Una nueva forma de inyectar recursos planteó el gobierno en el proyecto que aumenta las pensiones básicas y el aporte del Pilar Solidario, que presentó ayer al Congreso y que empezó a analizarse en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Esta iniciativa, que fue calificada con discusión inmediata, propone el alza de las pensiones básicas solidarias en 50% para los mayores de 80 años a partir de diciembre de este año, y fija un cronograma de hasta 3 años para los menores de 80 años. Pero además el texto aumenta el Aporte Previsional Solidario (APS) en similar porcentaje y consideró una metodología distinta de financiamiento, que en términos simples implica que las personas se gastarán sus fondos en los primeros años y después, cuando se agote el ahorro, el Estado les garantizará ese monto.

Cabe recordar que el APS consiste en un aporte estatal para aquellas personas que habiendo cotizado no logran llegar a un monto de pensión de $325.646.

"Producto del acuerdo celebrado con la oposición en el marco del Presupuesto no había dinero suficiente, entonces la única forma para aumentar a 50% fue usando una fórmula en que primero se usan los recursos del trabajador y que luego el Estado entre a financiar. Y para no perjudicar al trabajador, se garantiza al 100% todas las pensiones de sobrevivencia", recalcó la ministra de Trabajo, María José Zaldívar.

Explicó con un ejemplo concreto: si una persona con su fondo autofinancia una pensión de $100.000, con el aporte estatal llegaría a $176.000; ahora el aporte se aumentará en $55.000, por tanto, la pensión llegará a $231.000. "Los primeros años ahora se financiarán con su plata, y cuando se acabe el Estado colocará el monto completo para el resto de su vida. Así pudimos aumentar a 50% sino, no había de donde sacar esos recursos. Esto bajo ningún caso reducirá la pensión de sobrevivencia que recibiría el cónyuge, hijos menores o conviviente civil; la única que eventualmente se limitaría sería la de herencia", advirtió.

Durante la sesión, los diputados de Hacienda preguntaron por este sistema y cuán comprometidos podrían quedar los recursos públicos a futuro. "El incremento de costo podrá verse en 2030 aunque ello tendría que ver con la cantidad de pensionados", acotó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien ahondó poco en este mecanismo.

De hecho, según el Informe Financiero, en 2025 el gasto previsional baja de $849 mil millones en 2023 a $773 mil millones, y se eleva en 2032 a $1.067 mil millones.

"Esta fórmula de financiamiento está comprometiendo recursos fiscales muy significativos a plazo de unos 10 a 15 años y estamos condicionando la holgura, la autonomía financiera de futuros gobiernos. Y si bien esta fórmula inyecta liquidez a las arcas fiscales, endeuda al Estado a mediano y largo plazo, lo cual es tremendamente relevante", indicó el presidente de la instancia, diputado Daniel Núñez (PC). Por lo mismo, esperan ahondar en este punto en la sesión de la instancia en la que continuarán analizando el tema.

Por su parte, el diputado Giorgio Jackson (RD) apoyó el nuevo sistema porque comentó busca hacer más eficiente el gasto público: "Hay que transparentar que acá se gastarán todos los fondos que tiene la persona en su cuenta, y luego el mecanismo operará como seguro, simulando el beneficio después con fondos públicos. Y a diferencia de lo que ocurre hoy, no se podrían heredar. Me parece razonable que se opere como seguro social y no con lógica individual".

El proyecto además contempla que si la persona trabaja no pierda su pensión de invalidez, como ocurre hoy en algunos casos. También estipula que si una persona no cayó en un principio dentro del Pilar Solidario pueda entrar posteriormente si su jubilación disminuye. "Hay gente que no tiene nada más que su pensión de $30.000, porque se jubiló con una pensión de $330.000 y no pudo ingresar al Pilar Solidario. Este proyecto permite ingresar cuando caiga su pensión y el Estado garantiza al menos una Pensión Básica", puntualizó Zaldívar.

El Senado despachó a Ley el proyecto que anticipa la entrada en vigencia del Pago a 30 días.

La norma establece que el plazo de pago comenzará a regir una vez transcurridos 90 días desde su publicación en el Diario Oficial, y no en febrero de 2021 como estaba contemplaba la ley aprobada originalmente.

El Ministro de Economía, Lucas Palacios, agradeció al Congreso la rapidez con que se tramitó el proyecto y destacó que "dentro de todo el desaliento de las últimas semanas, esta es una muy buena noticia, porque es una apuesta transversal que están haciendo todos los sectores políticos por las pymes. Son las micro, pequeñas y medianas empresas las que van a sacar adelante al país".