“Estamos en recesión”, afirma tajante el economista Juan Andrés Fontaine. El exministro de Economía y de Obras Públicas de Sebastián Piñera y clave articulador en la negociación tributaria del último gobierno de Michelle Bachelet, desmenuza el actual momento económico del país y el debate público que han marcado las conversaciones entre el gobierno y la oposición sobre el denominado pacto fiscal que lleva adelante el ministro de Hacienda, Mario Marcel. “Le veo mal pronóstico a este concepto de pacto tributario tal como está definido. Tiene objetivos muy vagos”, afirma también el consultor macroeconómico y socio principal de Fontaine, Uriarte y López, su nueva consultora de asesorías a empresas y proyectos de inversión.

El economista de la Universidad de Chicago también dice que el “tratamiento” antiinflacionario del Banco Central ha sido exitoso y alerta por el deterioro del crecimiento potencial de la economía. Si bien afirma que la gestión del gobierno de Boric ha sido deficiente, alaba la dirección dada por Hacienda a la política fiscal.

¿Qué le parece que el gobierno haya decidido negociar con empresarios antes que con el Congreso la reforma tributaria? ¿Es una buena táctica?

-No es lo que corresponde. El gobierno tiene que negociar esto con el Parlamento, con toda la asesoría técnica del caso, incluyendo también la visión de los organismos gremiales y con toda su experiencia en la economía real. Con todo, es válido que los gremios conversen si un ministro los convoca. Están en todo su derecho a plantear sus inquietudes y su visión, pero no me parece que entren en el terreno de negociar las soluciones.

El rector de la UDP, Carlos Peña, deslizó en una columna reciente que esta estrategia del gobierno exponía a los empresarios como un poder fáctico…

-La expresión poder fáctico aludiría a que ellos tendrían la capacidad de imponerse y eso no es así, porque siempre esto termina en una ley y lo que se impone ahí son las mayorías parlamentarias. Está bien que se escuche a distintos sectores junto a argumentos racionales que surgen de un análisis económico de la propuesta, para que finalmente sean los legisladores quienes tomen las decisiones en base al bien común.

Usted negoció la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet…

-Lo que hicimos fue discutir modificaciones técnicas al proyecto original, las que finalmente fueron aprobadas y negociadas por senadores de RN y la UDI con el ministro de Hacienda de la época. Hay que recordar que en 2014 el gobierno de Bachelet II envió, a menos de tres semanas de iniciada la administración, el proyecto de ley de reforma tributaria a la Cámara, y a mediados de año ya estaba el proyecto en el Senado. Ese fue el momento en que entré.

Negociaba a nombre de parlamentarios...

-Así es. Fui formalmente designado en ese rol por la bancada de parlamentarios de Renovación Nacional y me entendía para esos efectos con el senador José García Ruminot, quien era la cabeza en materia económica de los senadores de RN, porque era miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, y también con Andrés Allamand.

Esa etapa se acuñó negativamente como “la cocina” de la reforma, a propósito de las reservadas negociaciones que hubo entre técnicos y políticos de la época. Pero hoy se sigue haciendo “cocina” en las negociaciones de la reforma...

-Nunca entendí esa connotación que se le dio. En todo régimen democrático en el cual hay que contar con acuerdos, se hacen negociaciones, se discute, se persuade, se consiguen los votos. Para efecto de tomar decisiones, las distintas bancadas representadas en el Parlamento se apoyan en sus expertos y técnicos. Si a eso se le llama cocina, no tengo problema con ese término; tengo gran respeto por la “gastronomía”.

¿Qué le parecen las señales del gobierno en torno a promover la reforma tributaria como un pacto fiscal que implique ajustes de gastos en el Estado?

-La estrategia del gobierno ha sido muy confusa en materia tributaria desde un comienzo. Pretendía subir en cuatro puntos del PIB la recaudación, como si eso fuera un fin en sí mismo o si el objetivo fuera acercarnos a ciertas metas de recaudación de países desarrollados, en circunstancia de que subir los impuestos es siempre ingrato y genera daños indirectos a la economía.

