo.

“Hay, pero bastante más tibias. Preguntan para ver las opciones que tienen. Lo hacen para estar al tanto de las opciones que tiene en caso de hacerlo. No existe ese ánimo de salir corriendo”, sostiene Soledad Recabarren, socia de Recabarren & Asociados.

Recabarren apunta a que hay un grado de preocupación de que este proyecto del impuesto a los “súper ricos” pueda pasar y que sea rápido. Pero para ella, ese no es el principal problema, sino que es que sea permanente. “Uno de los principales asesores de la oposición, Hernán Frigolett, dijo que este impuesto tiene que ser permanente. Y eso es lo que preocupa. A ello se agrega que se asume que vendrá nueva reforma tributaria”.

Javier Jaque, socio de Jaque & Orellana, puntualiza que “las personas no creen que este impuesto sea transitorio y por ello existe temor de lo que viene. Eso se suma a que una vez superada la pandemia pueda haber un nuevo octubre, es decir, otro estallido social. En el ambiente empresarial se está discutiendo eso”.