Minera chilena triunfa contra Bolivia y logra reafirmar fallo por US$49 millones

Por primera vez una empresa chilena consiguió un fallo favorable en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Se trata de Quiborax, minera no metálica chilena ligada a la familia Fosk, que ganó un juicio internacional contra Bolivia en 2015 por prácticas ilegales y discriminatorias. Fue entonces cuando la firma pensó que los diez años de disputa legal contra el país habían acabado, gracias a la indemnización de US$48,6 millones, más costas, que dictó el Ciadi para la empresa.

Sin embargo, no fue así: en septiembre de 2015 el Estado boliviano solicitó anular la sentencia arbitral. A casi tres años de esa petición, la disputa finalmente habría llegado a su fin la semana pasada, luego de que el Ciadi decidiera "desestimar en su totalidad la solicitud de anulación" que exigía Bolivia contra la empresa de capitales chilenos.

Con ello, el organismo internacional también puso término a la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que el país que preside Evo Morales deberá pagar a Quiborax -representada por el estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana- los US$48,6 millones que habían sido fijados hace casi cuatro años, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras costas.

Pero no sólo eso. La institución del Banco Mundial también determinó que Bolivia tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del Ciadi en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.

Eso sí, la entidad determinó que Quiborax tendrá que pagar los costos en los que incurrió su defensa (US$462.000) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (US$1.384.801, incluyendo anticipos al Ciadi).

Bolivia fundaba su solicitud de anulación del fallo en tres causales: el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades; el tribunal quebrantó gravemente una norma de procedimiento; y la falta de expresión en el laudo de los motivos en que se fundaba.

El conflicto en sus inicios

Fue en junio del 2004 cuando Bolivia revirtió las concesiones mineras que tenía Quiborax para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, en el estado de Potosí.

En ese momento, la firma chilena operaba en Bolivia mediante la compañía Non-Metallic Metals (NMM), que crearon tras asociarse con Minera Río Grande Sur en 2001, y mediante la cual operaban 11 concesiones mineras en el que es considerado como el mayor salar del mundo.

Sin embargo, todo terminó cuando el país que en ese entonces era presidido por Carlos Mesa, revocó sus concesiones mineras, por lo que fueron expropiados.

Pese a que la compañía intentó llegar a un acuerdo con Bolivia, no resultó. Con este telón de fondo, la empresa demandó en 2006 al Estado boliviano por US$66 millones ante el Ciadi, buscando una compensación de su inversión y por los perjuicios sufridos por la pérdida de las concesiones mineras.

Con todo, en 2015 el Ciadi concluyó que Bolivia "ha violado el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI), al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones de los demandantes a través de medidas injustificadas o discriminatorias".

Durante el proceso, Bolivia objetó la jurisdicción del Ciadi para investigar el conflicto, pero el argumento fue desechado. También cuestionó las escrituras de concesión de Non Metallic Minerals.

De este modo, la batalla judicial que ahora deberá enfrentar Bolivia contra Chile, ocurre sólo en el Tribunal Internacional de La Haya para dirimir una eventual salida soberana de mar.