Presidente de BancoEstado tras fraude informático: “Se han tomado una serie de medidas adicionales orientadas a reforzar los sistemas y procesos”

El lunes pasado BancoEstado presentó una querella por fraude informático, lavado de activos, y asociación ilícita para la comisión de lavado de activos contra dos extrabajadores del la estatal, Francisco Germán del Pino Cofré, Luis Santiago Aranda Montecinos, además de una persona natural, Leidy Ziomara Ferrer Suárez; y el representante legal de un exproveedor del banco, Paulo César Vio Conejero, y todos quienes resulten responsables. Esto, a raíz de que BancoEstado acusa que le sustrajeron más de $6 mil millones entre 2021 y 2024.

Eso se dio a conocer la semana pasada, y este lunes el presidente de BancoEstado, Daniel Hojman, acudió a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para dar más detalles del asunto. Sin embargo, el 5 de septiembre el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó que la querella presentada por la estatal es reservada. Por eso mismo, también Hojman solicitó que la presentación que haría él junto a otros ejecutivos en la sesión de la Comisión de Hacienda, fuera secreta. Los parlamentarios accedieron a ello, pero solo para una parte de la presentación.

En su presentación pública ante los diputados, Hojman reconoció que “el banco ha sido víctima de un fraude informático sofisticado” y que “esto fue perpetrado por dos extrabajadores del banco en colusión con una empresa privada, que prestaba servicios desde agosto del año 2020, y que inició la comisión de ilícitos, en base a la investigación interna que hizo el banco de auditoría, desde 2021″.

Detalló que “este grupo orquestó un esquema para desviar fondos de la institución, utilizando un acceso privilegiado, eran trabajadores con altos privilegios desde el punto de vista de los sistemas de computación; y conocimiento de los sistemas internos”.

El presidente de la estatal dijo que “como parte de los procesos de control propios del banco, parte del plan de auditoría y una investigación posterior, se identificó esta actividad irregular. Inmediatamente se inició una investigación que permitió identificar y detener estas operaciones fraudulentas. Y como resultado de esta investigación, fueron desvinculados de la institución estos extrabajadores, y se presentó una querella criminal por tres delitos: fraude informático, lavado de activos y asociación ilícita”.

Hojman recalcó que “esto no tiene un impacto sobre los clientes”, y que “se activaron los seguros que corresponden” para salvaguardar el patrimonio del banco.

Asimismo, el máximo ejecutivo de BancoEstado aseguró que “desde que estos hechos se han identificado, se han tomado una serie de medidas adicionales orientadas a reforzar los sistemas y procesos, incluyendo que se restrinjan los accesos y que se multipliquen los controles, de modo de asegurar que esto no vuelvan a ocurrir”.

Añadió que “se ha actuado con mucha firmeza y rapidez, y tenemos clarísimo que uno de los problemas centrales está asociado con la confianza que millones de personas que viven en este país tienen en este banco, y la responsabilidad que tenemos nosotros y los trabajadores del banco para cumplir con esa confianza”.

Luego otros altos ejecutivos de BancoEstado fueron a entregar detalles sobre la cronología del caso. Explicaron que el 14 de junio inició el proceso de auditoría a conciliación contable. El 19 de julio en el marco de la investigación interna, declaró el extrabajador Aranda. El 24 de julio se presenta una denuncia criminal ante el Ministerio Público. El 26 de julio BancoEstado formalizó la denuncia a la compañía de seguros.

El 29 de julio BancoEstado puso término al contrato con el proveedor involcurado, S2S Chile S.A, y el 30 de julio se hizo el cobro de la boleta de garantía por unos $222 millones. El 30 de agosto se cierra la auditoría interna. El 2 de septiembre se presenta la querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. El 3 de septiembre se presenta un hecho esencial reservado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Allí detallaron que el fiscal a cargo de la investigación de alta complejidad es Marcelo Carrasco; y que la investigación está a cargo de la Bridec, habiéndose realizado ya diligencias investigativas y cautelares.