En consecuencia, se tienen que hacer esas propuestas con programas de gastos bien evaluados, que satisfagan demandas de la ciudadanía, con proyectos socialmente rentables. Para esos proyectos se tienen que buscar financiamientos y no fue lo que se hizo. Estos cuatro puntos del PIB se decían que iban a fortalecer los gastos de investigación y desarrollo, a la PGU, al sistema de cuidados, las listas de espera en el sistema de salud. Después apareció que esto era para el CAE, para la deuda histórica de los profesores, para seguridad... Finalmente, en la cuenta pública, el Presidente Boric mencionó la reforma tributaria como 10 veces, como si fuera la solución para casi todos los problemas.

La fórmula debe ser que si el gobierno tiene proyectos específicos de gasto que concitan acuerdo político, hay que ir adelante con esos proyectos y se tienen que identificar las fuentes de financiamiento.

Una cosa distinta es si se quiere hacer una reconfiguración del sistema tributario, subir la carga, cambiar los énfasis. Ahí vale la pena enfocarlo como un pacto tributario, ya que por definición se hace con una perspectiva del largo plazo, donde debe haber un apoyo muy transversal a esas propuestas, y exige un análisis integral.

Teniendo en cuenta que al gobierno tiene poco tiempo para aprobar una reforma tributaria sin que se mezcle con la crispación política propia de las elecciones, ¿cuál es su pronóstico sobre el resultado de esta reforma o pacto fiscal?

-Le veo mal pronóstico a este concepto de pacto tributario tal como está definido. Tiene objetivos muy vagos. Está inserto, además, en una programación fiscal que lleva el déficit fiscal a cero el 2027 y no he visto una discusión inteligente sobre si vale la pena hacerlo. Todos los países del mundo operan con algún déficit fiscal. Hay que ver si es necesario apretarse tanto el cinturón. Toda esta discusión se ha hecho de manera muy liviana.

Estoy de acuerdo en que hacer bien la reforma requiere tiempo y, probablemente, ya se ha perdido un tiempo precioso por parte del gobierno. De todas formas, eso no impide discutir y aprobar proyectos específicos que sean de interés del gobierno, como el de sala cuna universal con su financiamiento. Lo mismo pasa con un aumento de la PGU, que es más caro y complejo.

De todas formas, es valioso que el ministro incluya como parte de un eventual pacto fiscal una garantía de invariabilidad tributaria. Pero ello no podría ser sólo un compromiso político, sino que debe formalizarse en un contrato ley al estilo del que establecía el DL 600 para la inversión extranjera. Una fórmula semejante para proyectos de inversión de gran interés nacional, abierta también a inversionistas locales, me parecería una buena idea.

¿Está el clima político y económico para sacar adelante una reforma previsional?

-Es muy prioritario. A diferencia de lo tributario, hay que hacer con urgencia una actualización de las cotizaciones previsionales y hay consenso en el alza de los 6 puntos de mayor aporte. La única razón por la cual ese acuerdo no se traduce en una decisión política es porque se quieren agregar cambios adicionales. Entonces deberíamos hacer primero esto y luego discutir los cambios adicionales en su propio mérito, de manera de no seguir perdiendo el tiempo. De todas formas, como la subida de la cotización impacta sobre los costos laborales, esto no se puede hacer en ningún caso de la noche a la mañana. Debe hacerse gradualmente a lo largo de seis años o más.

¿Cómo calificaría el actual momento económico? ¿Hay recesión, estancamiento, vamos de menos a más?

Normalmente se definen las recesiones como dos trimestres consecutivos con caídas del producto, pero esa es una definición muy estrecha. En Estados Unidos la definición más técnica de lo que es una recesión no es esa, sino la que opera el National Bureau of Economic Research, que considera un conjunto de indicadores. En Chile no hay nada parecido, pero si se toma un conjunto de indicadores, diría que en Chile estamos en recesión desde mediados del año pasado. Es cosa de ver lo que está pasando en el comercio, en la construcción, en el sector inmobiliario, en el empleo para ver que estamos en recesión.

De todas formas, es perfectamente natural que estemos en recesión porque estamos en un proceso de combate contra la inflación y la inflación, en la generalidad de los casos, se cura con recesión. Hay un tratamiento antiinflacionario que está siendo exitoso y en ese sentido estoy optimista.

