Julio Salas: “Tengo confianza en que la industria pesquera aprendió la lección de la ley anterior”

Al entrar a la oficina del subsecretario de Pesca, sale el presidente de Sonapesca, el gremio de la industria sectorial, Osciel Velásquez. “Nos explicó por qué no había podido asistir al lanzamiento del proyecto de ley al que fue invitado”, explica Julio Salas (57), abogado de la Universidad Católica con un magíster en Políticas Públicas en la U. de Chile. Así le responde a otra dirigenta empresarial, la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, quien reclamó por no ser invitada: “Nos entendemos con la multigremial de la cual ella forma parte”, cierra.

El subsecretario Salas es socialista de origen, pero desde 2019 milita en Convergencia Social, el partido del Presidente Boric. Trabajó en los ministerios del Trabajo, Planificación, Presidencia y Economía en los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría.

Tiene mucha experiencia en gobierno, pero de pesca no sabía.

-Mi especialidad es función pública y tareas regulatorias. Y esta subsecretaría es esencialmente una institución regulatoria -responde.

Por eso, está focalizado en sacar adelante el proyecto de Ley de Pesca que, con una mirada sistémica, busca reemplazar la controvertida norma promulgada en la primera administración Piñera, manchada por casos de corrupción que involucraron a empresas como Corpesca (grupo Angelini) y políticos como el exsenador Jaime Orpis. Salas aclara que nunca ha trabajado para una pesquera.

El Presidente dio a conocer los ejes básicos del proyecto de Ley de Pesca del gobierno. ¿Cuáles son, a su juicio, sus tres elementos esenciales?

-Tiene como primer pilar la transparencia, para recuperar la confianza en la normativa que regula el sector. Segundo, el desarrollo del sector pesquero sobre la base de una distribución equitativa de los recursos marinos. Tercero es que esta distribución sea de acuerdo a criterios científicos. Y, si me permite un cuarto, una propuesta específica para el grave problema de desprotección social que arrastra la pesca artesanal desde hace más de 40 años.

Este gobierno se refiere a la actual Ley de Pesca como si tuviese un pecado de origen, pues fue generada en un Congreso donde se recibieron sobornos. ¿Por qué justificar su proyecto por el pecado de origen y no por si ha funcionado bien o mal?

-No es un pecado de origen. Los pecados son contradicciones a normas morales. La Ley de Pesca tiene un grave problema de corrupción en su génesis, que generó condenas por cohecho y sobornos. Es un dato, no una interpretación. Y esa sombra afecta la confianza en toda la regulación pesquera.

Pero esta ley de pesca, ¿funciona o no?

-No funciona bien, porque tiene una distribución completamente inequitativa de los recursos, que no corresponde a criterios científico-técnicos. Se cuestiona la norma porque hubo intereses indebidos que se expresan en la ley y que incidieron en su discusión. Nuestra propuesta no es un cuestionamiento abstracto a la legitimidad, sino una corrección concreta de las fallas de la ley. Por ejemplo, hay recursos pesqueros que están en lugares donde sólo tiene acceso la pesca artesanal, porque están dentro de las cinco millas exclusivas, pero sólo tienen derecho a extraer el 15%.

O sea, no ha funcionado bien...

-Respecto a la distribución de los recursos, no cabe duda que no.

El agotamiento de algunos recursos, ¿uno podría vincularlo a esta ley?

-En algunos casos, sí. Por ejemplo, cuando una pesquería en Chile llega al estado de agotada, no hay ciencia suficiente para hacer la investigación que permita verificar si se recuperó. Por eso el proyecto dice que la investigación científica es el eje de la toma de decisiones.

“Las siete familias”

¿Cómo es hoy la distribución de la pesca industrial? ¿Siguen siendo siete familias las que dominan el rubro?

-Para mí como regulador no tiene ninguna importancia si son dos, cinco o diez familias. Esa nomenclatura no ayuda a la función regulatoria. A mí lo que me interesa es que exista competencia entre los actores.

¿Y es competitiva la actividad pesquera?

-Frágilmente competitiva. Porque las restricciones de ingreso son extremadamente altas. Cuando existe una distribución (de cuotas de pesca) por historia, significa que hay una captura de las autorizaciones de pesca por un número limitado de actores. Las licitaciones se reducen al 15%, lo que dificulta que nuevos actores entren a la actividad. Este proyecto fomenta la competencia.

¿Cómo enfrentarán esos intereses que yo llamo las siete familias, que son grupos económicos poderosos que han tenido el control de esta industria por años?

-Es un tremendo desafío sortear un trámite legislativo con una capacidad de influencia muy importante de múltiples actores. Pero tengo mucha confianza en que el mundo de la industria también aprendió la lección de la tramitación de la ley anterior. Y, por lo tanto, va a tener mucho cuidado en la forma en que plantea sus puntos de vista, de manera que no sean intromisiones indebidas en el proceso de discusión. Los actores tienen todo el derecho a hacer observaciones en el proceso legislativo y van a ser escuchados muchas veces. De hecho, no creemos que el proyecto esté escrito en piedra, es la propuesta que, desde la perspectiva del levantamiento de información que hicimos en más de 250 encuentros con el mundo de la pesca, lo resume mejor.

¿Esta ley es para Lota Protein, la empresa escandinava que desde los años 2000 ha hecho lobby para abrir licitaciones y ha sido el contradictor de las empresas incumbentes nacionales?

-Esta es una ley transparente en su génesis y espero que sea también transparente en su tramitación legislativa. No me gustaría que sea asociado ni con la empresa A ni con la empresa B, porque lo que hemos hecho es escuchar a todos los actores para presentar una propuesta.

¿Tienen apoyo político? Las grandes reformas del gobierno han sido rechazadas en el Congreso.

-Bueno, tenemos una satisfacción grande. Si usted revisa las votaciones de los proyectos del sector pesquero este año, nuestra votación favorable ronda entre el 90 y el 95% de los parlamentarios en sala. Afortunadamente, en la discusión del sector pesquero, quizás por la lección aprendida de la norma anterior, ha habido una capacidad en los actores políticos de entender que tenemos un desafío común que todos necesitamos resolver.

¿Qué plazos tienen para el proyecto?

-Nos gustaría que estuviese completamente tramitado en esta administración. Por lo tanto, lo óptimo sería avanzar en 2024 en el primer trámite y dejarlo instalado a fin de año en el Senado.