A menos de tres meses para la implementación por completo de la Ley 21.368, que regula los plásticos de un solo uso, aún sigue vivo el debate sobre su aplicación y uno de los puntos que genera inquietud es el papel fiscalizador que tendrán las municipalidades con los comercios de expendios de alimentos.

La normativa legal establece que a las municipalidades del país les corresponderá la fiscalización de las obligaciones prevista de la ley, toda vez que el incumplimiento de la normativa implica el curso de multas de beneficio municipal. Las sanciones que establece la ley serán aplicadas por el Juzgado de Policía Local de la comuna donde se encuentre el establecimiento.

Un estudio reveló que un 27% de los consultados considera que su municipalidad no tiene capacidad para asumir esta función, mientras que un 22,7% indicó no saber cómo responder a esta pregunta. En contraste, la misma investigación, realizada por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCh) a 634 personas en 180 comunas del país, arrojó que un 24,1% de las personas afirmó creer que se cuentan con las condiciones para fiscalizar y otro 26,2% aseguró que parcialmente.

Sobre este último dato, Valentín Valdés, coordinador de estudios de la AMUCh, explicó que esta percepción se asocia con un escenario complejo, porque podría pensarse que algunos comercios tendrían un desequilibrio en cuanto a la fiscalización. “Nos enfrentamos a una problemática más profunda, porque no todas las municipalidades van a tener las capacidades reales de poder fiscalizar; por tanto, el Estado va a funcionar de manera desigual en el cumplimiento de esta normativa”, señaló durante la presentación del estudio esta semana.

Pero el panorama es menos optimista cuando se preguntó a los encargados de Medio Ambiente de los municipios, ya que un 81,7% dijo que se carece de las capacidades para fiscalizar los expendios de alimentos de sus comunas.

A estos funcionarios también se les consultó acerca de la existencia de un catastro de expendio de alimentos en la comuna, lo que es clave para la fiscalización. Un 32,4% afirmó contar con un catastro de todos los locales de su común; mientras un 32,4% sostuvo que tenía sólo de algunos sectores, un 14,1% aseguró no contar con este instrumento y un 21,1% desconoce su existencia.

Para esta investigación se realizaron encuentros con representantes de las áreas de seguridad, medioambiente y fomento productivo de las municipalidades. Según Valdés, en estas reuniones se expresaron dudas sobre cómo será el proceso de fiscalización de un inspector ante un expendio de alimentos, cómo identificar que los productos empleados en los locales corresponden a plásticos de un solo uso, entre otras interrogantes. “Todo este tipo de dudas o problemáticas están vinculadas a que no se han generado capacitaciones en las municipalidades”, acusó.

Uno de los hallazgos del estudio fue que existe confusión al momento de distinguir entre las leyes 21.368 y de reciclaje y responsabilidad extendida del producto, conocida como REP. Un 44,5% de los consultados afirmó haber escuchado sobre la normativa que prohíbe el uso de productos de plumavit, bombillas y cubiertos plásticos en locales de expendio de alimentos, pero sin profundizar en sus particularidades. En tanto, un 27,6% dijo conocerla completamente.

No obstante, un análisis cualitativo de estos datos evidenció que algunos de estos ciudadanos están confundidos, señaló Valdés. Cuando se levantó la información se detectó que las personas solían hacer comentarios relacionados con el reciclaje y otros aspectos no vinculados con la prohibición de los plásticos de un solo uso. “Ese 72,1% es engañoso”, sentenció.

Desde la AMUCh dijeron a Pulso La Tercera que acudirán a una audiencia con la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, para manifestarle los eventuales efectos que tendrá la implementación de la Ley 21.368.

Una de sus sugerencias será mejorar el conocimiento y la comprensión de la normativa en los equipos municipales, dado que están detectando un “escaso conocimiento” sobre temas específicos de la ley.

Otra de las inquietudes planteadas está en la necesidad de fortalecer las capacidades del municipio a través de capacitaciones. “Hay una implementación desigual en el territorio nacional en atención al tipo de municipio, y por tanto puede haber externalidades negativas y complejas en el impacto de esta ley”, señaló la organización.

Entre otras propuestas que elevarán está el reconocimiento y el abordaje de las problemáticas medioambientales del mundo rural, que no están en la línea de la Ley 21.368. “Queremos hacer algunas propuestas como, por ejemplo, elaborar una ordenanza municipal respecto a este tema, o una guía práctica de implementación”, indicó.

La AMUCh aseguró que, dado los distintos impactos de la normativa en el territorio municipal, se debería postergar unos meses para implementarse adecuadamente y evitar su “desuso”.

Nelson Urra, gerente general del Sistema de Gestión GIRO, asegura que la ley que prohíbe el uso y la comercialización de plásticos de un solo uso podría generar un impacto ambiental positivo en la sociedad, porque limitará rápidamente los procesos de contaminación en las ciudades debido a que este tipo de materiales tienen vida corta. “Además, vamos a tener un beneficio importante en lo que es la calidad de nuestras aguas receptoras de estos residuos y también en nuestros suelos”, dijo a Pulso La Tercera.

Desde Giro esperan que la vida útil de algunos rellenos sanitarios pueda extenderse, en cierta medida, cuando estos materiales comiencen a dejar de ser usados en el mercado.

No obstante, Urra aseveró que tienen una inquietud relacionada con los posibles impactos sociales negativos de la normativa sobre los mercados, específicamente en emprendedores y pequeños productores y empresarios que basan sus procesos de venta de bienes y de servicio en los productos que serán regulados. “Según entendemos, no ha habido una gradualidad completa respecto del proceso de implementación que permita ir buscando y costeando sistemas alternativos al uso de estos materiales en el mercado”, concluyó.