El reporte de infraestructura del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) entorno a la ejecución de presupuestos y la inversión pública del gobierno central en las carteras de Obras Públicas, Vivienda, Interior, Salud y Educación, reveló una brecha entre los recursos disponibles para obras públicas y la capacidad de ejecución de los ministerios.

Considerando los años desde el 2006 al 2023, el informe muestra que en los últimos gobiernos los recursos disponibles para inversión en obras públicas han ido aumentando de forma sostenida. La única excepción a esto fue en el 2014 y el 2017, ambos en gobiernos de Michelle Bachelet, aunque la caída del 2014 fue compensada el año siguiente con la mayor alza histórica de 31,45%.

Si bien se ha constatado el alza continua en los recursos, el CPI constató que esto no siempre ha ido de la mano con una mayor ejecución de los presupuestos. “La capacidad de inversión de las agencias ejecutoras ha aumentado más lentamente que los montos asignados para tal efecto”, afirmó el consejo. De hecho, las cifras analizadas muestran que en los últimos cuatro años, al ejecución ha estado por debajo del 90% de la asignación presupuestaria para inversión.

En detalle, la ejecución presupuestaria del presupuesto para infraestructura en los últimos dos años alcanzó un 89,3% y 83,7% en 2022 y 2023 respectivamente, pero estos son los más altos de la historia, equivalentes a $9.179.152 millones y $8.535.511 millones cada uno. Lo anterior, debido al aumento de recursos contemplados en la Ley de Presupuestos, según explica el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz. En ambos años, el presupuesto rondó los $10.200.000 millones.

En promedio la ejecución entre el 2006 y el 2023 fue de 96,9%, impulsado a la baja principalmente por los años posteriores al 2019, cuando se ejecutó el 100,1%. Luego de esto, la ejecución no ha superado la barrera del 90%.

El informe del CPI además hace la comparativa por gobiernos. La administración del Presidente Gabriel Boric llega en lo que va de su periodo un 86,5%. Ambos gobiernos de Michelle Bachelet fueron los que tuvieron un mayor porcentaje de ejecución, con un 106,5% en el primero y 98,6% en el segundo. El primer gobierno de Sebastián Piñera, en tanto, alcanzó un 95,6% en el primero y un 92% en el último.

Las cifras son dispares, dicen desde el CPI. Entre los ministerios considerados para este informe, el que tuvo una mayor ejecución presupuestaria para obras públicas en el 2023 fue el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con un 98,6%, sumando $2.900.163 millones de un total de $2.940.348 millones.

A este le sigue el Ministerio del Interior y Seguridad Pública que alcanzó un 96,9%, aunque con un monto considerablemente inferior, equivalentes a $477.176 millones de un total de $492.193 millones. Este es el presupuesto más bajo de los 5 ministerios en cuestión.

Los otros tres ministerios tuvieron una ejecución de la Ley de Presupuestos muy inferiores, por debajo del 80%. El menor de estos corresponde al Ministerio de Salud con apenas un 63,3%. Esto es $601.734 millones, versus los $950.146 millones disponibles para proyectos de infraestructura.

El Ministerio de Educación alcanzó un 74,7%, es decir, $367.701 millones, de $492.483 millones disponibles. El Ministerio de Obras Públicas (MOP), por su parte, tuvo un 76,5% de ejecución, equivalente a $$3.367.041 millones, versus los $4.403.420 millones contemplados en la Ley.

“En el caso del MOP la menor ejecución se explica por el aumento de recursos otorgados en la Ley de Presupuestos”, explica Cruz.

“El desafío para este año es elevar el nivel de ejecución, tal como la ministra de Obras Públicas anunció en su último reporte al Congreso. Alcanzar el 41% de ejecución durante los primeros seis meses del año es récord para esa cartera”, agrega.

Con estos números que evidencian una distancia que cerrar entre la capacidad de ejecución de obras públicas y los recursos disponibles, el CPI planteó una serie de propuestas con el fin de aumentar la ejecución presupuestaria.

En ese sentido, propuso que los proyectos de infraestructura de carácter estratégico puedan ser declarados como “prioridad presidencial”, con el fin de aumentar la inversión. Desde el consejo aseguraron que la infraestructura pública es esencial para recuperar la capacidad de crecimiento.

En segundo lugar, el CPI planteó la creación de un Consejo Asesor Presidencial de Infraestructura, que sea independiente a las carteras. La labor de este organismo es identificar las políticas públicas de carácter nacional y regional; proponer Plan Nacional al Presidente de la República; y generar las coordinaciones entre las agencia ejecutoras.

Cruz enfatiza la importancia de esta nueva institucionalidad, pues la complementariedad entre las inversiones llevadas a cabo por las diferentes agencias ejecutoras “es fundamental para aumentar el alcance de las iniciativas desarrolladas y la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a infraestructura”, concluyó.