A- Aumento de penas por colusión para bienes y servicios de primera necesidad: La pena actual para el delito de colusión va desde los 3 años y un día a los 10 años. Se propone que para casos de bienes o servicios de primera necesidad la pena parta en 5 años y un día, manteniéndose el máximo de 10 años. De acuerdo con la iniciativa, para determinar si un bien o servicio es de primera necesidad, el juez deberá considerar, entre otros criterios, si el bien es de alta relevancia para la vida cotidiana de las personas, si es de uso masivo o si fue grave el perjuicio causado a los consumidores por la conducta. Esto se debe a que los conceptos de primera necesidad son móviles, especialmente con los productos tecnológicos donde todo avanza muy rápido.

B- Nuevas herramientas para fortalecer la investigación de carteles por parte de la Fiscalía Nacional Económica (FNE): se propone dar a la FNE la facultad del alzamiento del secreto y de la reserva bancaria; nuevos medios técnicos de investigación como fotografías, filmaciones o grabaciones y medidas para resguardar la evidencia electrónica, como solicitar a las empresas de telecomunicaciones que creen un respaldo de las comunicaciones enviadas y recibidas por personas afectadas por investigaciones por actos colusorios.

C- Denunciantes anónimos ante la FNE: el proyecto incorpora la figura del denunciante anónimo en el contexto de libre competencia. El proyecto agrega una obligación a la FNE de mantener la reserva de la identidad del denunciante en caso de que así sea solicitado, cumpliendo las condiciones mínimas de la denuncia. Se incluyen sanciones graves para quienes utilizan maliciosamente este instrumento.

A- Aumento de penas y multas por uso de información privilegiada y otros abusos en el mercado de valores: Se modifica la Ley de Valores para subir la pena actual de distintas conductas de abuso de mercado. Información privilegiada, fraudes y alteración de documentos, aumentan su pena desde presidio menor en cualquier de sus grados (61 días a 5 años y un día) a presidio menor en su grado medio hasta presidio mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años y un día). Además, se propone aumentar el máximo de multas a imponer por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) desde 15.000 UF a 100.000 UF, lo que implica multiplicar por 7 el máximo de la multa actual.

B- Establecer “períodos de bloqueo” asociados al uso de información privilegiada, explicitando qué directores, gerentes, principales ejecutivos y sus parientes hasta segundo grado no podrán efectuar transacciones de valores del emisor en los 30 días anteriores a la divulgación de estados financieros.

C- Denunciante anónimo ante la CMF: Se propone la incorporación de la figura del denunciante anónimo para aquellas personas que, sin haber participado como imputado o víctima en la conducta denunciada, tengan antecedentes desconocidos para la CMF y sustanciales para la investigación. El proyecto entrega protección a dicho denunciante, establece sanciones para quienes divulguen el secreto de la investigación y entrega una recompensa a los denunciantes de entre 10% y 30% de la multa aplicada, con un máximo de 25.000 UF, unos $700 millones.

A- Se crea un canal de denuncias en la Contraloría General de la República: En este se podrá denunciar cualquier persona, sea este un funcionario público o no. Al momento de hacer la denuncia, se podrá solicitar que se mantenga en reserva la identificación del denunciante, así como cualquier antecedente que sirva para identificarlo. Para que no se abuse de esta herramienta, se agrega una sanción para quienes presenten denuncias falsas.

B- Foco en corrupción: El canal recibirá denuncias sobre hechos constitutivos de infracciones disciplinarias o administrativas, así como hechos asociados a corrupción o que afectasen recursos públicos. En caso de recibir hechos que constituyan delito, deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público.

C- Tratamiento de la reserva: En el caso de que el denunciante solicite la reserva, la identidad del denunciante deberá ser resguardada en todo momento por la Contraloría. Ello implica que, de remitir los antecedentes a otra institución, deberá reservarse para sí la identidad del denunciante y resguardar que ésta no se pueda inferir de la información entregada.

D- Medidas preventivas de protección: Los funcionarios públicos que realicen denuncias en el nuevo canal podrán, en caso de que la reserva no sea suficiente resguardo, solicitar a la Contraloría que establezca medidas de resguardo.

Actualmente el plazo de prescripción para los delitos electorales es de 2 años, a diferencia de la regla general de 5 años. Se propone eliminar la disposición especial, para que los delitos electorales queden regulados con el mismo plazo de prescripción que el resto de los ilícitos de esta gravedad, es decir, de 5 años.