Un total de US$185,6 millones, 1,4% menos que en el año anterior, recaudó el impuesto verde, que grava las emisiones contaminantes de fuentes fijas, durante 2019.

Así lo revelan cifras del Ministerio del Medio Ambiente, que dan cuenta que en el tercer año de vigencia del tributo se logró una disminución en la emisión de todos los contaminantes sujetos a cobro, como CO2, que se redujo en 0,13%; MP, que disminuyó en 22%; SO2, que bajó 5%; y NOX, con un descenso de 6%.

En total, y después de tres años de aplicación del gravamen, se ha observado una reducción de emisiones de CO2 afecto y MP del 1,4% y 28% respectivamente, respecto del primer año de implementación del mismo.

“Esto, si bien no puede atribuirse exclusivamente al instrumento, evidencia en el tiempo un comportamiento a la baja en cuanto al impacto ambiental generado en la atmósfera por parte de este grupo de procesos productivos”, aseguraron desde el Ministerio del Medio Ambiente.

Según la ministra del ramo, Carolina Schmidt, este instrumento ha demostrado su efectividad. “En Chile, a lo largo de su operación, se han podido identificar acciones concretas por parte de los regulados, como ha sido el recambio de combustible, ajustes de procesos productivos que suman eficiencia y la instalación de sistemas de abatimiento de contaminantes, entre otros”, asegura la secretaria de Estado, aludiendo a que este impuesto no solo busca recaudar sino también, reducir las emisiones.

“Además, hemos conseguido una moderna infraestructura operacional, ya que poseemos protocolos de monitoreo, reporte y verificación de emisiones, así como todos los sistemas necesarios, de vanguardia a nivel regional, lo que constituye la base de un instrumento de estas características”, agregó la autoridad.

Respecto a las empresas que más debieron tributar por este concepto destaca el sector de generación eléctrica, específicamente la industria termoeléctrica, que explica el 94% de la recaudación, unos US$175,2 millones. Esta cifra es 1% menor al período 2008, lo que se relaciona con la operación propia del sistema eléctrico y el proceso de descarbonización que estableció el cierre de operación para algunas unidades.

Respecto a cómo debiera operar este impuesto durante 2020, Schmidt indica que si bien el país enfrenta una crisis, cuando esta esté superada “entraremos en una etapa de reactivación que debe ser sustentable, donde los planes de recuperación deben considerar como factor fundamental la crisis climática y su impacto social sobre las personas y el territorio”.