Pero el gran problema en Chile es el debilitamiento del crecimiento potencial. En vez de un pacto tributario, el ministro Marcel debería estar haciendo un pacto proinversión. Hay US$80 mil millones de proyectos de inversión contabilizados en el Ministerio de Economía y la gran mayoría de ellos están retrasados e interrumpidos.

Hay un gran desafío para el gobierno y los privados de materializar grandes oportunidades de inversión en minería, energía e infraestructura, y ahora ello puede ser viable si, como espero, el desenlace del proceso constitucional es el fin de la incertidumbre sistémica nacida el 18-O.

¿Cuál es su opinión sobre lo que se ha hecho en materia monetaria para controlar la inflación?

-Se ha hecho lo correcto en cuanto a enfrentar con decisión la inflación. Siempre se puede discutir si la tasa de interés debería haberse subido tanto. Independiente de eso, había que enfrentar con dureza la inflación. Una vez hecho el esfuerzo, hay que mantenerlo hasta que sea claro el progreso. Si bien se están viendo progresos, aún no es suficiente. Lo peor en este momento es declarar victoria antes de tiempo.

¿Ve riesgo de un sobreajuste?

-Siempre existe ese riesgo. La economía está debilitándose, estamos en recesión, así que hay que mirar eso con cuidado. Si se agudizaran esas tendencias, eso habría que meterlo en la coctelera para ver qué se resuelve, pero hasta ahora no veo grandes señales de sobreajuste, ni en el empleo ni en la actividad económica ni en la situación financiera, pese a tasas de interés muy altas.

¿Cómo está viendo las señales de la economía mundial relevante para Chile?

-Estoy optimista. Los bancos centrales en EE.UU., Europa y los países latinoamericanos como Brasil y, en alguna medida, México, le están ganando la batalla a la inflación y ahora deben consolidarla. Sin embargo, todavía quedan consecuencias; estos procesos son siempre lentos. Me llamó la atención la decisión de la Reserva Federal de EE.UU., quien no sólo mantuvo la tasa, sino que el grueso de sus consejeros planteó alzas adicionales. Pero eso no va a ser necesario, ya que las próximas cifras van a ir mostrando que la inflación subyacente va hacia abajo en EE.UU. La economía mundial va a tener buenas noticias, sin embargo, aún queda la inercia del enfriamiento.

Las dudas están en China. Ha estado dando señales de más debilidad de la que uno hubiera previsto, sobre todo cuando salieron de los encierros y liberaron la economía tras el Covid-19. Sin embargo, China tiene toda la capacidad para aplicar políticas reactivadoras. Ellos acaban de bajar la tasa de interés y posiblemente lo van a seguir haciendo.

¿Cuál es la evaluación que tiene sobre el gobierno en materia económica y política?

-Es un gobierno que nace con el diagnóstico de que la ciudadanía quiere refundar nuestro sistema político, económico y social, pero no tenía los votos para eso. No tuvo un gran desempeño en la primera vuelta. Además, a los gobiernos les pasa que consideran que su votación de segunda vuelta es una confirmación de un apoyo masivo, y muchas veces la gente vota por el que considera menos malo.

Es por ello que el gobierno está buscando un nuevo programa que es más parecido a Bachelet II, a la Nueva Mayoría. En toda esa búsqueda se han dañado las expectativas y se ha hundido el crecimiento potencial. A eso se agregan deficiencias en la ejecución. Por ejemplo, la gestión en el MOP no ha sido con toda la eficiencia que se requiere. Por otro lado, si los proyectos aprobados por el sistema de evaluación ambiental entre enero y abril de 2019 fueron 12, este año en el mismo periodo fue uno. Objetivamente, los sistemas no están funcionando con la celeridad que se requiere. La gestión ha sido deficiente y eso se traduce en una sostenida caída del crecimiento potencial de Chile.

Sin embargo, la gestión fiscal ha sido la adecuada. El ministro de Hacienda ejecutó bien el Presupuesto del año pasado, con lo que logró desactivar una bomba de desconfianza que estaba asociada a la posibilidad de que Chile siguiera la tendencia latinoamericana del desequilibrio fiscal. Eso ha sido valioso, al igual que el apoyo del Presidente y Marcel a una política monetaria muy dura que ha aplicado el BC para frenar la inflación.