Nuevo Senado fija posición frente a reformas estructurales de Boric

Mientras en el segundo piso del nuevo centro de operaciones del presidente electo en el tradicional barrio “Vaticano chico” de la comuna de Providencia, aún no se define quién liderará desde Hacienda las ambiciosas reformas estructurales planteadas en el programa de gobierno, el nuevo Senado que debutará en marzo ya comienza a fijar su posición frente los emblemáticos proyectos tributarios y de pensiones.

Si bien la estrategia de Gabriel Boric y su equipo aún está en diseño, para muchos en Apruebo Dignidad resulta coherente que tanto la reforma a las pensiones como el cambio tributario sean enviados por partes a partir de marzo, dada la envergadura técnica y la necesidad de consensos que requieren ambas iniciativas. “Ambos proyectos son cambios estructurales que integran varias ‘minirreformas’ a la vez y que podrían ser complejas de mandar como un solo paquete”, sostiene un legislador del conglomerado.

Este diseño también deberá enfrentar el nuevo equilibrio de fuerzas que existirá a partir de marzo en el Congreso, con una centroderecha que salió fortalecida tras la última elección y donde la necesidad de consensos aparece como la única salida para el nuevo gobierno en la tarea de aprobar sus reformas.

Muchos recuerdan el “tortuoso camino” de la última gran reforma tributaria enviada por Michelle Bachelet al Congreso en 2014, la que incluso sorprendió con su contenido a muchos miembros del conglomerado oficialista de la época (Nueva Mayoría) y que tuvo que enfrentar la feroz crítica técnica y política de la oposición. El tensionante primer año de Bachelet terminó con la salida de su ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en 2015, y el envío de un nuevo proyecto para “simplificar” la polémica reforma impositiva aprobada el año anterior.

“Una de las virtudes del próximo gobierno deberá ser el diálogo. Deberá ponderar las distintas visiones y posiciones presentes en el Parlamento para lograr acuerdos amplios que permitan avanzar en el programa de gobierno. A su vez, deberá incorporar opiniones técnicas responsables, dado que requeriremos no tan solo viabilidad política, sino que técnica y financiera de sus propuestas”, afirma la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC).

La senadora integra hoy la estratégica comisión de Hacienda, encargada de analizar los proyectos económicos, junto a Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Carlos Montes (PS). Este último deberá dejar la comisión y el Senado en marzo de 2022.

Si bien la nueva gobernanza del Senado y sus comisiones deberán definirse en las próximas semanas, la apuesta es que gran parte de los actuales integrantes de la comisión de Hacienda sigan el próximo año. En reemplazo de Montes se incorporaría el electo senador PC Daniel Núñez, quien hoy es parte de la misma comisión en la Cámara de Diputados.

“Lo importante, tanto en la reforma de pensiones como en la tributaria, es la gradualidad y llegar a los consensos”, destaca la actual diputada Alejandra Sepúlveda, del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), quien llegará en marzo al Senado con la aspiración de integrar la también clave comisión de Trabajo de la Cámara Alta. A dicha comisión, que le tocará analizar la reforma de pensiones, se podría incorporar además el electo senador DC Matías Walker.

Precedida de fuertes críticas de expertos y del actual oficialismo por las altas expectativas de recaudación y el cambio estructural que pretende en materia impositiva (ver recuadro), la reforma tributaria será el primer gran desafío para el nuevo Congreso a partir de marzo.

Para el exministro de Hacienda Ignacio Briones, este es el momento de avanzar en un pacto tributario de largo plazo que evite estar “parchando” la estructura impositiva cada cuatro años, generando incertidumbre económica permanente y efectos nocivos en la inversión.

“Pese a que en los últimos años ha habido una serie de reformas tributarias de distinta envergadura, ha llegado el momento de tener una mirada compartida sobre nuestro sistema tributario de mediano plazo. Ello supone avanzar, no en una reforma tributaria más, sino que en un pacto tributario que, por un lado sea capaz de allegar mayor recaudación en el tiempo y, además, provea incentivos a la inversión”, afirma el economista y académico de la UAI.

