Los términos que se tomaron el año en el mundo económico

Fue el propio mandatario Donald Trump quien en un tuit del 2 de marzo explicó al mundo de qué se trataba esto: "Cuando un país (EE.UU.) está perdiendo muchos miles de millones de dólares en el comercio con virtualmente cada país con el que negocia, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar".

Trump tenía un socio en particular en mente: China, el gigante asiático desde donde Estados Unidos importó productos por US$ 522.000 millones en 2017 y al que envió exportaciones por US$ 190.000 millones en el mismo período, es decir, una balanza comercial que se inclinaba muy favorablemente al otro lado del océano Pacífico.

La idea es que, al subir los aranceles a las importaciones, la economía estadounidense estaría más protegida y podría volver a ponerse de pie, especialmente en sectores que han tenido un deterioro, como la industria automotriz o la metálica. Como toda guerra, la contraparte puede contraatacar también elevando tarifas.

El primer paso en enero fue un alza en los aranceles de los paneles solares -China es el principal productor mundial de esta tecnología- y las lavadoras, a lo que siguió en marzo tarifas específicas contra Beijing por lo que consideró faltas a la propiedad intelectual. Desde entonces, la batalla ha seguido escalando de lado y lado, aunque ahora se encuentra en una fase de tregua tras una reunión entre Trump y el líder chino Xi Jinping, en la reciente cumbre del G-20 en Buenos Aires.

¿Qué sucederá después? Nadie lo sabe a ciencia cierta, lo que mantiene en vilo a los mercados. La última vez que Estados Unidos estuvo en una guerra comercial fue en la década de 1930 y, de hecho, intensificó los efectos de la Gran Depresión.

Se sumó llegando casi a fin de año. Fue un concepto que derivó en el segundo paro portuario más grande de Chile, y que puso frente a frente al gobierno con uno de los grupos económicos más importantes del país.

La palabra 'eventuales' fue el complemento de un número de trabajadores que existen en la industria portuaria que realizan labores por turnos, dependiendo de la estacionalidad, y que vienen a complementar a los permanentes en la temporada estival, de mayor demanda. Algunos tienen contratos que consideran un mínimo de turnos y otros son requeridos vez a vez.

El 16 de noviembre, los trabajadores eventuales de TPS -concesionario del Terminal 1 de Valparaíso- y de TCVAL -Terminal 2- bloquearon el puerto y paralizaron sus operaciones exigiendo mejoras laborales, tras un invierno débil. Fueron 36 días de movilizaciones que incendiaron el plano de Valparaíso.

El holding a cargo de TPS -Ultramar, de la familia Von Appen- y su presidente, Richard von Appen, estuvieron en las primeras páginas, luego de que no estuvieran dispuestos a negociar mientras no se detuviera la violencia, ni tampoco a complementar el ofrecimiento que realizaron inicialmente.

El gobierno debió hacerse parte, complementando el aporte -vía bonos en capacitación-, tildando a Von Appen de intransigente e incluso poniendo en entredicho la continuidad de la concesión.

Así, los 'eventuales' se convirtieron en noticia. Actualmente, TPS tiene del orden de 200 trabajadores permanentes y 440 'eventuales', una relación bastante más alta que el promedio de la industria.

Hace un tiempo, muy pocos hubieran apostado que uno de los temas relevantes de 2018 iba a ser la ciberseguridad. Pero así fue.

Si bien todos los sectores económicos están afectos a ser vulnerados por hackers, en el último año la presa favorita fue la banca.

La temporada de ataques cibernéticos o ciberataques la inauguró el Banco de Chile, que sufrió el mayor robo histórico por esta vía de una institución financiera en el país: US$ 10 millones.

Pese a que este hecho alertó a toda la industria, tiempo después el Banco Consorcio fue víctima de otro robo cibernético, esta vez fueron US$ 2 millones.

Además de la sustracción de dinero, el blanco favorito para los hackers fue vulnerar bases de datos de tarjetas de créditos, donde revelaron sensible información relativa a los titulares de estos plásticos. Hubo tres ataques seguidos de este tipo, en julio, agosto y septiembre, en los cuales se filtraron datos de alrededor de 15 mil tarjetas.

Ante estos hackeos, el gobierno reaccionó y nombró a un asesor presidencial especial de ciberseguridad: Jorge Atton (que luego asumió como intendente de La Araucanía), quien lideró la creación de una nueva institucionalidad en la materia, que tuvo su primer paso en el envío al Congreso del proyecto de ley de delitos informáticos, que plantea sanciones a quien maliciosamente obstaculice o perturbe el funcionamiento de un sistema informático, el acceso ilícito (hackeo), la interceptación o interferencia indebida y maliciosa de las transmisiones no públicas entre sistemas informáticos como mail o WhatsApp, el daño informático, el delito de falsificación informática, el fraude informático y abuso de dispositivos que alteren la integridad de datos informáticos.

