¿Quiénes pueden acceder al beneficio? ¿Cuánto dura? Las claves para entender el proyecto de ley de servicios básicos

Un polémico paso tuvo por el Congreso la iniciativa que prohíbe cortar o suspender los servicios básicos -luz, gas y agua-, al 60% de la población más vulnerable durante la pandemia, que ayer fue aprobado en la Cámara. Al cierre de esta edición estaba pendiente el visto bueno del Senado, lo que, cuando ocurra, dejará el proyecto en condiciones de ser promulgado.

Para poder solicitar el beneficio se debe pedir directamente a la empresa. Los requisitos son encontrarse dentro del 60% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares. Además se incluyó a adultos mayores y quienes estén acogidos a la Ley de Protección del Empleo. Por último, los trabajadores independientes o informales no comprendido en alguna de las categorías anteriores, pueden también acceder al beneficio.

La iniciativa establece una vigencia de 30 días antes y 90 días después de publicada la Ley. En este lapso, las empresas proveedoras de servicios sanitarios, empresas de distribución eléctrica y de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a diversos clientes, como usuarios residenciales o domiciliarios, hospitales y centros de salud, cárceles y recintos penitenciarios, hogares de menores., bomberos, organizaciones sin fines de lucro, microempresas y otros.

A nadie se le puede cortar ni la luz ni el gas por red y, quienes se acojan a la ley, pueden pagar el saldo en un máximo de 12 cuotas.

Al igual que en la industria eléctrica, los clientes de empresas sanitarias que califiquen para el beneficio pueden dejar de pagar su cuenta y luego esos costos serán prorrateados en las cuentas de los 12 meses siguientes, sin multas ni mora.

Uno de los ejes del proyecto fue el límite al consumo de agua. En el acuerdo que rige desde marzo, el consumo mensual debe ser inferior a 10 metros cúbicos, sin embargo en el proyecto se decidió eliminar el límite por hogar.

A diferencia del mercado eléctrico y sanitario, la industria de telefonía es competitiva, por lo que el no pago de las cuentas era inviable. Por lo mismo, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, presentó un plan en el que se ofrece conectividad solidaria. Este considera duplicar las velocidades del plan solidario vigente -parte del acuerdo que rige desde marzo entre el gobierno y privados- y que a los clientes que no pueden seguir pagando no se les corte el servicio. Además, se aumentará el espectro al 60% de la población más vulnerable.P