El senador UDI Juan Antonio Coloma sintoniza con la idea de hacer una reforma tributaria de más largo aliento y bajar las incertidumbres a la inversión que generan este tipo de proyectos. “Ojalá podamos llegar a un acuerdo en que todos nos sintamos cómodos y que sea del más largo plazo posible. Es muy deseable en toda reforma especialmente en materia tributaria”, resume Coloma, quien declara estar con la “mente abierta” a la espera de conocer los detalles de la iniciativa.

En el Frente Amplio también hace sentido un acuerdo de más largo plazo e insisten en lograr los consensos necesarios y lograr los criterios de sostenibilidad y legitimidad social y democrática. “Sería iluso de mi parte pensar que se puede ‘pasar máquina’ o llegar con una propuesta y esperar que se apruebe inmediatamente, porque el gobierno y la coalición no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras”, reconoce Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática (RD).

Coincide la senadora electa Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien cree que el ideal es tener un sistema tributario de largo plazo. “Sin embargo, no podemos tener un sistema tributario regresivo como el actual. Creemos que hay principios importantes como el que tiene más, debe pagar más. Si nos entendemos en los principios y estamos de acuerdo, vamos a poder trabajar de mejor manera”, apuntó la parlamentaria.

Más escéptico es el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, “Es difícil decirle al próximo Presidente de la República el 2026 que no van a poder proponer nada en materia impositiva porque ya está todo dicho. Entiendo la buena intención, pero lo veo difícil de concretar”, sostiene.

De hecho, el parlamentario oficialista muestra fuertes aprensiones y llama a ser “cuidadoso” sobre dos aspectos anunciados de la reforma tributaria: los impuestos verdes y a la renta. “Un aumento muy importante, muy significativo de los impuestos a la renta y también de los llamados impuestos verdes nos pueden ocasionar un freno muy importante en materia de desarrollo”, alerta el parlamentario RN.

En el seno de la coalición de Apruebo Dignidad se ha analizado la posibilidad de separar en un proyecto distinto los llamados impuestos verdes (impuesto a las emisiones fijas y revisión del tributo al diésel) dado su efecto en la clase media y las pymes, y la necesidad de generar compensaciones a los sectores que serán afectados. Cercanos al equipo tributario también han mostrado sus reparos al ítem “renta” de la reforma tributaria y a la desintegración total del sistema.

El senador de Evópoli, Felipe Kast, es tajante en señalar que si la reforma tributaria no tiene énfasis procrecimiento, proinversión y no promueve el empleo, estará lejos de tener su aprobación. “Estamos siempre abiertos a un pacto de largo plazo que dé certeza jurídica, con una disminución de gastos superfluos en el Estado”, concluye el parlamentario.

En medio de la falta de claridad sobre la posición de la Democracia Cristiana en torno al nuevo gobierno de Gabriel Boric, los votos de la falange serán claves en el Senado para las reformas que pretende Apruebo Dignidad.

“La Democracia Cristiana se encuentra en un punto de inflexión. Si bien la junta nacional del PDC señaló que sería oposición, hoy se habla de ‘colaboración’. La ciudadanía fue clara, no quieren que la Democracia Cristiana conduzca el gobierno, pero eso no significa que no podamos apoyar toda reforma e iniciativa que permita dar solución urgente a las carencias materiales de la población”, afirma la senadora DC Ximena Rincón.

Para el electo senador de la falange, Matías Walker, la DC va a buscar generar los acuerdos necesarios para viabilizar las reformas, aunque reconoce que no formarán parte del nuevo gobierno. “Esta es una oportunidad para llegar a grandes acuerdos respecto de lo que Chile necesita en materia tributaria y en materia previsional, y en ese sentido podemos ser un puente para construir acuerdos. Hemos dicho que no vamos a formar parte del gobierno, pero sí podemos ayudar a darle gobernabilidad a Chile desde el Congreso”, explica.

