El coronel de la Policía Nacional de Perú (PNP), Franco Moreno, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), en conversación con Pulso La Tercera detalló los últimos movimientos de la policía peruana para dar con el paradero de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, acusado en Chile de montar un esquema defraudatorio que provocó un perjuicio estimado en $30.000 millones al factoring controlado por el empresario Raimundo Valenzuela.

“Él había sido intervenido, nosotros lo habíamos intervenido en Pucallpa, pero un juzgado lo soltó. Hoy no lo han encontrado en Lima, estamos en eso. Vamos a ver qué hacemos para ubicarlo. Él está ahora requisitoriado acá en Perú y con alerta roja internacional. Está prófugo y la policía lo está buscando”, explicó Moreno.

El pasado 19 de junio, la Corte Suprema de Perú ordenó detener a Coeymans para su extradición a Chile. El ejecutivo enfrenta cargos por asociación ilícita, administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso, alteración de datos informáticos, acceso ilícito a un sistema informático y lavado de activos.

A la fecha, la policía peruana ha acudido al departamento que ocupaba Francisco Coeymans Ossandón en la zona de Barranco, en Lima, para lograr su detención, pero sus intentos han sido fallidos, pues este no está en la vivienda. Coeymans, por orden judicial, debía permanecer en el inmueble que compartía con su pareja, la ex Miss Perú 2019, Tiffany Yoko Chong.

Sin embargo, y pese a no ser ubicado por la autoridad en Perú, en paralelo Coeymans ha seguido con su ofensiva legal en el país vecino. Es así como este martes 2 de julio su abogado allá, Ricardo Gómez, interpuso una acción de habeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Huara. El recurso se dirige en contra de los jueces de la Corte Suprema de Perú: César San Martín, María del Carmen Paloma, Iván Sequeiros, Norma Carbajal y Saúl Peña,

Según dicho escrito, el nuevo domicilio de Coeymans es en calle Prolongación de Arequipa, Distrito de Huacho, provincia de Huara.

La acción se ampara en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Convención Americana de Derechos y en la Constitución Política de Perú. En su presentación, acusó una “grave afectación al derecho a la tutela procesal efectiva”, pues el mandato judicial que ordena su extradición, señala, “es carente de motivación”.

Previo a la presentación de este nuevo recurso de Coeymans, el abogado de Primus Capital, César Nakazaki, dijo a Pulso La Tercera: “Nosotros no participamos en las acciones policiales para su captura. Al no haberse entregado luego de conocer su defensa la decisión de la Corte Suprema, podemos deducir que hoy es prófugo de la justicia”.

El 12 de abril pasado, el Departamento Internacional de Búsqueda y Captura de Prófugos OCN Interpol Lima detuvo a Coeymans. Esto, luego de la resolución judicial del 3 de abril dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por la presunta comisión de los delitos de administración desleal, uso malicioso de instrumento mercantil falso, asociación ilícita, blanqueo de capitales, alteración de datos informáticos y acceso ilícito a un sistema informático.

Posteriormente, el 6 de junio, Coeymans presentó un escrito en el que solicitó “dejar sin efecto su renuncia al procedimiento de extradición simplificada” y presentó documentos acreditando su arraigo domiciliario: contrato de alquiler del inmueble donde residía en Perú, recibos de servicios y partida de matrimonio con su cónyuge peruana.

El 11 de junio, la Segunda Fiscalía Suprema Penal peruana solicitó que se varíe la medida de comparecencia con restricciones del exejecutivo, por la de detención preventiva con fines de extradición por el plazo de 10 meses.

El habeas corpus presentado este martes, consignó que “este pedido no fue trasladado a la defensa de Francisco José Coeymans Ossandón, vulnerando así su derecho de defensa”.

Señaló que “la Corte Suprema no ha tomado en cuenta que Francisco Coeymans, como parte del proceso de cese de prisión preventiva, entregó al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo sus dos pasaportes, el chileno y el belga. Esta conducta procesal no ha sido ni siquiera mencionada y, por lo tanto, no ha sido valorada por la Corte Suprema en la arbitraria decisión que es materia de esta acción de garantía constitucional”.

“En este caso, no se justifica de manera suficiente, concreta, clara y objetiva la existencia de algún motivo que acredite la existencia de un posible peligro de fuga, concluyendo únicamente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, solo desde la perspectiva de la pena probable, que hay peligro de fuga”, agregó.

“Si bien, el nivel de calidad del arraigo resulta importante al momento de determinar el peligro de fuga, para determinar tal nivel no basta con esgrimir argumentos especulativos basados en la pena probable a imponer, sino en conclusiones razonables obtenidas del análisis de datos y pruebas objetivas”, concluyó.