Fiscalía sigue una nueva pista en el caso Intervalores y rastrea herencia de la familia Urenda

El 24 de junio, 13 sociedades ligadas a la familia Urenda recibieron un oficio del fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda. A todas ellas -entre las que destacan Inversiones Tongoy, María Elena de Inversiones, Sociedad Nacional de Valores y Los Ceibos Inversiones, a través de las cuales participan en Grupo Empresas Navieras (GEN)- se les pidieron cuatro cosas: el listado de accionistas entre 2016 y 2019; el reparto de dividendos y las memorias para iguales períodos, además de la copia de los instrumentos en que constaran traspasos de acciones, a cualquier título, en los que haya participado Gabriel Urenda Salamanca. Toda la información solicitada -que fuentes cercanas a la familia califican como algo rutinario- ya fue aportada.

Gabriel Urenda, fundador y controlador del holding Intervalores, fue formalizado en noviembre del año pasado por infracción a la ley de mercado de valores, apropiación indebida y estafa. Desde ese día, cumple prisión preventiva, y los montos tras las querellas de las más de 90 víctimas que reclaman el dinero que le confiaron para que Intervalores administrara ya superan los $ 12.000 millones (unos US$ 17,2 millones). En el caso también está formalizado el exgerente comercial Sebastián González, la exsubgerenta de inversiones de Intervalores Graciela Iturra, el exejecutivo de la firma en Concepción, Aníbal Macera, y el representante de la sociedad Salodi Construcciones SpA, Pedro Machuca.

Si bien hasta la fecha ha sido imposible encontrar plata que permita subsanar el perjuicio en cuestión, el Ministerio Público -por petición de querellantes- ha decidido dar un paso más en la búsqueda de recursos, yendo puntualmente a la cesión de derechos hereditarios que realizó Gabriel Urenda. Se trata de dos procesos, uno en octubre de 2016, donde transfirió a la Sociedad Nacional de Valores derechos en una serie de sociedades, por los que recibió $ 2.115 millones, y un segundo, en abril de 2017, donde se le dieron $ 650 millones por otra parte de la herencia. Es decir, en total se le pagaron $ 2.765 millones por los títulos que había heredado de su padre, Beltrán Urenda, y de su madre, María Elena Salamanca. Y es ese hecho lo que impulsó a querellantes a pedirle al fiscal que profundice en tales traspasos. Es que dudan que si la herencia total bordea los US$ 300 millones, el monto pagado a Urenda sea tan bajo.

"Tenemos muchas dudas respecto de la cesión de derechos hereditarios que realizó Gabriel Urenda a sus hermanos", señala el abogado Rodrigo Ávila, que representa a la empresa Panor en el caso, compañía que reclama cerca de $ 1.500 millones. Y agrega: "Si bien estamos frente a una persona que ya fue formalizada por delitos similares a las estafas financieras que realizaron Rafael Garay y Alberto Chang, la gran diferencia con ambos es que Gabriel Urenda es heredero directo de un grupo empresarial que tiene un patrimonio de más de US$ 300 millones y que en 2015 obtuvo recursos líquidos sobre US$ 160 millones, con la venta de CCNI. Sin duda, nos llama mucho la atención que Gabriel Urenda, ya realizada la enajenación de esa compañía, traspasó sus derechos hereditarios a sus siete hermanos por un monto que es la décima parte de lo que le correspondía. Eso no tiene ninguna lógica". "Será clave en la investigación del Ministerio Público determinar el rol que les cupo a la familia Urenda y a otros colaboradores en estas cesiones", enfatiza.

En la misma línea, el abogado Ángel Valencia, que representa a siete personas naturales y tres jurídicas con perjuicios por $ 1.600 millones, dice: "Es necesario investigar las circunstancias en las que se produce esta cesión de derechos". Añade, que esto permitirá descartar o no la existencia de "una simulación, un contrato simulado".