Sin embargo, el actual diputado Walker también es claro en señalar que será muy enfático en defender la propiedad individual de los fondos de pensiones en la futura reforma. En el último programa de Apruebo Dignidad, que incorporó algunas propuestas de Marco Enríquez-Ominami y Yasna Provoste, se propone el fin de las AFP y la creación de un pilar contributivo donde un tercio de la cotización se destine a reparto (ver recuadro).

Walker dice que los cotizantes hoy prefieren que el actual 10% de cotización sea de su propiedad, por lo que insta a llegar a acuerdos en este sentido. “Creo que va a estar en el centro de la discusión si las cuentas van a ser nocionales o realmente se va a respetar el derecho de propiedad de los trabajadores con sus ahorros previsionales. Soy partidario de mantener el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros previsionales. Que sean los afiliados quienes determinen quién va a administrar sus fondos”, sostiene el legislador.

“Esperemos que se respete lo más posible el ahorro individual. Para nosotros es un aspecto muy, muy sentido. Lo vamos a defender”, enfatiza, a su vez, el senador RN José García Ruminot.

Pero el debate en torno a contenidos del proyecto de pensiones del gobierno va más allá. En el seno de la futura coalición de gobierno no existen posiciones únicas sobre la iniciativa, pero coinciden en la necesidad de crear un sistema de seguridad social con un “primer piso” que garantice pensiones dignas. “Si serán cuentas nocionales o ahorro individual, eso será parte del detalle a discutir. No me quiero adelantar porque esto será parte de las tareas prioritarias del nuevo gabinete”, afirma el senador Juan Ignacio Latorre (RD).

El parlamentario precisa que los futuros ministros encargados van a definir si la reforma de pensiones se envía como un paquete completo o de forma parcelada, dada la complejidad de los temas que aborda. “Se podrían enviar varios proyectos de ley”, resume Latorre.

“Mi postura es generar espacios para más reparto en el nuevo sistema de pensiones, más que de capitalización individual, pero estoy abierta a resolver el tema dialogando para encontrar la mejor solución en el Senado”, concluye, a su vez, la senadora Sepúlveda.

Por mientras, en la llamada “Moneda chica” de calle Condell con Obispo Salas, Boric y sus asesores comienzan a delinear la estrategia política que viabilice sus anheladas reformas.P

El programa del presidente electo afinado durante la segunda vuelta bajó del 6% al 5% del PIB (8% en ocho años)su monto estimado de recaudación durante cuatro años, lo que demuestra la envergadura del proyecto. La reforma de Bachelet enviada en marzo 2014 apuntaba a los 3 puntos del PIB (unos US$ 8.200 millones de entonces).

Un grueso de los ingresos tributarios de la reforma provendrán del fin de algunas exenciones (al impuesto a las ganancias de capital de las acciones de alta presencia bursátil, por ejemplo) y de medidas contra la evasión y elusión (registro de beneficiarios finales y mayor acceso a cuentas bancarias, entre otros).

La reforma también considera un royalty a la minería (impuesto ad valorem a la extracción del mineral) y un impuesto a la riqueza con el fin de gravar a los altos patrimonios.

Ambos impuestos han generado diferencias al interior del equipo cercano al presidente electo dado sus efectos económicos y políticos. Mientras algunos son partidarios de separar el ítem de impuestos verdes de la reforma y enviarlo en otro proyecto, otros dudan si hay piso para avanzar en la desintegración total del sistema tributario.

Se establece una Pensión Básica Universal (PBU) de $ 250 mil: beneficiará a los adultos mayores a partir de los 65 años y reemplazará al actual pilar solidario de vejez (PBS y APS de vejez). La clave de esta medida, que ha provocado matices en el seno de Apruebo Dignidad por su alto costo, será la gradualidad en su implementación, ya que dependerá de los ingresos de la reforma tributaria y la salud de las finanzas públicas.

Propone un pilar contributivo con cargo a cotizaciones obligatorias de trabajadores y una nueva cotización de cargo de empleadores del 6%. Ese pilar contará con un componente de contribución en cuentas de ahorro personales (dos tercios del flujo de contribución en régimen) y el tercio restante se irá a un componente de reparto.