La columna de Joaquín Vial: “¿Sentido común para la Ley de Pesca?”

La modificación de la Ley de Pesca ha sacado titulares en estos días a raíz de violentas protestas para exigir un trámite rápido del proyecto que reduce las cuotas de pesca a las empresas industriales en favor de los pescadores artesanales.

Esta iniciativa presenta varias complicaciones importantes, que quedan en evidencia cuando se analiza el proyecto dejando de lado las consignas.

El primero y más evidente, es que esto le puede resultar muy caro al Fisco (y por ende a todos los chilenos que pagamos impuestos o recibimos beneficios del Estado). Las cuotas para la pesca industrial se licitaron según la ley vigente en ese momento, y los que se adjudicaron esa licitación firmaron contratos legalmente válidos y han estado pagando lo que se acordó. Puede que la ley no guste, o que ocurrieran actos ilegítimos durante su tramitación (tal como ha ocurrido ahora con las agresiones a carabineros), pero era la ley y, sin ser abogado, sospecho que cualquier tribunal, nacional o internacional, va a reconocer que, si se cambia la distribución de las cuotas de pesca establecidas en los contratos, los perjudicados tendrán derecho a una indemnización por parte del Estado de Chile. Esta no va a ser pequeña, porque estamos hablando de cientos, si no miles, de millones de dólares. Y todo esto sin contar con los gastos en abogados.

El segundo problema tiene que ver con la definición de las actividades pesqueras para la distribución de cuotas, las que se dividen en dos grandes grupos: industriales y artesanales. Estos últimos son los que usan embarcaciones de menos de 18 metros de eslora, con capacidad de bodega menor a 80 toneladas y que están inscritas en el registro que lleva Sernapesca. Los industriales son aquellos que usan embarcaciones mayores.

El problema es que el universo de “artesanales” que define la ley es extraordinariamente diverso. De acuerdo con los datos de Sernapesca, hay más de 13 mil embarcaciones de pesca artesanal, de las cuales algo más del 70% corresponde a lanchas de menos de 10 metros de eslora, que son las que se ven cerca de la costa y que todos asociamos con una actividad artesanal. Tanto es así, que la misma ley prohíbe que los buques artesanales de más de 12 metros de eslora pesquen dentro de la primera milla desde la costa, franja que está reservada para las embarcaciones de menos de 12 metros de eslora.

La gran disputa por la distribución de las cuotas de captura se da entre los pesqueros con buques que pueden navegar mar afuera, pero con capacidad de pesca cerca del límite que separa la actividad artesanal de la industrial. Estos son buques caros, de decenas de millones de pesos y que, según algunos reportajes periodísticos, en conjunto facturan cientos de millones de pesos al mes. En realidad, son industriales de tamaño pequeño que, colgándose el letrero de artesanales, han conseguido captar grandes ingresos sin pagar al Estado por ello y que no están sujetos a los mecanismos de vigilancia y control que la ley exige a los pesqueros industriales.

El año pasado la Asociación de Profesionales Pesqueros y Acuicultores de Chile (Apropech) propuso al Congreso una reclasificación de la actividad pesquera en tres categorías que son embarcación pesquera artesanal, con eslora menor a 12 metros y que no utiliza artes de pesca masivos; embarcación pesquera semiindustrial, con eslora entre 12 y 17,99 metros, y embarcación industrial, con eslora igual o mayor a 18 metros.

Creo que este es un buen punto de partida para organizar la discusión, donde las embarcaciones artesanales, que actúan cerca de la costa y por períodos cortos de tiempo, pueden ser eximidas de licitaciones. La segunda categoría podría acceder a una fracción de la cuota global, con licitación, y usando métodos de vigilancia como los que hoy se exigen a la pesca industrial, pero sin las restricciones (que no siempre se cumplen) al número de embarcaciones, ni de acceso a las regiones aledañas, por ejemplo. Todo esto, respetando los límites de captura por las embarcaciones industriales, respaldados por los contratos firmados con el Estado cuando se licitaron las cuotas.

Una dosis de sentido común nos ahorraría mucho dinero, evitaría seguir poniendo en duda el respeto a la ley y ayudaría a proteger mucho mejor los recursos pesqueros, en vez de estimular la lucha por privilegios amparados en una imagen falsa de lo que es la pesca industrial de tamaño mediano.

- El autor es Profesor adjunto Instituto de Economía UC e Investigador Principal Clapes UC