José Ramón Valente: “A la gente le da vergüenza decirlo: el modelo de desarrollo estaba funcionando bien”

De regreso en Econsult, José Ramón Valente, exministro de Economía, se reinstaló en la firma de asesoría y gestión de inversiones que tuvo que dejar cuando el Presidente Sebastián Piñera lo convocó para ser parte de su primer gabinete. Siete meses han pasado desde su salida del gobierno y, por ende, tiene la independencia para opinar y entregar su visión sobre el estallido social y el modelo económico que hoy se encuentra en entredicho.

Actualmente comparte sus labores en Econsult con la presidencia de la Fundación Chile. "Voy a seguir en la fundación hasta que el Presidente lo estime, porque este es un cargo de confianza del Presidente. No es un cargo ejecutivo, y por ello es perfectamente compatible con otras actividades", afirma el economista.

En su vuelta a la compañía que ayudó a fundar, Valente precisa que ahora tiene un rol distinto en la presidencia, por lo que Francisco Mozó y Gonzalo Sanhueza mantendrán las labores más ejecutivas.

Usted cuando salió del gobierno dijo que si hubiera sido más populista quizá no lo hubieran sacado. En ese sentido, ¿cómo ha visto el manejo de la crisis por parte del gobierno?

-El programa de gobierno post octubre cambió completamente. Nosotros entramos con una épica muy clara que era transformar a Chile en la primera nación de Latinoamérica capaz de tener una calidad de vida de país desarrollado. Ahora, el programa de gobierno es distinto, está enfocado en fortalecer las instituciones, reducir la violencia, al proceso constituyente; por lo tanto tiene un énfasis distinto. Es muy difícil de comparar las dos situaciones. Es como si hubiese partido un nuevo gobierno.

¿Por qué falló el programa original del gobierno, o era difícil de anticipar el estallido social?

-El porqué se produjo este estallido social, el momento y la forma en que explotó quedará para los historiadores. Lo que sí tenemos claro, es que tuvimos una debilidad institucional muy importante para enfrentar esta crisis de manera civilizada. Tener demandas sociales y expresarlas es muy legítimo, pero expresarlas con violencia, destrucción, no me parece legítimo. En muchas partes se producen manifestaciones, pero el apoyo a la violencia o la tolerancia que hubo y, sobre todo, en una parte de la clase política, es algo inentendible.

Se cuestiona el modelo económico del país, ¿qué opina de esa crítica?

-Nuestra estrategia de desarrollo económico, basada en el libre mercado, ha dado grandes beneficios a los chilenos, entre ellos la reducción de la pobreza y la desigualdad, un significativo aumento del bienestar material, mayor acceso a la educación y puede seguir dándolos. El principal problema de nuestra institucionalidad económica es que los bullados casos de colusión han generado una sensación, a mi juicio exagerada, de que en Chile todos los mercados son poco competitivos y que la generación de riqueza es ilegítima. Necesitamos más competencia, menos barreras de entrada y eliminar los privilegios regulatorios que tienen algunas empresas, para legitimar la creación de riqueza y reducir la sensación de abuso que tienen los ciudadanos y que en muchos casos es perfectamente justificada.

Usted dice que el modelo ha sido exitoso, pero esa visión no es compartida por todos. De hecho, una de las demandas es cambiarlo, porque existe la sensación de que hay dos tipos de ciudadanos: uno que progresa y otro que se está quedando rezagado. ¿El modelo creó ciudadanos de primera y de segunda categoría?

-No, es una caricatura que no existe. Cuando se miran los beneficios del desarrollo, estos les llegaron a todos los chilenos. A unos más, a otros menos, y sin duda hay chilenos más ricos y otros más pobres, pero hace 30 años había 4 millones de personas viviendo en campamentos, y hoy día son 100 mil. Antes había 100 mil personas que iban a la universidad, y ahora un millón 300 mil. Cuando el ingreso del decil más bajo subió cuatro veces más que el más alto, no se puede decir que no les estaba llegando el desarrollo. Cuando uno de los problemas de Chile era la desnutrición infantil y ahora es la obesidad, no puedes decir que no ha llegado el desarrollo. Esa caricatura que el progreso económico le estaba llegando a algunos y a otros no, no me la compro.

