Luis Felipe Céspedes: "Algunos anuncios de la agenda antiabusos pueden generar falsas expectativas"

CRÍTICO sobre la puesta en escena que el gobierno hizo para anunciar la agenda antiabusos, se muestra el exministro de Economía Luis Felipe Céspedes. Si bien valora algunas medidas, afirma que hay otras que ya están operando, y por ello le pide al gobierno una mayor claridad sobre las nuevas disposiciones, para no confundir a la ciudadanía. "Algunos de los titulares de las materias anunciadas parecen ir en la dirección correcta. Otros, lamentablemente, pueden crear falsas expectativas", indica el también académico de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El gobierno lanzó una agenda antiabusos con una batería de medidas para fortalecer la libre competencia. ¿Es un avance respecto a lo realizado bajo su gestión en Economía en la administración anterior?

-Todos los expertos han señalado que Chile cuenta hoy con una institucionalidad de libre competencia que sanciona severamente las infracciones a ésta, pero la forma en que el gobierno describió sus anuncios desconoció completamente esta realidad. En momentos en que existe una desconfianza enorme hacia las instituciones, es aún más necesario actuar responsablemente. El gobierno habló en su anuncio de establecer cárcel efectiva y multas del doble del beneficio económico para los infractores, pero lo cierto es que esoya está contemplado en la actuallegislación.

¿No lo ve como un avance, entonces?

-Creo que el gobierno requiere entregar mayores detalles en varias materias contenidas en el anuncio, porque no existe suficiente claridad acerca de sus propuestas.

En cuanto a las penas de cárcel por colusión de bienes de primera necesidad, la propuesta del Ejecutivo considera ahora desde 5 años a 10 años de cárcel. ¿Es suficientemente disuasivo?

-Me parece que la existencia de pena de cárcel es un elemento disuasivo efectivo para combatir la colusión. Y me parece muy bueno que hoy tengamos un consenso sobre esta materia. Recordemos que hace unos pocos años éste no existía. El gobierno dijo en su anuncio que el aumento de la pena se hacía para asegurar cárcel efectiva. Recuerdo la discusión sobre esta materia en la reforma de 2016. Algunos senadores señalaron que dada la forma como habíamos planteado la sanción, que era precisamente una pena de entre 5 años y un día a 10 años, podía ocurrir que los infractores que reunieran atenuantes suficientes iban a quedar sin pena de cárcel efectiva. Por lo mismo, en la Comisión de Constitución, donde estaban los actuales ministros Espina y Larraín, se legisló utilizando la técnica de suspender los beneficios de la pena sustitutiva por un año, lo que aseguraba una pena efectiva de al menos un año. Por lo mismo, es mejor esperar los detalles de la propuesta.

También se aumentará el monto de la multa aplicable a quienes cometan esos delitos, debiendo pagar el doble del monto de la falta cometida.

-La ley actual contempla una multa que puede alcanzar el doble del beneficio económico obtenido por quienes se coludieron. En consecuencia, me parece que el anuncio debe haber sido explicado incorrectamente o se refiere a algo distinto. En materias tan complejas como las que estamos hablando, creo que es una buena práctica anunciar las medidas cuando el proyecto de ley respectivo está listo para ser enviado al Congreso o al menos muy cerca de estarlo.

Para el caso de información privilegiada, la pena pasaría de 61 días a 5 años, a un rango de 541 días a 5 años. ¿Es un buen avance o aún insuficiente?

-La señal de endurecimiento de las penas en esta materia me parece que es un paso en la dirección correcta. El uso de información privilegiada erosiona la confianza en el funcionamiento de los mercados financieros, un mercado que es fundamental para el buen funcionamiento de la economía y para potenciar el crecimiento del país.

En lo relacionado a las materias pro consumidor, ¿ve cambios relevantes?

-Algunos de los titulares de los anuncios parecen ir en la dirección correcta. Otros pueden crear falsas expectativas. La creación de un portal en el Ministerio de Economía donde usted pueda entregar su reclamo es lo mismo que hoy tenemos con el Sernac. Y el costo de denunciar al juzgado de policía local lo sigue pagando el consumidor.

¿Se quedó corta esta agenda?

-Necesitamos instituciones económicas fuertes que resguarden el bien común. La FNE es un ejemplo, pero necesitamos un Sernac profesional, aislado del ciclo político y con atribuciones. Es el mejor instrumento para los que verdaderamente creen en la economía de mercado. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional eliminó las facultades que el Congreso le otorgó al Sernac el año 2017 para regular y sancionar en materia de consumidores. Sigo creyendo que es en estas materias donde están los principales abusos.