LyD en picada contra proyecto de Ley Corta de Pesca: advierte posibles vicios de constitucionalidad 

"No hay evidencia de que existan razones relacionadas con la promoción de la libre competencia ni la eficiencia para establecer un sistema de licitaciones. La modificación propuesta adolece de posibles vicios de constitucionalidad, por cuanto afectaría los derechos ya adquiridos por los actuales actores, al  desconocer que estos adquirieron licencias por 20 años, renovables".

Esas fueron algunas de las conclusiones que arrojó Libertad y Desarrollo (LyD) en un análisis realizado a la tramitación de la Ley Corta de Pesca en el Congreso, que entre otras cosas, considera reemplazar el actual sistema de asignación de licencias de pesca para el sector industrial por uno de subasta,  ítem que fue catalogado como preocupante por el centro de estudios.

En ese sentido, LyD señaló que no es conveniente adoptar un sistema de licitaciones como norma general por distintas razones, entre ellas, que la experiencia internacional no avala un sistema de ese tipo; que no existen suficientes razones de libre competencia ni de eficiencia para establecer un sistema de licitaciones; y que un mecanismo de licitaciones implica un deterioro de la calidad de los derechos de explotación que tiende a afectar las decisiones de inversión y de manejo sustentable del recurso pesquero.

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"Son muy pocos los países que han adoptado un sistema de subastas para la asignación de cuotas pesqueras, y al mismo tiempo, han sido experiencias poco exitosas. Ejemplos de estos son Rusia y Estonia, los cuales el año 2000 adoptaron un sistema de subastas con el objeto de recaudar más recursos para el Estado, pero pocos años más tarde tuvieron que abandonar dichos sistemas precisamente por los malos resultados económicos de las compañías pesqueras y el aumento de la pesca ilegal", dice el escrito.

"Un sistema de licitaciones no contribuye necesariamente a la entrada de nuevos actores. Ello, por cuanto es difícil que varíe la composición de actores que hoy operan en el mercado. Estos actores han realizado inversiones en capital específico, las cuales por su carácter de costo hundido (en caso de salir del mercado) hacen que los actores tengan una mayor disposición a pagar por las licencias subastadas que los posibles nuevos actores que ingresan al sistema. De esta manera, no es claro que las subastas disminuyan la concentración del mercado", añade.

El centro de estudios también cuestionó que el proyecto de Ley pretenda modificar el sistema de asignación de cuotas pesqueras industriales, eliminando con ello la posibilidad de renovación de las Licencias Transables de Pesca (LTP). En ese sentido, afirmó que ello es contrario a las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y que afecta "gravemente" los derechos de propiedad de los actuales operadores.

"Existen posibles vicios de constitucionalidad aparejados a las modificaciones que se plantean. En primer lugar, podría argüirse que la renovación es de la esencia de la asignación y nació junto a la autorización de pesca, de modo tal que la modificación propuesta es contraria al derecho de propiedad que tienen los armadores sobre sus cuotas pesqueras", indicó.

Con todo, LyD señaló que sin perjuicio de las posibles desventajas y dudas que podría generar la adopción de un sistema de licitaciones y de los posibles vicios de constitucionalidad de los que puede adolecer el proyecto, "en cualquier caso el sistema de subastas tal como está propuesto debiera revisarse, en especial, la duración de veinte años que se propone para las licencias sin posibilidad de renovación. Lo anterior, por cuanto no hay que olvidar que el sistema vigente contempla licencias transables de pesca de veinte años de duración, renovables, de tal manera que la propuesta afecta los derechos adquiridos por los titulares de las autorizaciones de pesca".

Asimismo, planteó que en el evento de insistir en un sistema de subastas para las asignaciones de las cuotas pesqueras industriales, debería estudiarse la posibilidad de prolongar la duración de las licencias más allá de 20 años, considerando las inversiones que exige una actividad de este tipo y como  contrapeso a la no renovación.