Desde el 26 de marzo de este año, el terminal portuario de Puerto Coronel se encuentra bloqueado. Según denunció la empresa, el acceso a sus operaciones se ve impedido por “personas que dicen estar actuando en representación de trabajadores portuarios eventuales”. Además, la empresa acusó que esta jornada dos buses con trabajadores de Puerto Coronel fueron atacados por individuos encapuchados en el trayecto al terminal.

“Los ataques se intensificaban al pasar los buses por pasarelas peatonales, luces rojas y en zonas de alto tráfico. Los autores se movilizaban muy organizadamente en camionetas, que seguían a los buses para intensificar los ataques”, denuncia la empresa.

Ante este contexto, Puerto Coronel también advierte que no han tenido respuesta de Carabineros. “La intensidad de estos ataques forzó a los buses a desviarse para buscar refugio en la Subcomisaría Lagunillas, en donde se pidió el auxilio de la fuerza pública, pero se encontraban atendiendo otros procedimientos”, agregó.

Sin embargo, los principales dardos de la empresa van en dirección de la autoridad de la zona designada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric: “Hemos solicitado a la Delegada Presidencial (Daniela Dresdner) en innumerables ocasiones que adopte las medidas necesarias para restablecer el orden público, desbloquear los accesos del terminal y resguardar la entrada y salida segura del puerto. Sin embargo, a más de 35 días de iniciado el bloqueo ilegal, no hemos recibido el apoyo de las autoridades”.

“Queremos manifestar públicamente nuestra protesta por la inexplicable pasividad de las autoridades frente a esta situación, que se prolonga ya por más de un mes y hacemos un llamado para que finalmente se dispongan las medidas necesarias para desbloquear los accesos al terminal de Puerto Coronel y restablecer el orden público y libre tránsito en el lugar”, cerró la firma en su comunciado.

Con la situación, 30 gremios, entre ellos, la Sociedad Nacional de Agricultura, Chile Transporte, Alimentos y Bebidas de Chile, Sonapesca y Corma, firmaron un comunicado donde declararon su rechazo hacia el tipo de manifestaciones presentadas, las que, como indican, producen trastornos en las cadenas logísticas asociadas a los procesos de exportación e importación de productos, además de afectar la competitividad, continuidad y confiabilidad de los servicios. Con lo anterior, advierten, se están generando pérdidas, que se siguen proyectando a futuro.

“Hacemos un llamado para que cesen este tipo de actos ilegales, y de este modo pueda retomarse el normal funcionamiento del sistema de transporte y las actividades que lo demandan en la Región del Biobío. En particular, solicitamos a las autoridades que tienen por misión velar por la seguridad, la libre circulación y los derechos laborales de quienes trabajan en la región que actúen con firmeza para permitir la regularización de la operación de la cadena logística regional”, declararon en el comunicado.