Pero mucho de ese acceso a bienes y servicios se debió a que las personas pudieron acceder al crédito y se endeudaron eternamente...

-Estar endeudados no es malo, estar sobreendeudado es lo malo. El acceso al crédito es un privilegio que en los países pobres lo tienen solo los de mayores ingresos. En el Chile de hace 30 años, solo quienes tenían "pituto" lo podían hacer, en cambio ahora la mayor parte puede. Además, las clases medias viven estresadas en todas partes del mundo, eso es cierto, pero viven mejor que cuando están en la pobreza. La esperanza es que sus hijos vivan mejor que ellos y los hijos de sus hijos mejor que sus padres. Esa es la esperanza, el resto es magia que no existe. Así ha sido el proceso de desarrollo en el mundo.

Pero por alguna razón explotó la crisis.

-El modelo es mejorable. Todavía hay algunos privilegios, eventos de monopolio, no somos un país perfecto, pero somos un mejor país de lo que éramos hace 30, 20 o 10 años. A la gente le da vergüenza decirlo: el modelo de desarrollo de la economía chilena estaba funcionando bien.

¿Qué modificaría para salir de la crisis?

-Si tuviera que priorizar, pondría antes en la lista fortalecer instituciones como Carabineros, el Ministerio Público y los límites a la reelección de los parlamentarios, que los ajustes siempre requeridos a la estrategia de desarrollo económico. Un Estado que no puede garantizar que sus ciudadanos vivan y convivan en paz, es un Estado fallido. Un sistema político en que los representantes del pueblo destinan más tiempo y esfuerzo a mantenerse en el poder, más que a hacer buenas políticas públicas, termina deslegitimándolo la democracia.

¿Ha fallado el estado de derecho en Chile?

-Un Estado donde la sociedad civil y una parte de sus propias autoridades avalan la violencia, es una sociedad que no puede funcionar bien. Ojalá lo podamos recuperar, no es irreversible, pero es una herida que nos va a acompañar. Y desde lo económico, la herida es brutal. Habrá menos inversión, menos productividad y afectará el bienestar de la ciudadanía.

¿Le faltó al gobierno actuar más rápido con una agenda antiabusos, lo que denota una desconexión con las demandas de la ciudadanía?

-No es que hubiera una desconexión total del gobierno, sino que quizás los énfasis no fueron los necesarios. Pero la agenda estaba y los proyectos estaban. El 24 de enero de 2019 se envió un proyecto de ley proconsumidor para eliminar asimetrías y abusos entre consumidores y proveedores de bienes y servicios. Lamentablemente, después de un año en el Congreso, el proyecto solo ha avanzado a su segundo trámite y se le cercenaron elementos importantes, como la receta electrónica obligatoria. Una muestra más de que las prioridades de los políticos muchas veces difieren de las prioridades de los ciudadanos. Además, en agosto de 2018 se creó OPEN (Oficina de Productividad y Emprendimiento Nacional) para eliminar paulatinamente todos los privilegios regulatorios de nuestra economía, fomentar el emprendimiento y eliminar las barreras de entrada. A junio de 2019, OPEN había identificado cerca de 1.600 regulaciones que requerían modernizarse o reemplazarse y ya se había avanzado en un centenar de ellas.

¿Cómo perfila la discusión constitucional y cree que resolverá en parte los problemas del país?

-Esa es otra muestra de la desconexión entre el mundo político y la ciudadanía. Hoy le estamos dedicando un esfuerzo muy grande al tema de que se necesita una nueva Constitución, pero cuando uno le pregunta a la gente cuáles son sus prioridades, son más bien pensiones, salud, trato justo, salarios, empleo y la Constitución está bastante atrás. Sin embargo, el mundo político se las arregló para hacer de este tema el más relevante.

¿Puede generar incertidumbre este proceso?

-Tenemos un proceso de dos años que nos traerá incertidumbre en lo económico, porque estaremos preocupados de un tema que es muy relevante para el futuro de largo plazo de Chile. Este nivel de incertidumbre hará que se frenen de manera importante las decisiones de inversión. Tomar decisiones de inversiones importantes en medio de un proceso constituyente y que,además está flanqueado por estallidos de violencia, es difícil.