Fue la primera batalla entre la recién instalada administración de Sebastián Piñera y el gobierno anterior que abrió una grieta que se mantiene hasta hoy.

Partió en abril, cuando el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, junto al director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, denunció que tras revisar las cuentas públicas heredadas encontró que entre 2018 y 2021 había gastos por más de US$ 5.500 millones que no estaban financiados. "La situación fiscal es peor a lo esperado", indicó, desatando un vendaval de declaraciones. Les llamó "presiones de gastos" u "holguras negativas".

Para subsanar este escenario, se anunció un conjunto de medidas de austeridad con recorte de presupuesto en gastos operacionales y un apriete de cinturón para las empresas públicas.

En la oposición esta denuncia cayó como un balde de agua fría, y la autoridad fue citada a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde, además, contrastó sus cálculos con sus antecesores: Nicolás Eyzaguirre y Rodrigo Valdés, sesión que fue conocida como la cumbre de los ministros.

"Hay un error muy profundo en confundir los conceptos", indicó el segundo, explicando que el gobierno puso en una misma bandeja todos los proyectos en trámite que muchas veces ni siquiera se convierten en ley, y la deuda hospitalaria, cuyo monto depende de la gestión de Hacienda.

Yendo y viniendo no quedó muy claro cuán estresadas estaban realmente las cuentas fiscales. Y el tema resurgió en noviembre, cuando el gobierno presentó la reforma previsional indicando que los mayores costos por US$ 3.500 millones se financiarían con las holguras fiscales, recibiendo otra hondonada de críticas de los exministros, a los cuales también se sumó Andrés Velasco.

"Es raro pasar de tener un problema fiscal a tener grandes holguras", acotó Valdés.

El debate sobre el cambio de giro del gobierno con su negativa a adherir al Pacto para la Migración de Naciones Unidas vino a coronar un año donde en el plano económico el fuerte ingreso de extranjeros al mercado laboral chileno marcó como nunca antes la agenda.

La inmigración fue citada por las autoridades como responsable de un aumento en la fuerza laboral que ha estado por encima de los ocupados en los últimos trimestres, razón que explicaría por qué la tasa de desocupación nacional, que se mantiene sobre el 7% en los últimos registros, es mayor que hace un año, pese a que la economía habrá crecido este 2018 en torno a 4%, muy por encima del 1,5% de 2017. Antes, en el mundo de los negocios, la aerolínea LAW canceló sus vuelos tras severos cuestionamientos de sus operaciones, marcadas por el flujo de inmigrantes provenientes del Caribe.

En medio del debate por el impacto en el empleo, el Banco Central intervino, categórico: en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre indicó que dado que las distintas encuestas siguen utilizando como base las proyecciones del Censo de 2002 -debido al fallido que se realizó en 2012-, un fenómeno de inmigración de una magnitud como la que ha experimentado la economía chilena en los últimos años no puede ser representado correctamente mientras no se realice una actualización. De hecho, señaló que el crecimiento del empleo ha sido mayor que lo informado por las encuestas.

Desde el INE se ha informado que están incorporando gradualmente la información del censo abreviado de 2017, con el que se construirán nuevas proyecciones.

Cómo explicarlo... Espectro es como una autopista con varias pistas, por donde pasan los autos..., hay pistas más rápidas y otras más lentas, unas más anchas que otras..., ese es el espectro..., una autopista en el aire con varias bandas por las cuales pasan los datos y la voz.

Y este año el término se tomó por varios meses la agenda, producto del congelamiento de la banda 3,5 GHz por parte de Subtel, con la intención de estudiarla con miras a la implementación de una futura red 5G.

Adicionalmente, también el término espectro apareció en el fallo de la Corte Suprema referido a la adjudicación de la banda de 700 MHz y que gatilló que el gobierno se abocara a la elaboración de un Plan Nacional de Espectro, que no es otra cosa que la actualización de los límites de espectro radioeléctrico de los que pueden disponer las empresas de telecomunicaciones.

El Plan Nacional de Espectro busca actualizar la normativa, preparándola para la futura licitación de redes 5G y que es precisamente donde se darán en 2019 las batallas más importantes en la industria de las telecomunicaciones, ya que el interés del gobierno es iniciar el proceso de licitación, para así en 2020 poder contar ya con esta nueva tecnología.