Ex subdirector de Racionalización y Función Pública Dirección de Presupuestos, Jorge Rodríguez: "Van 10 años y mantenemos el déficit estructural. Las clasificadoras tomaron nota y bajaron el rating"

Es consultor asociado del Observatorio Fiscal, responsabilidad que asumió al dejar su cargo como Subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos. Jorge Rodríguez Cabello también integra hoy el Consejo Fiscal Asesor (CFA) y desde esa posición analiza la situación actual.

¿Cómo ha visto el desempeño fiscal de la actual administración?

-Es bueno reconstruir la historia reciente de la política fiscal en Chile para entender en qué momento estamos. Hasta 2007 Chile tenía una de las posiciones fiscales más sólidas de todo el mundo. En 2008 y 2009 fue la crisis internacional, se hizo un plan de estímulo fiscal ampliamente apoyado. Después fue el cambio de gobierno, vino el terremoto y el estímulo fiscal se mantuvo por la reconstrucción. Vino el nuevo gobierno, se plantea una reforma tributaria para converger al equilibrio estructural, pero tampoco se cierra esa brecha.

Gasto inelástico...

-Han pasado 10 años y mantenemos el déficit estructural. Las clasificadoras de riesgo tomaron nota de eso y nos bajaron el rating. Se podría decir que en este momento se debe converger a una situación de equilibrio. El plan de 2009 tenía elementos que debieron haber sido transitorios como bonos e inversiones, pero es difícil recortar el gasto por presiones políticas.

¿Es alto el nivel de gasto hoy que el gobierno lo corrigió a 4,5%?

-Para la política fiscal chilena, lo más importante es mirar el balance estructural más que el gasto en sí mismo. En la medida que vaya convergiendo hacia un equilibrio se va en la senda correcta.

¿Es correcto el ritmo elegido por el gobierno de reducirlo en 0,2% por año?

-En la discusión de si se puede ir más rápido o más lento lo que hay que mirar es si sólo se está haciendo una mejora estructural porque mejoran los parámetros del precio del cobre o del PIB tendencial o hay un esfuerzo de control de gasto propiamente tal. Es una meta cumplible, se podría haber esperado algo más exigente, pero hay muchas presiones sociales y ciudadanas por más gasto, es complejo crear conflicto ciudadano en áreas sensibles como educación y salud, donde la presión de gasto muy fuerte.

La Dipres hizo un diagnóstico sobre la deuda en Salud, pero sigue siendo un problema irresoluto, ¿cómo debería abordarse?

-Lo primero es reconocer que hay un problema de gasto estructural que ningún gobierno ha podido controlar y por lo tanto, requiere cirugía mayor. La solución no es simplemente financiar los déficits de los hospitales de manera ex post, porque el incentivo de eso es gastar sin límites y compite con otras necesidades de la ciudadanía. Y tampoco es políticamente viable poner un control ultra estricto y que en septiembre se le acabe la plata a un hospital y deje de funcionar.

¿Se debe reconocer la presión de gasto como piso del presupuesto en salud?

-La experiencia muestra que si se reconoce un nivel de gasto, rápidamente pasa a un escalón de mayor gasto aún. Tampoco se puede dejar de pagar el gasto ya incurrido, la solución definitiva debiese pasar por una reingeniería del gasto.

El gobierno envío el proyecto que entrega autonomía al Consejo Fiscal Asesor (CFA), ¿cuál es su evaluación de esa iniciativa?

--Nosotros fuimos invitados a la Cámara de Diputados a dar nuestra opinión, no quisimos opinar como CFA, sino como expertos. Valoramos que se cree por ley y no quede al arbitrio de un decreto.

¿Y sobre la designación del presidente del CFA por parte del Ejecutivo?

--Varios de los expertos opinaron que debía ser designado por votación en el Senado para reafirmar su independencia.

También se aprobó que el CFA pueda exponer sus informes al Congreso.

-Es bueno que los informes del CFA sea públicos y sean expuestos al Congreso, pero no hay que confundir las necesidades del propio Congreso de contar con una asesoría experta con el rol del CFA. El Congreso no debería pedirle al CFA que les haga asesoría, pero sí le puede pedir transparencia.

Hay todo un debate acerca del empleo público: que es mucho, que los sueldos son muy altos. Como ex director de Racionalización, ¿cómo ves el tema?

-El debate muchas veces está cargado de ideología. Un dato es que en la última década, el gasto en personal en el sector público se ha mantenido en 20% del gasto total, por lo tanto, ha aumentado a la par. Y los que más han aumentado son educación y salud, intensivos en personal. Por lo tanto, cada vez que se refuerza el área salud y educación se gasta más en personal.

Pero los sueldos son más altos...

-En la década los salarios del sector público han crecido más que el resto de la economía. El punto es que se quiere atraer a los mejores profesionales al sector público y para ello, se debe tener sueldos competitivos: queremos tener buenos médicos, buenos abogados, buenos ingenieros. Si se compara salarios públicos y privados, a nivel directivo hay mejores salarios en el sector privado. A nivel profesional están más parejos.

El gobierno anterior hizo un acuerdo con la ANEF de traspasar trabajadores de honorarios a contrata. ¿Debería continuar eso?

-En Dipres se inició un plan bastante exitoso y sería importante que este gobierno pudiera completar esa meta, porque en caso contrario, lo más probable es que esos casos terminen en tribunales. Hay una tendencia al alza de casos de funcionarios a honorarios demandando al Estado y los fallos les están siendo favorables.

¿No debería haber funcionarios a honorarios en el Estado?

-La meta debiera ser que no haya más funcionarios a honorarios en condiciones de subordinación y dependencia, sólo para consultorías esporádicas. Un funcionario que tiene una jefatura y marca horario debe estar a contrata y cuando se traspasa, ese cupo no debe ser llenado. Hay que avanzar hacia un Estado que no tenga trabajadores a honorarios.

Otra parte de los acuerdos era avanzar en negociación en el sector público, pero no se logró...

-Se tiene que hacer por acuerdo. Es un aspecto que podría afectar a 800 mil trabajadores y las asociaciones tienen opiniones diversas. Hay que poner de acuerdo a muchos mundos y sería bueno empezar a hacerlo y que madure cuando deba madurar, porque esto ya no forma parte de un estado moderno.