El uso de testaferros y la creación de sociedades son los mecanismos más utilizados en el país para ocultar o disimular los dineros obtenidos ilegalmente.

Así lo detalló el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, que analizó las 229 sentencias definitivas condenatorias por el mencionado delito, que la justicia ha dictado entre 2007 y 2021, y que involucran a 464 personas naturales condenadas (319 hombres y 145 mujeres).

El documento, elaborado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con la colaboración de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado (ULDDECO) del Ministerio Público, se dará a conocer esta semana, en el marco de una nueva conmemoración del Día Nacional Antilavado de Activos, que se celebra cada 18 de diciembre para recordar la entrada en vigencia, en el año 2003, de la Ley N°19.913, que creó la UAF y modificó diversas disposiciones en materia de blanqueo de capitales, configurándose con ello la estructura normativa del Sistema Nacional Antilavado y contra el Financiamiento del Terrorismo.

Según la publicación, las sentencias por lavado de activos proveniente de la delincuencia organizada subieron de 136 a 164 (las personas condenadas, de 260 a 303); las ligadas a la corrupción, de 43 a 45 (los condenados, de 117 a 124); y las por delitos económicos, de 18 a 20 (las personas sentenciadas, de 35 a 37).

El tráfico de drogas y la malversación de caudales públicos siguen siendo los delitos precedentes con más dictámenes (134 y 24 sentencias, respectivamente). Sin embargo, y a diferencia del informe anterior, en el cual el fraude al Fisco y el contrabando ocupaban el tercer y cuarto lugar, en el documento de 2007-2021 se observa que la asociación ilícita desplazó a dichos ilícitos, situándose en el puesto número 3.

De las 229 sentencias, 226 se dictaron tras la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. De ellas, el 85,2% se obtuvo mediante procedimiento judicial del tipo abreviado, el 12,7% corresponde a juicios orales (ordinario) y el 0,9% a procedimientos simplificados.

Al analizar las sentencias se observa que el uso de testaferros y la creación de personas y estructuras jurídicas es lo más frecuentemente utilizado por los delincuentes para lavar activos en el país. Más atrás se ubican el fraccionamiento o “pitufeo”, el uso de profesionales legales y/o financieros (o “gatekeepers”), la emisión de boletas/facturas falsas, las operaciones ficticias (de compraventa de bienes o elaboración de contratos de arriendo o laborales ficticios) y el “black market peso exchange”.

Al desagregar la tipología de creación de personas y estructuras jurídicas, se aprecia que las sociedades de pantalla se encuentran presentes en el 28,7% de total de casos; las sociedades de fachada en un 27% y las sociedades de papel en un 13,1%.

En cuanto a los productos financieros más utilizados para blanquear, el informe destacó que son el dinero en efectivo, las cuentas bancarias y las transferencias electrónicas (nacionales e internacionales). Luego figuran los créditos, los cheques, los vales vista, las boletas y facturas.

Al igual que en el informe anterior, los sectores más vulnerados en los procesos de lavado son los notarios y las automotoras. Sin embargo, esta vez, los conservadores de bienes raíces desplazaron a los bancos del tercer lugar.

Desde la UAF explicaron que las automotoras no son entidades supervisadas por la institución, ya que no forman parte del listado que expresamente regula el artículo 3° de la Ley N°19.913. Por tanto, no están legalmente obligadas a adoptar sistemas de prevención y de detección del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Según el VIII Informe de Tipologías y Señales de Alerta, las 229 sentencias han generado multas por $23.263 millones, equivalente a unos US$27, 4 millones. El 99,7% del total se concentra en tres delitos base: contrabando (76,0%), los relacionados con la corrupción (19,3%) y el tráfico de drogas (4,4%).

Por su parte, el valor del comiso asciende a $13.465 millones (unos US$15,8 millones): $5.385 millones corresponden a 153 bienes inmuebles (78 de los cuales ubicados en la Región Metropolitana), $4.236 millones a dinero (billetes, monedas, divisas y bancario), $3.726 millones a 407 vehículos, $21,8 millones a dos maquinarias y $97 millones a otros activos (incluye monedas de oro y derechos de llave, entre otros).

De esta manera, el impacto de las sentencias por lavado de activos asciende a $36.728 millones, entre multas y decomisos.

El estudio agrupó la información de las 229 sentencias definitivas condenatorias por lavado de activos en 122 casos, a través de los cuales se identifican los diversos mecanismos que se han utilizado para ingresar activos de origen ilícito a la economía chilena (sectores económicos vulnerados, productos financieros utilizados, personas y estructuras jurídicas involucradas, señales de alerta, tipologías, delitos base, etcétera).

La valoración de las penas de comiso, sobre la base de las sentencias definitivas condenatorias, y respecto de los bienes situados en Chile, permite estimar, de forma aproximada, el valor económico de los activos que los Tribunales de Justicia han determinado que han sido lavados en el país.