Opositores a Dominga juegan su última carta y vuelven a la Corte Suprema para intentar frenar el proyecto

A última hora de este miércoles, al filo del plazo legal, organizaciones sociales que se oponen al proyecto minero Dominga presentaron un recurso de casación. Esto, en contra de un fallo de abril en que el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, dio una nueva oportunidad al proyecto, retrotrayendo el procedimiento de tramitación a la etapa de votación en el consejo regional.

En la práctica, el fallo del Tribunal Ambiental ordena a que la comisión de evaluación, que ya rechazó la iniciativa en 2017 en una polémica votación -que solo se dirimió con el voto del intendente regional- realice una nueva votación. El rechazo a la iniciativa dado hace cuatro años en la instancia regional fue secundado por el Comité de Ministros, que lideraba el entonces titular de Medio Ambiente del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, Marcelo Mena.

El documento está firmado por el abogado Diego Lillo y en él se pide que se invalide y anule la sentencia emitida el 16 de abril, pues a su juicio esta ha sido pronunciada “con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica y en contra de otra sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”, señala el recurso.

Según Diego Lillo, quien es abogado de la ONG Fima, con este recurso buscan demostrar que la actuación del Comité de Ministros estuvo dentro de la legalidad, y además se pretende probar que Dominga “adoleció de información esencial y no pudo satisfacer medidas de mitigación y compensación para los grandes impactos que el proyecto tendría”.

“El Tribunal Ambiental confundió su función de revisar la legalidad de la actuación del Comité de Ministros que rechazó el proyecto con una atribución que no tiene de realizar una evaluación ambiental alternativa de Dominga (...). Nunca demostró que la instancia ministerial haya resuelto en forma contraria a derecho”, complementó el profesional.

La compañía Andes Iron, ligada a la familia Délano -que a la vez está ligada al grupo Penta- valoró el fallo del Tribunal Ambiental y aseguró que espera iniciar la fase de construcción de Dominga hacia el segundo semestre de este año.

“Confiamos en que este nuevo fallo favorable de un tribunal de la República permita dar inicio prontamente a la fase de construcción de este proyecto. Esperamos que esto ocurra el segundo semestre de 2021, una vez que se hayan cumplido los requerimientos establecidos por el tribunal”, dijo la empresa mediante un comunicado.

La iniciativa minera considera una inversión de US$2.500 millones, y fue presentada a evaluación ambiental en 2013. Tras un largo proceso de evaluación, fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo en marzo de 2017, en una ajustada decisión que concluyó empatada seis a seis, obligando al intendente de Coquimbo de la época, Claudio Ibáñez, a dirimir.

Tras esa decisión, Andes Iron el titular del proyecto, recurrió al Comité de Ministros. La citación a dicha instancia también fue polémica, pues se convocó a los ministros un viernes a última hora y la reunión se realizó el lunes temprano, por lo que algunos integrantes señalaron que no había tiempo suficiente para leer todo el expediente del caso.

La situación incluso provocó un quiebre en el gabinete de la entonces presidenta Michelle Bachelet, que solo finalizó cuando el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, abandonó su cargo.

Dominga, a ubicarse en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo, considera la construcción y operación de un proyecto minero portuario, para extraer y exportar mineral de hierro y cobre como subproducto. Precisamente este fue uno de los argumentos en contra: que el proyecto fue presentado de manera separada a evaluación, en circunstancias que se trata de una sola iniciativa.