Informe LyD: menos del 8% del presupuesto de las regiones se define en la propia región

Una importante advertencia de cara al proceso de elección de los gobernadores regionales que ocurrirá en dos años más, lo que implicará su convivencia con autoridades del gobierno central realizó el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), a propósito de los recursos asignados en el Presupuesto 2019 a las regiones.

De acuerdo con el documento, para el próximo año, los gobiernos regionales contarán con US$1.275 millones para inversión, de los cuales, 84% son distribuidos a regiones en la propia Ley de Presupuestos.

Esto, a su vez , se pueden distribuir en tres líneas. En primer lugar, ingresos propios (patentes, venta de inmuebles, derechos de explotación y zona franca), que representan el 9% del total de las regiones en su conjunto, de los cuales la Subsecretaría de Desarrollo Regional (organismo dependiente del Ministerio del Interior encargado de la materia) no tiene mayor injerencia.

En segundo lugar, están los fondos mediante transferencias, entre los que están el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), Fondo de Inversión y Reconversión Regional (FIRR) y el Fondo de Apoyo Regional (FAR), que representan el 77% del total de ingresos de la inversión regional.

Sobre éstos, LyD advierte que si bien los criterios de distribución están en el artículo 76 de la Ley de Gobiernos Regionales, no se encuentran disponible los coeficientes para su seguimiento, existe una limitada definición (como en caso del FIC), no se tiene claridad de sus asignaciones (como el FAR, más conocido como fondo espejo de Transantiago), o se utilizan los mismos criterios del FNDR (como el caso del FIRR).

En tercer lugar están Otros programas de Subdere que representan el 14% de la inversión redistribuida, pero tampoco sin criterios claros de definición y con una alta discrecionalidad.

Finalmente, están los programas de transferencia, interregional, cuyos criterios, afirma LyD, tampoco están suficientemente claros.

Así, sostienen, del total de recursos destinados a regiones para sus programas de inversión, "el 28% admite importantes espacios de discrecionalidad en su asignación. Se conocen algunos lineamientos de cuáles son los criterios sobre aproximadamente un 64%, pero no es de fácil acceso los coeficientes que dan origen a ello y por ende resulta difícil evaluar en forma objetiva cómo se distribuyen estos recursos".

En ese contexto, agregan "sólo un 8% del total de los recursos de inversión de los gobiernos regionales no pueden ser afectados por decisiones discrecionales por parte de la autoridad central, tanto en su monto total como en su distribución entre regiones. Ello no es compatible con autoridades regionales electas ya que ello tensionará la relación entre regiones y el nivel central".