El 11 de noviembre del año pasado, el gobierno firmó un protocolo de acuerdo con los diputados y senadores de la oposición que integran la comisión especial mixta de Presupuestos para destrabar la tramitación del erario 2023.

El documento abordó siete capítulos distribuidos en 52 medidas concretas: inversión pública; seguridad ciudadana, emergencias y persecución del delito; políticas sociales; educación y salud; economía, agricultura y energía; transporte; y eficiencia, transparencia y mejor gasto público. Más en detalle se especificaron temas relacionados con la agilización de la inversión pública, con transparencia y programas sociales y, particularmente con temáticas de seguridad ciudadana. En concreto, se establecen materias como el envío de una ley corta para ampliar la cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), el rediseño del Registro Social de Hogares (RSH), la presentación trimestral de la ejecución de los recursos destinados al Plan del Crimen Organizado junto con el compromiso de identificar e informar las obras a ejecutar dentro del Plan de Infraestructura del MOP.

Ahora que se acerca la discusión del proyecto de ley de Presupuestos 2024, la pregunta que comenzó a rondar es cuál ha sido el estado de avance de este protocolo firmado el año pasado y si se han ido concretando los temas que se acordaron en ese texto.

De acuerdo al último balance que realizó Hacienda junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) al primer semestre, de las 52 medidas comprometidas durante la discusión del erario público se han cumplido 30. De las restantes, 21 se encuentran en desarrollo y una está pendiente de iniciarse. Así, el balance arroja que el 58% de lo acordado en el protocolo ya se cumplió.

De acuerdo a Dipres, esta información será actualizada en el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer trimestre, que se presentará al Congreso la primera semana de octubre. No obstante, afirmaron que “se debe tener en cuenta que varias acciones consideradas ‘en desarrollo’ son de implementación permanente, como el Comité de Seguimiento a la Inversión Pública”.

En materia de inversión, el informe de la Dipres destacó que uno de los compromisos fue fomentar la inversión pública durante este año. Al momento de presentar el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, el comité de seguimiento a la inversión pública había sesionado cuatro veces, y al cierre de junio totalizó siete sesiones, en las que se ha revisado la cartera de Educación, Obras Públicas, Deportes, Salud, Vivienda, Transportes, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI). Otro avance que destacan es el que registraron las Oficinas Piloto de la Comisión Nacional de Riego, ya que se definió que la habilitación de oficinas comenzará el último trimestre de este año.

También en el acuerdo se fijaron temáticas de la política social. En esta área se concretaron 6 de 8 medidas. Uno de esos compromisos fue la ampliación en el acceso a la Pensión Garantizada Universal (PGU), el cual fue aprobado por el Congreso en enero de este año, y permitió aumentar en cerca de 70 mil personas el universo de beneficiarios de la pensión no contributiva. A ello se sumó que en marzo se constituyó la mesa de trabajo para mejorar el Registro Social de Hogares que en mayo comenzó a recibir propuestas, las que ahora están siendo analizadas por sus integrantes.

La Dipres mencionó en su análisis que, como puntos importantes de acuerdo, el patrocinio al proyecto de ley que establece nuevas fuentes de financiamiento a Bomberos, traspasando acreencias bancarias vencidas a su presupuesto. La iniciativa ya fue legislada e implica más de $19.000 millones adicionales para Bomberos. Resaltó también la mesa de trabajo para el fortalecimiento del Ministerio Público, en la que participó dicha institución, el Ministerio de Justicia y Dipres. Explican que, a raíz de este trabajo técnico, se hizo un análisis de la evolución de las cargas de trabajo de los fiscales y funcionarios del Ministerio Público, y se describieron los mecanismos de incentivo existentes y sus desafíos. “El informe fue enviado a inicios de julio al Congreso, y el próximo paso es el ingreso del proyecto de ley”, puntualiza la entidad. También relevan el trabajo que se hizo para apoyar el desarrollo de los Centros de Formación Técnica Estatales.

El senador y presidente de la comisión especial mixta de Presupuestos, Ricardo Lagos Weber (PPD), sostiene que el porcentaje de avance ya es mayor a lo informado al cierre del primer semestre. “En conversaciones con la Oficina Presupuestaria del Senado y la Dipres coinciden con fecha de hoy (22 de septiembre) que el cumplimiento está por sobre el 80%. Eso se verá refrendado el martes 3 de octubre cuando la Dipres emita el tercer informe de finanzas públicas en la comisión mixta de presupuesto”, puntualizó.

Para el senador Lagos, “desde hace un tiempo el protocolo de acuerdo se ha vuelto una herramienta muy necesaria para poder lograr los acuerdos y aprobar el presupuesto. Por lo mismo, es muy importante cumplir con esos compromisos. Soy optimista que se logrará un buen porcentaje de avance”.

Mientras que el senador RN, José García Ruminot, acotó que “durante la discusión presupuestaria van saliendo materias que requieren de nuevos estudios y de decisiones posteriores a la aprobación del proyecto de presupuestos. El protocolo se hace cargo de esas situaciones y de los compromisos que se suscriben. Es una herramienta útil”.

Opinión similar entregó la Dipres en ese sentido. “Considerando que el espacio para abordar propuestas dentro del proyecto de Ley de Presupuestos es limitado, el protocolo de acuerdo ha sido una buena herramienta para comprometer el trabajo del año en variados temas de gestión, a través de herramientas legislativas y administrativas”.

El diputado RN, Miguel Mellado, agregó que como oposición “le preguntaremos al gobierno “por qué razón no se ha avanzado en su totalidad, ya que si se firma un acuerdo se debe cumplir. Además, debemos revisar si las medidas que se han cumplido están de acuerdo a lo que como oposición esperábamos”.