También se ha dicho que con este nivel de violencia es complicado realizar el proceso de plebiscito.

-Eso es parte de la incertidumbre, pero esta es la hoja de ruta y hay que hacer lo mejor posible para tener la mejor Constitución. Ahora, si gana la opción No, creo que se deben hacer igual reformas y estos cambios someterlos a plebiscito, para de esa manera, hacer parte a la ciudadanía.

Para el plebiscito, ¿cuál es su posición personal?

-El voto hay que guardárselo, porque no agrega mucho. Soy un voto más. Más allá de si es convención o comisión mixta, lo importante es que la gente que sea electa esté bien preparada para tener una buena Constitución.

La economía creció 1,1% en diciembre, sorprendiendo al mercado y al gobierno, el que celebró las cifras. ¿Usted ve un repunte?

-En crecimiento y en empleo no hay nada que celebrar. Con las proyecciones actuales, a diciembre de este año los chilenos tendremos US$ 1.000 menos de ingreso per cápita como consecuencia de la violencia e incertidumbre generadas a partir del 18 de octubre. Si agregamos el empobrecimiento generado por el aumento del tipo de cambio, la cifra aumentaría a US$ 3.500. Más dramático aún resulta constatar que, de haber seguido la trayectoria proyectada para la economía antes del 18 de octubre, a diciembre de este año tendríamos más de 200 mil chilenos con contratos de trabajo que ya no existirán. De hecho, las cifras de empleos informales ya alcanzaron un nivel récord en diciembre pasado.

¿Cómo afecta el menor crecimiento a la agenda social que está impulsando el gobierno?

-Toda la recaudación que va a producir la reforma tributaria ya se perdió por el menor crecimiento esperado para la economía. En efecto, de haber continuado el ritmo de crecimiento que traía al tercer trimestre de 2019, la economía chilena habría generado en 2020 una recaudación de impuestos superior en US$ 1.500 millones, a la que efectivamente vamos a tener (pre reforma tributaria), y el 2021 esa diferencia ascendería a US$ 2.700 millones. La reforma tributaria en régimen va a recaudar US$ 2.200 millones. Pero para 2020 y 2021 solo recaudaría US$ 400 millones y US$ 1.100 millones, respectivamente. En otras palabras, para 2020 y 2021 la recaudación de impuestos que habría producido el crecimiento económico que se perdió, más que duplica la recaudación que va a producir la reforma tributaria.

Si bien el ministro de Hacienda ha señalado que no habrá otra reforma tributaria, los parlamentarios de oposición siguen insistiendo en la necesidad de allegar mayores recursos, ¿se abrirá un nuevo debate?

-Inevitablemente habrá esa discusión, pero no creo que sea exitosa. Los impuestos corporativos en Chile son más altos que el promedio de los países de la Ocde. El IVA en Chile también es alto y es regresivo. Las tasas marginales de impuesto a la renta están entre el 40% y el 44%. El impuesto al patrimonio ya se aplica en varias formas: contribución de bienes raíces, impuesto a la herencia y patentes comerciales. De acuerdo a la evidencia internacional, no habría mucho espacio para recaudar más con tributos de esa naturaleza. El número de países de la Ocde que tiene impuestos al patrimonio se ha reducido desde 14 a cinco en los últimos 10 años. Y los que aún lo conservan, recaudan menos de medio punto del PIB. La única excepción es Suiza, que recauda casi 1% del PIB.

¿Entonces según usted no hay ningún impuesto para subir que recaude?

-La única forma efectiva de aumentar significativamente la carga tributaria en Chile, sería a través de impuestos a la renta a la clase media. Dado el actual nivel de desarrollo y las angustias financieras que tiene nuestra clase media, no veo posible avanzar significativamente en esa línea. Me parece políticamente imposible establecer un impuesto a la renta del 25% a personas que ganan $ 900 mil y que hoy pagan un 1% de impuesto. Por lo tanto, insistir en establecer un Estado de Bienestar tipo europeo, sin las fuentes de ingresos necesarias para solventarlo, es irresponsable y nos llevaría indefectiblemente a una crisis de las finanzas públicas.