Para avanzar en tales hechos, el fiscal llamó a declarar a cuatro de los hermanos Urenda Salamanca: Beltrán, José Manuel, María Elena y María Carolina. El 7 de mayo, de manera voluntaria, concurrió el primero de ellos. En su testimonio, Beltrán Urenda aseguró que el monto pagado a Gabriel Urenda "fue conveniente para él... Él estaba muy apurado de dinero". "No tengo conocimiento qué hizo él con ese dinero. En conversaciones familiares se decía que con ese dinero iba a arreglar sus problemas financieros", añadió.

El resto de los hermanos fue citado -todos en calidad de testigos- para el 1 de julio, a las 9 horas, en la Bridec. No se presentaron. Tampoco estaban obligados a hacerlo.

Fuentes cercanas a la familia aseguran desconocer tal citación. Aun más, subrayan que, según su entender, tal convocatoria fue reemplazada por la declaración previa de Beltrán Urenda. Asimismo, reafirman que no existe relación entre Gabriel Urenda y los negocios de la familia.

Conocedores de la investigación subrayan, no obstante, que el fiscal a lo menos insistirá con la declaración de José Manuel Urenda, presidente de Grupo Empresas Navieras, controladora de Agencias Universales (Agunsa), Compañía Marítima Chilena (CMC) y Portuaria Cabo Froward.

Aún más, el martes pasado, el abogado Ángel Valencia pidió nuevas diligencias, que fueron autorizadas. En ellas, justamente se insiste con la declaración de José Manuel Urenda en línea a que explique las negociaciones previas que se hicieron para la cesión de derechos, y cómo se tasaron tales títulos. Asimismo, se pide que se cite a declarar también al director de GEN, Franco Montalbetti, y al exgerente general de Agunsa y director de Cabo Froward, Luis Carlos Mancilla, quienes firmaron la escritura de cesión de derechos hereditarios de 2016 a nombre de Sociedad Nacional de Valores. "Estos hechos deben ser investigados, puesto que (...) podrían, eventualmente, hasta ser constitutivos del ilícito penal del Artículo 471 N°2 del Código Penal", se lee en el documento. Delito que dice relación con un contrato simulado.

La búsqueda de dinero no solo está radicada en la herencia de la familia, sino que el rastreo ya va más allá de la frontera. A comienzos de julio, el fiscal Sepúlveda envió un requerimiento de asistencia internacional a autoridades de Reino Unido, Chipre y Sudáfrica.

"Han surgido en la investigación antecedentes en orden a que fuera de Chile existirían cuentas cuyo beneficiario es el imputado Gabriel Urenda, respecto de las cuales se requiere la retención y congelamiento de sus fondos hasta la suma de $ 11.997 millones", se lee en el oficio enviado a los países. Es que son varios los querellantes que estiman que Urenda desvió recursos al exterior.

Dado ello, el Ministerio Público ha pedido confirmar la existencia y su vinculación con Urenda de una cuenta del Alpha Bank en Londres, dos de igual banco en Chipre, dos del Hellenic Bank en este último país y otra del Hellenic Bank en Johannesburgo, Sudáfrica.

La solicitud del Ministerio Público ya fue derivada a Cancillería para que se evacue a los países respectivos. Conocedores del proceso puntualizan que si bien el plazo de investigación se extiende hasta el 19 de septiembre, es altamente probable que el fiscal Sepúlveda solicite una ampliación. Aun, de hecho, hay un peritaje contable que no ha llegado.

Con todo, personas al tanto del proceso aseguran que es complejo que se encuentre dinero. A la fecha, tal tarea ha sido imposible, y la verdad es que dudan que haya recursos en algún lado. Enfatizan que, al parecer, Gabriel Urenda realmente no tenía fondos.

Para los querellantes, tal escenario es imposible. "Es muy improbable que no haya dinero en ninguna parte. Todo indica que habría dineros en el exterior y también ligado a su herencia. Aquí lo que corresponde es que Gabriel Urenda diga la verdad", dice Ávila.