En 2022 la negociación para el reajuste del sector público no fue nada de fácil. Es que llegar a cubrir solo el alza inflacionaria que estuvo presente durante todo el año pasado era una cifra compleja para lograr un consenso. Un ejemplo de aquello es que el gobierno ingresó el proyecto de ley con un incremento salarial de 12% con el apoyo de 15 de los 16 gremios que integran la mesa del sector público.

Si bien esta mesa del sector público es coordinada por un representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y por ello, el propósito es lograr un consenso entre las 16 asociaciones, en la práctica el debate y la búsqueda de acuerdo por parte de Hacienda se tiene que dar con cada uno de ellos. Esto hace que la discusión año a año se extienda por varias semanas.

No hay todavía una fecha clara para comenzar formalmente esta negociación, pero lo habitual es que comience la segunda quincena de noviembre. No obstante, los representantes de los trabajadores ya comenzaron a evaluar propuestas de manera preliminar, las que empezar a definir esta semana.

El coordinador de la mesa del sector público, Carlos Insunza, sostiene que “se está trabajando en la propuesta, pero todavía nos falta afinarla y terminarla para presentársela al gobierno”. En ese sentido, anticipa que el jueves se reunirán las 16 organizaciones. En esta instancia cada uno debe llegar con una propuesta concreta tanto de la cifra propiamente tal como de materias sectoriales.

Insunza, quien también es vicepresidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) y consejero de la CUT, anticipa que la negociación de este año debería ser menos compleja que la del año pasado, dado que la inflación está más baja que en 2023. “Nuestra demanda parte de la recuperación plena del poder adquisitivo de los trabajadores, pero estamos todavía afinando la propuesta que se presentará al gobierno”, puntualiza.

Dos altos dirigentes reafirman esa visión que entrega Insulza, que apunta a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y por ello, la frase que más repiten es que el piso para comenzar a conversar con el Ejecutivo es la inflación acumulada entre noviembre de 2022 y noviembre de 2023. Hasta el momento las cifras oficiales publicadas por el INE llegan a septiembre. Si se considera noviembre de 2022 y septiembre de 2023, la inflación registra un incremento de 4,5%. Si a eso se le agregan las expectativas que tiene el mercado para octubre y noviembre de 0,3% respectivamente, la inflación acumulada llegaría a 5,1%. Ese sería el mínimo para los funcionarios fiscales. Por lo mismo, plantearán que el monto sea entre 2% a 3% sobre la inflación llegando a una cifra entre 7,1% y 8,1%.

Un conocedor de esta negociación reafirma que la propuesta irá en línea con recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso es fundamental y es el piso.

Otro dirigente argumenta que también se debe recuperarse del reajuste que se han obtenido durante los últimos años, lo que han sido incluso menor a la inflación acumulada en el periodo. Eso se debe recuperar. “Con los 2 a 3 puntos adicionales a la inflación no se logra recuperar, pero es un avance”, subraya.

El reajuste beneficia a unos 800 mil trabajadores directos e indirectos en el sector público y contempla diversas materias tales como, aguinaldos, pensionados, bono de invierno, entre otros.

En el marco de la negociación de fines del año pasado se acordó generar una mesa de trabajo para avanzar en la reducción de la jornada laboral durante 2023. Por lo mismo, este año esperan evaluar este trabajo que se ha ido desarrollando en distintas mesas de trabajo entre trabajadores y el Ejecutivo.

Quienes conocen este proceso, la principal razón de crear distintas mesas de trabajo apuntan a que la realidad entre los sectores de la administración pública es distinta entre cada uno de ellos. Por ejemplo, los trabajadores de la administración central tienen un estatuto administrativo, otro distinto para los funcionarios del poder judicial, otro el sector educacional y el sector salud. Por esta razón, cada uno tiene sus particularidades y probablemente cada uno tendrá su fórmula para avanzar en la reducción de la jornada laboral.

Otro de los temas que se revisará es el teletrabajo. En la ley de reajuste del sector público se estableció la posibilidad de que una vez levantada la alerta sanitaria -septiembre de este año- se implementaría un programa piloto para que el sector público pudiera mantener la modalidad de teletrabajo.

De acuerdo a lo que ha señalado el Ejecutivo, el teletrabajo como modelo se inició en el 2017, como experiencia piloto, alcanzando al año 2023 un total de 42 servicios públicos que han sido autorizados por sucesivas leyes de Reajuste para liberar del control horario de la jornada a un porcentaje de sus funcionarios, incluyendo tres servicios autónomos: Contraloría General de la República, Servicio Electoral y Consejo Fiscal Autónomo.

Luego, en la Ley de Reajuste del Sector Público de 2022-2023 se ha considerado autorizaciones por hasta dos años, garantizando que los servicios logren un adecuado proceso de aprendizaje teniendo a la vista la acumulación de experiencia en los procesos de implementación, evaluación, monitoreo y seguimiento. Plazo que se extendió a cuatro años a partir de 2023, según el artículo 67 de la Ley N°21.526 del año 2022, que autorizó a los jefes de servicios de 40 servicios públicos para eximir del control horario de jornada de trabajo hasta el porcentaje de la dotación máxima del personal del servicio que se fije por resolución de la Dirección de Presupuestos.

Ambos temas estarán en la mesa de negociación de este reajuste para comenzar concretar los cambios de manera permanente.