Informe asegura que los delitos que más preocupan a las empresas son los ilícitos de corrupción y medioambientales

Con un sondeo realizado a más de 13 sectores económicos, y en colaboración con la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la empresa auditora KPMG realizó una encuesta para conocer cómo las empresas han adaptado sus prácticas internas para cumplir con la Ley de Delitos Económicos (LDE).

Entre los resultados recabados, se evidencia que la industria que mostró un mayor nivel de desarrollo en cuanto a la aplicación de la LDE fue el sector de Energía y Recursos Naturales, donde un 64% aseguró estar muy preparado para cumplir con la ley.

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Por el otro lado, con un 14%, las compañías de servicios legales fueron las que menos contaron con las herramientas necesarias para la implementación de la normativa.

Dentro de la encuesta se constató que uno de los delitos que más preocupan a las empresas son los relacionados con la corrupción, donde el socio líder de Consultoría Legal y Tributaria de KPMG en Chile, Andrés Martínez, aseguró que “lo que vemos en este aspecto es que los porcentajes se distribuyen de una manera más o menos proporcional en las diferentes industrias, donde lideran aquellos ilícitos relacionados a sobornos y cohechos”.

El segundo delito que más preocupa a las empresas son los ambientales, seguidos por los informáticos, los laborales, los de mercados de valores, de secretos comerciales y los tributarios.

“La experiencia muestra que lo que se persigue en la práctica son los sobornos, sobre todo los públicos. El derecho penal económico es algo que genera movilización y eso está mucho más asociado a los delitos de corrupción cuando tienen que ver con el mundo político y público. No quiero decir con esto que sea el único ámbito de preocupación, pero es una cuestión que las empresas no pueden descuidar y va a seguir siendo un foco central del compliance”, comentó el director de Investigación de la Facultad de Derecho de la UAI, Javier Wilenmann.

Ante las medidas que han tomado las empresas para aplicar la normativa, el 92% aseguró haber adoptado acciones adicionales, como capacitaciones, incorporación de nuevas políticas internas y asesorías especializadas.

“Dentro de la encuesta, nos encontramos con actitudes muy positivas. Tratamos de profundizar en aquellas cosas que podían correlacionarse con las actitudes negativas, y pesquisamos que las organizaciones que declaraban contar con poco conocimiento de la ley y no tener procesos de capacitaciones, eran más bien las que tenían actitudes negativas”, expuso Wilenmann.

Entre los desafíos que reconocen las empresas para el otro año, está el revisar por primera vez los modelos de prevención implementados, además de corregir los errores y comenzar un proceso de mejora continua.

El 80% de las empresas indicó que los Modelos de Prevención de Delitos (MPD), son parte importante de su negocio o estrategia, lo que contrasta con el 12% de los negocios que lo evaluó sólo como una obligación legal.

“Estos porcentajes reflejan que las organizaciones valoran los MPD como elementos de su cultura y estructura organizacional, en lugar de verlos como simples instrumentos legales”, expuso Martínez.

En tanto, Wilenmann señaló que “la gran interrogante que tenemos en Chile actualmente es que nuestro sistema regulatorio no funciona como cualquier otro, en el que se están constantemente aplicando sanciones, sino que tiene la particularidad de que es penal, algo que las compañías quieren evitar a toda costa”.

De esta manera, agregó que “la preparación que tienen las instituciones desde el punto de vista de la implementación de estas reglas será crucial”.