Pescadores artesanales de la comuna de La Higuera y pro Dominga piden al gobierno cumplir el fallo “sin titubeos”

Sindicatos de pescadores artesanales de la comuna de La Higuera pidieron al gobierno del Presidente Gabriel Boric dar cumplimiento al reciente fallo del del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, el cual anuló la resolución del Comité de Ministros, que rechazó permiso ambiental del proyecto, que está ubicado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo, y que compromete una inversión de US$ 2.300 millones.

“Confiamos en que el Comité de Ministros y el gobierno cumplirán la sentencia sin titubeos ni letra chica, poniendo a disposición las condiciones para ello, atendida la contundencia de sus conclusiones. Sería impresentable que un ente público incurriera en desacato de sentencias judiciales”, dijo el abogado Marcelo Castillo, representante de los pescadores artesanales, vía un comunicado.

Un llamado de los pescadores que se da en el contexto de que, aún está la puerta abierta para que el fallo pueda ser revisado por la Corte Suprema, lo que podría extender aún más la historia judicial del caso. Mientras que, si no se busca revertir el fallo, el Comité de Ministros tiene 15 días para volver a pronunciarse.

En el mensaje de los pescadores, y en su calidad de terceros coadyuvantes en el proceso, el grupo comentó que, “de no respetarse la sentencia en los plazos establecidos, ejercerán acciones penales contra quienes resulten responsables por desacato”.

Por otro lado, la agrupación de pescadores pro el proyecto minero-portuario destacaron la justificación del fallo sobre el deber, que según el tribunal estimó que tenían, de que, la ex ministra de Minería, Marcela Hernando, y de Medio Ambiente, Maisa Rojas, debían inhabilitarse de la votación, por manifestar su preferencia antes de la instancia formal donde se abordó el futuro de Dominga.

Ante esto, el sindicato dijo que está analizando la presentación de una querella por prevaricación administrativa.

“Esta sentencia no solo reprocha fuertemente una integración poco proba del Comité, sino que también marca un precedente sobre cómo la falta de ética en la gestión pública puede afectar derechos fundamentales y decisiones técnicas previamente avaladas. En esto, el Comité de Ministros ha dañado sustancialmente la fe pública y ahora tiene una única oportunidad de enmendarlo”, comentó Castillo.