Ministro de Energía: “Estado de Reserva Estratégica de carboneras solo ha generado costos y tensiones institucionales y no ha aportado seguridad al sistema”

El ministro de Energía, Diego Pardow, cerró este martes la mesa público-privada que discutió la duración del tránsito hacia la aplicación de la nueva reglamentación para las transferencias de potencia, que representan gran parte de la remuneración de las generadoras eléctricas. Como resultado de este proceso, la cartera modificó las disposiciones transitorias del reglamento a fin de mitigar a través de la gradualidad el impacto de su implementación en las decisiones de inversión adoptadas bajo el anterior marco; las empresas pueden elegir distintas opciones de plazos para adscribir a sus centrales a la nueva metodología, con lo que se apunta a entregar una señal de estabilidad regulatoria.

El texto con las modificaciones reglamentarias será difundido en marzo y sometido a consulta pública por 15 días hábiles a partir del 6 de marzo, a fin de reingresar el reglamento a Contraloría a más tardar en junio. El reglamento, que incorpora una metodología de remuneración de potencia más responsiva con una matriz eléctrica con más energías renovables e incorpora la remuneración del almacenamiento, entra en vigor cinco años después de su publicación. Las centrales consideradas en el régimen transitorio a partir de la entrada en vigor del reglamento serían las con una antigüedad menor o igual a 15 años que hayan entrado en operación hasta la publicación del reglamento; y las declaradas en construcción y o comprometidas producto de licitaciones de suministro, hasta la publicación del reglamento. “La citación a esta mesa de trabajo público-privada fue una de las primeras medidas que implementé al llegar el ministerio. Existía un diagnóstico claro de la necesidad de revisar las condiciones de la aplicación temporal del reglamento que estaba en Contraloría y aquello requería de un dialogo técnico con los actores”, dijo Pardow. Enfatizó que en las propuestas primaron los principios de certeza regulatoria y el impulso a los sistemas de almacenamiento.

Como resultado la mesa de potencia también se abordó la necesidad de revisar el Estado Reserva Estratégica (ERE), mecanismo que permite que centrales a carbón sigan recibiendo pagos por parte del Estado al actuar como respaldo del sistema eléctrico: “Como ministerio hemos llegado al convencimiento que debemos revisar el sistema reconocido en este reglamento en materia de seguridad de suministro asociado al proceso de descarbonización. La actual regulación del Estado de Reserva Estratégico (ERE) tiene claras deficiencias, alejándose de la práctica internacional, lo que además se refleja en que su implementación práctica solo ha generado costos para el sistema, conflictividad social, tensiones institucionales y no ha sido capaz de aportar la seguridad que prometió. Lo anterior vuelve necesario abrir un nuevo espacio de discusión, acotado, sobre los mecanismos de seguridad resguardando por cierto las situaciones jurídicas que estén consolidadas”.

Francisco Muñoz, director de Estudios Generadoras de Chile, manifestó que “valoramos la incorporación de una señal clara de reconocimiento de potencia al almacenamiento standalone e híbrido con renovables, como también la opción al reconocimiento a las inversiones ya realizadas. No obstante, persiste aún la inquietud de si muchos de los elementos de diseño van a responder adecuadamente a las necesidades reales de suficiencia del sistema eléctrico chileno en el proceso de transición energética”. Agregó que cualquier revisión del ERE debe “mantener las señales de seguridad del sistema y permitir que se continúe con un retiro responsable de las unidades a carbón”.

Mientras que Rafael Loyola, director ejecutivo de la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (Apemec), comentó que “reglamentaciones que incluyen transitorios demasiado largos, como lo planteado por el ministerio en materia de potencia −20 años de reconocimiento del antiguo régimen para los proyectos nuevos, dado que el transitorio establece que para estos subsisten las reglas del actual reglamento por 15 años, más otros cinco de adaptación) tienden a desvirtuar completamente la solución del problema público que se pretendió resolver con la dictación de un nuevo reglamento”. Explica que lo que se pretendía era establecer un mecanismo que dejara de reconocer tanta potencia a centrales variables como solar y eólica y de incentivar la sobreinstalación de centrales diésel. Y en cuanto a la asignación del aporte al atributo de potencia advierte que “un periodo tan extenso impone asimetrías relevantes a los actores del mercado y se dificultan los incentivos requeridos para promover energía renovable flexible que reemplace fuentes contaminantes como carbón, diésel y gas”.