La trama de corrupción que envuelve a Goldman Sachs

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El gobierno de Malasia presentó ayer cargos penales contra el banco, en un caso por el que ya está detenido un ex primer ministro.


El 2018 ya califica como un año para el olvido en Goldman Sachs, cuyas acciones han caído 34% en la mayor de las bajas entre las firmas del Dow Jones, pero la mala racha bien podría extenderse.

Ayer el gobierno de Malasia presentó cargos penales contra el banco, acusándolo de sobornar a funcionarios para operar bonos emitidos por el fondo estatal "1Malaysia Development Berhad" (1MDB), que totalizaron US$6.500 millones y que se encuentra en el centro de una trama de corrupción que data de 2015.

Ese año la prensa informaba que US$681 millones del 1MDB, que en su origen fue concebido como una herramienta para atraer inversión a Malasia, terminaron en los bolsillos de su creador: el ex primer ministro Najib Razak, que fue detenido la semana pasada.

Pero las cifras han ido creciendo. El departamento de justicia de EEUU calcula que se desviaron US$4.500 millones del 1MDB, de los cuales alrededor de US$1.000 millones podrían haber sido blanqueados en su territorio, a través de compra de inmuebles, yates, joyas y obras de arte, entre otros.

Este método de lavado de dinero se replicó en otras cinco naciones que también investigan el caso, contando a Suiza y Singapur.

Goldman Sachs se ve involucrado a través de Tim Leissner y Roger Ng Chong Hwa, ex empleados de la entidad que serán imputados por su participación en las tres series de bonos, dos ejecutadas en 2012 y una en 2013.

De acuerdo a la fiscalía malaya, para que GS se quedara con el contrato, los acusados "incitaron" a que el multimillonario empresario local, Low Taek Jho, y Jasmine Loo Ai Swan, ambos de 1MDB, sobornaran a funcionarios y directores a través de capital malversado y comisiones.

Finalmente, el banco estadounidense cobró por la operación US$600 millones, suma que es considerada inusual para fiscalía. Los cuatro responsables, del banco y del fondo, además son acusados por presentar declaración falsa, con el objetivo de malversar US$2.700 millones.

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