En el marco del debate por una nueva Constitución, uno de los elementos que se están discutiendo en la Comisión de Expertos es qué tipo de Estado debería tener Chile, dentro de lo cual se analiza la posibilidad de un Estado social de derecho. En ese contexto, el centro de estudios Libertad y Desarrollo (LyD) elaboró un documento en el cual analiza diferentes indicadores de desarrollo sociales y económicos de una serie de países que declaran en su Carta Magna tener ese tipo de Estado.

Como punto de partida, el documento señala como principal característica del Estado social y democrático de derecho que este garantiza a las personas, además de las libertades clásicas, la provisión de ciertos bienes sociales. Sin embargo, desde LyD aseguran que, a propósito de la discusión al interior de la Comisión de Expertos, dicha definición no abordaría la manera en que dichos bienes deben ser provistos.

De acuerdo al centro de estudios, hay diferentes concepciones del Estado social de derecho: una visión más extrema -que dejaría exclusivamente en manos del Estado la prestación de derechos sociales, lo que el estudio califica de “monopolio estatal”-, otra menos extrema y una liberal. Dicha variedad demostraría que no hay una única forma de entender dicho concepto respecto al rol del Estado en la provisión de derechos sociales.

En esa línea, el documento exhibe la lista de 42 países en el mundo que declaran en su Constitución explícitamente ser estados sociales de derecho. Para evaluar cómo funcionan dichas naciones en áreas sociales, políticas y económicas, el centro de estudios escogió una serie de indicadores: Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU, cuya medición se basa en el nivel de ingresos, calidad de los sistemas de salud, educación, entre otros. También, el Índice de Democracia (ID) 2022 elaborado por The Economist, que evalúa la calidad de la democracia en base a la calidad de sus procesos electorales, funcionamiento de gobierno, participación política, entre otros aspectos. En tercer lugar, el PIB per cápita y, finalmente, la tasa de pobreza definida por cada país.

De acuerdo al estudio, dichos indicadores mostrarían una alta heterogeneidad, difiriendo en nivel de desarrollo, ubicación geográfica, cultural, entre otros. En ese sentido, el informe cita datos de The Economist que indican que 17 países (43%) que se definen como Estado social de derecho corresponden a regímenes autoritarios y solo tres corresponden a democracias plenas (Alemania, España y Francia).

Al hacer la comparación entre Chile y el resto del grupo de países, el estudio concluye que, en cuanto a Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Democracia y la tasa de pobreza, Chile supera al promedio de países que se definen constitucionalmente como estados sociales de derecho. En cuanto al PIB per cápita, el de Chile es 68% superior al resto de los países de la muestra.

Dice el estudio además que la mayoría de los países del grupo no están entre los que han alcanzado un alto nivel de ingresos “y no hay una tendencia clara respecto a su futuro. En efecto, dividen casi en partes iguales entre aquellos países que avanzan y aquellos que retroceden o se mantienen estancados según el Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Democracia”

Por otro lado, dentro del grupo de 42 países, se analizaron siete de ellos que a su vez están dentro de la OCDE: Alemania, Colombia, Eslovenia, España, Estonia, Francia y Turquía. De acuerdo con el informe, dicha composición reforzaría la idea que un Estado social de derecho puede organizarse de diversas maneras a la hora de resolver cómo se materializa la provisión de derechos sociales.

En el ámbito educativo, por ejemplo, el estudio muestra que entre los diez países con mejores resultados educativos de la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de la OCDE, sólo Estonia es un Estado social de derecho.

Por otro lado, dice el informe, entre los países que se definen bajo el concepto de Estado social de derecho, España tiene una significativa participación privada en educación, donde un tercio de la matrícula asiste a ese tipo de establecimientos.

Si bien existe una predominancia de la educación estatal en dichos países, lo anterior no se observaría en otros ámbitos, como la salud. Esto, dice el estudio, se da incluso en países con alta matrícula escolar estatal como Alemania, donde existe educación estatal, pero con una amplia libertad de elección entre diversos seguros privados en el ámbito de la salud.

Con todo, el informe reconoce que tal como en el resto de los países que se analizaron, no es incompatible que Chile se defina como un Estado social de derecho, y al mismo tiempo, las personas puedan elegir entre proveedores públicos y privados como lo han hecho históricamente.

Esto siempre y cuando, dice el análisis, que la prestación de derechos sociales no se realice exclusivamente a través del Estado. Esto, ya que sería “un problema de cara a los ciudadanos, ya que los deja sin alternativas ante una mala provisión del servicio. Ejemplos como las listas de espera en los hospitales públicos, dan cuenta de la necesidad de tener opciones a un único proveedor estatal”.