Juan Sutil asegura que dichos de Llaitul sobre robo de manera constituyen delito y llama al Gobierno a tomar acciones legales

Juan Sutil
04 Noviembre 2021 Entrevista a Juan Sutil, Empresario, Presidente de la Camara de la Produccion y del Comercio (CPC) Foto: Andres Perez04 Noviembre 2021 Entrevista a Juan Sutil, Empresario, Presidente de la Camara de la Produccion y del Comercio (CPC) Foto: Andres Perez

El líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, había declarado el pasado 10 de junio que "la madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo Mapuche", además de aludir a una supuesta adquisición de armas y municiones para ello.


Siguen las reacciones a las declaraciones del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, insinuando la participación de la agrupación en el delito de robo de madera.

“La madera que nosotros recuperamos es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo Mapuche. Y para tener los fierros, y para tener los tiros, y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los procesos que se llevan adelante”, aseguró Llaitul. Dichas declaraciones las emitió en una actividad en la comuna de Peñalolén el pasado 10 de junio y fueron dadas a conocer recién dos meses después.

Así, este jueves el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, aseguró que las palabras de Llaitul “invitan a cometer ciertos delitos. Y ese actuar es un hecho determinado constitutivo de delito de acuerdo a la Ley de Seguridad del Estado”.

“Es lo mismo que pasa con las amenazas, se puede dar la situación que una persona amenace en un sinfín de oportunidades, pero no por eso se debe renunciar a perseguir tales dichos si es que cada uno de ellos puede ser considerado como un delito de amenazas previsto en el Código Penal”, agregó el líder de los empresarios.

Sutil además afirmó que el no accionar criminalmente por las declaraciones de Llaitul, podría ser entendido como una decisión del Gobierno de “renunciar al ejercicio de su deber constitucional de velar por el orden público frente a la comisión de delitos también de orden público como es en este caso”.

“Es un gran problema cuando los países no saben qué hacer con terroristas, narcos y delincuentes. Eso puede terminar en sabotaje a buses, puentes o caminos, secuestros y muertes”, concluyó Sutil.

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